A dos meses de que se cumpla un año de que el régimen de excepción se instauró en El Salvador, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales siguen señalando que esta no es una estrategia para acabar con la violencia que se vive en el país y que, además, no es sostenible en el tiempo.
El régimen de excepción suspende derechos constitucionales de los salvadoreños, permite capturarlos sin orden judicial y que no vean a un juez en dos semanas para determinar si hay pruebas o no contra los señalados.
Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), dijo en entrevista en la radio YSUCA que “hay un retroceso en la protección de derechos humanos”, refiriéndose a que la población salvadoreña ha perdido varios de sus derechos desde la llegada del régimen de excepción. Esto ha permitido que surjan las capturas arbitrarias aún cuando las personas no han cometido ningún delito.
Para Santos, uno de los principales problemas es la falta de institucionalidad y la nula preocupación del Estado por garantizar los derechos humanos de la población. “Hemos visto cómo el poder se ha venido centralizando y eso por consecuencia va a tener la vulneración de derechos humanos”, destacó la especialista.
Santos hizo hincapié en la importancia de que el Estado cumpla con su obligación de proteger los derechos humanos porque hasta ahora no se han conocido mecanismos para que la población le preste la atención que se le debe de dar a sus derechos para conocerlos y ejercerlos.
Además, uno de los grandes problemas que expuso durante la entrevista fue que “no tenemos instituciones fuertes, saludables que puedan velar y realizar correctamente sus funciones”, por lo que los familiares de personas detenidas arbitrariamente no pueden tener la seguridad de que instituciones como la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos ejerzan de forma imparcial su trabajo.
El régimen de excepción tiene muchos efectos en la población. Por ejemplo, las mujeres que tienen un familiar detenido han sido obligadas a ejercer doble función, proveer a sus hogares pero también cuidar de la persona capturada y demás miembros de la familia.
La directora del IDHUCA expuso que “no vamos a poder vivir eternamente en un régimen de excepción”, porque es una medida que no es sostenible en el tiempo y tampoco debería continuar cuando en el discurso del gobierno se habla de un país menos violento.
“El Estado no se hace cargo de las vulneraciones a derechos que está cometiendo y tampoco se vislumbra de cómo se va a reparar”, afirmó Gabriela Santos, refiriéndose a que hasta ahora no se conoce de propuestas de medidas de reparación para todas las personas que han sido afectadas directa o indirectamente por el régimen de excepción.
Santos concluyó que el régimen de excepción no es una política pública, ni es una solución integral al problema de violencia en el país.