La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha informado que las fuerzas de seguridad de El Salvador han detenido a más de 1,600 adolescentes durante el régimen de excepción impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele y ejecutado por la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas del Ejército Nacional.
La medida se encuentra vigente desde finales de marzo de 2022 y ha sido prorrogada en siete ocasiones, extendiendo su implementación por más de 200 días. Un informe enviado a finales de julio de 2022, datos de ACNUDH consignan que, entre el 27 de marzo y el 16 de junio del mismo año, ingresaron a los centros de detención de menores un total de 1,624 menores y adolescentes.
Marleny, Anathalya, Candelaria y Evelyn son madres que comparten un mismo dolor: sus hijas son parte de esas adolescentes capturadas. Anathalya es, quizá, quien relata la historia más conocida: su hija fue detenida y perdió a su bebé dentro del centro penal en donde se encontraba detenida.
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Ella es madre de Karla G, quien fue sentenciada el viernes a pasar dos años en internamiento luego de que el Juzgado de Menores de Sonsonate la encontrara responsable del delito de agrupaciones ilícitas.
Karla y su madre residían en la lotificación Las Tablas.
A tan solo 10 minutos de ese modesto hogar, en el caserío El Flor, en el cantón Miralvalle, también fueron detenidas otro grupo de adolescentes que, según sus familias, no están vinculadas a nada que tenga que ver con las organizaciones criminales perseguidas durante el régimen de excepción, impulsado por los funcionarios de seguridad pública del gobierno de Nayib Bukele.
Las condiciones en las que viven las familias de las jóvenes capturadas, son un crudo reflejo de las desigualdades que enfrentan para acceder a derechos humanos fundamentales como vivienda, trabajo y educación. Algunas, incluso, no tienen acceso a servicios básicos como energía eléctrica y agua potable.
Las familias de todas las jóvenes detenidas comparten el común de no tener una vivienda digna. Viven en casas elaboradas a partir de láminas, adobe y paredes montadas con ladrillos desgastados. Vulnerables por donde se vea.
Algunas de las menores detenidas estudian y trabajan a la vez: lavan ropa de sus vecinos para obtener ingresos económicos y desarrollan otras actividades que contribuyan al sostenimiento de ellas y sus familias.
Es por ello que sus madres no terminan de comprender las razones detrás de su detención y los habitantes de la comunidad confirman que se trata de jóvenes inocentes.
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Evelyn, una de las madres, comenta que las oportunidades, en esas comunidades del occidente de El Salvador, son escasas y únicamente estudiar abre la posibilidad de alcanzar alguna alternativa que les permita salir adelante.
Sin embargo, el derecho a la educación sigue siendo un privilegio para la niñez y adolescencia de la zona. Quienes se aventuran en ese camino, deben hacer un esfuerzo enorme para dedicarle horas del día, que se restan de las formas de obtener ingresos y sostener las amplias necesidades de sus familias.
El caso de las jóvenes capturadas en el caserío El Flor se suma a las numerosas denuncias de vulneración a los derechos humanos que acumulan las organizaciones que ejecutan el régimen de excepción. El hecho de que militares hayan ingresado a las casas para capturar a las adolescentes, en palabras de Zaira Navas, jefa de Estado de derecho y seguridad de Cristosal, es una acción inconstitucional.
También hace énfasis en que el hecho que las capturas se realizaran a la una de la madrugada conlleva una falta a la intimidad de las familias y, en particular, de las jóvenes. “Esto pone en una situación de alto riesgo a las niñas que pueden ser víctimas de violencia sexual y verbal por parte de los militares. Obviamente estamos en una flagarancia violación a la LEIV (Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia)”, destacó la abogada.
Un futuro en pausa
Zaira Navas explicó, también, que las niñas y adolescentes de las comunidades, como en la que sucedieron las detenciones, tienen menos oportunidades de terminar sus estudios, de acceder a un trabajo o de desarrollarse profesionalmente. A ello se suma el estigma de haber sido capturadas por vinculaciones a agrupaciones ilícitas o cualquier delito que incorpore el régimen de excepción. En opinión de Navas, eso las coloca en una condición de mayor desventaja.
“No sabemos si fueron víctimas de tocamientos o de abusos sexuales, precisamente porque las autoridades que las han detenido a estas jóvenes no son las autoridades competentes ni están preparadas para esto”, relató Navas.
A raíz de las capturas las jóvenes ahora han tenido que poner en pausa sus proyectos para salir adelante. Según sus familiares, sueñan con poder superarse y encontrar un trabajo que les de las posibilidades para vivir en mejores condiciones. Sin embargo, el hecho de ser capturadas hace más complejo el camino en la construcción de los ideales de las adolescentes.
“A las niñas no les enseñan a tener un proyectos de vida y cuando llegan a las escuelas, les enseñan algo básico y esa oportunidad se detiene con una captura, la estigmatización nadie te la va a quitar”, añade Keyla Cáceres, defensora de los derechos humanos de las mujeres jóvenes y activista feminista.
Además, añade, no hay garantías de reinserción. “Estas niñas pierden todo, tiempo de estudio, desarrollo mismo de ellas. El Estado está descuidando a estas niñas y que podemos esperar, a futuro continuarán con el mismo círculo de violencia del que muchas quieren salir y no pueden”.
Salud emocional
La captura de una menor de edad puede tener efectos emocionales que podrían crear problemas en su desarrollo, sobre todo porque se encuentran en un momento decisivo de sus vidas. Para Amaranta Portillo, consultora en atención a víctimas de violencia, existe una crisis con relación a la atención de la niñez. “No hay una institución que esté velando por las menores”, dice.
Agrega que ellas están expuestas a diferentes tipos de violencia: psicológica, verbal, física y sexual, solo por el hecho de ser niñas. “En un país donde están suprimidas las garantías judiciales para esta población, no se sabe qué sucede con estas niñas allá adentro”.
Portillo menciona lo preocupantes que son las cifras de niñas que sufren una violación en El Salvador. “Las estadísticas son alarmantes, no puedo ni imaginar cómo estas niñas, privadas de libertad, donde no tienen la capacidad de defenderse, totalmente están en una situación de desamparo legal, sin tener una red de apoyo que les acompañe”.
Menciona que una de las grandes consecuencias serán las secuelas por la situación que han vivido. “Después habrán muchas niñas con estrés postraumático, ansiedad, depresión, sin contar la afectación del proyecto de vida que, para muchas, es la única forma de salir de su círculo de pobreza”.
Para la especialista, las capturas arbitrarias a menores en el área rural incrementa estos riesgos. “La condición económica de muchas niñas es precaria. Sus familias, muchas veces, no tienen ni para los paquetes básicos de higiene. La educación es limitada. En su nutrición hay varios factores que intervienen, que ponen en evidencia lo vulnerables que son nuestras niñas y cómo el Estado no les garantiza sus derechos ”.
Amaranta hace hincapié en que “desde el primer momento en que el Estado captura a una menor, queda en su responsabilidad garantizar que sus derechos humanos se cumplan, pero con tanta denuncia, queda claro que el Estado no está asumiendo esta responsabilidad como se debe. Es más, es quien las violenta y se jacta de ello”.
Además, lamenta la poca información que hay sobre niñas capturadas. “Hasta la fecha, no existe un desglose de capturados por edad, sexo, procedencia y más datos de importancia para analizar el fenomeno”, explica.
En manos de militares
Para Keyla Cáceres, defensora de los derechos humanos, que las autoridades ejerzan violencia contra las niñas no es algo nuevo. Reconoce que, desde siempre, los agentes de seguridad han abusado de las niñas y las mujeres.
Agrega que existen un sin fin de denuncias en las que no se hace nada. “Hay denuncias de niñas violadas a manos de militares y yo no veo preocupada a la primera dama por esas denuncias”, dice.
“Hemos normalizado tanto la violencia hacía las mujeres. Cuando se trata de justificar estas acciones, muchos lo ven normal, hay una impunidad de parte del estado hacia las niñas partiendo desde que no existen garantías judiciales. ¿Dónde vas a poner una denuncia con relación a estos casos de violencia?” cuestiona Cáceres.
Agrega que el estado está en la obligación de garantizar el bienestar de las niñez. “No sabemos cómo están dentro de los centros de detención, a las familias no les dan la información básica que deberían tener sobre sus familiares”, señala.
“Es una responsabilidad compartida, tanto desde la parte ejecutiva como desde la legislativa. Los diputados deben estar legislando a favor de las garantías de las niñas, que son la población más vulnerable en este rango de edad. El ejecutivo debe velar por la garantía de este cumplimiento.”
Además, lamenta que no exista una ley que proteja a la niñez por que existe una transición de una ley a otra: “la Ley Lepina proporcionaba esta herramienta”, dice y hace énfasis en que la Ley Crecer con Cariño es nueva y no tiene los mecanismos completos para su implementación, dejando desprotegidos a la niñez.