Elba Cañas está indignada con lo que está sucediendo en El Salvador, específicamente por las capturas arbitrarias, dice, que las autoridades están haciendo desde el pasado 26 de marzo, en el marco del régimen de excepción.
A Elba le capturaron a su hijo, Julio Alberto Caravantes Cañas, de 49 años. El pasado viernes enfrentó la audiencia de imposición de medidas en un juzgado especializado de San Salvador, tras lo cual fue enviado a prisión preventiva al penal de Izalco, departamento de Sonsonate.
Según Elba y otros familiares, Julio fue capturado a media mañana del 4 de abril, en la terminal de buses de San Marcos, mejor conocida como Terminal del Sur, cuando regresaba de desayunar para reanudar su trabajo como despachador de buses.
La señora asegura que su hijo no es terrorista ni pandillero, jamás ha estado detenido por ningún delito y por ello cree que es una injusticia que lo hayan capturado y lo señalen de terrorista y colaborador de pandillas.
“En San Marcos, capturamos a 5 terroristas por agrupaciones ilícitas, quienes delinquían en la colonia Cruz Roja. Se trata de: José Alexander Guevara Méndez, alias Sander. Óscar Alejandro Orellana Romero, alias Avestruz. Mauricio Ernesto Presa Martínez, alias Neto. Joseline Michelle Pineda Mancía, alias Joseline. Julio Alberto Caravantes Cañas, alias Beto. Estos sujetos trabajaban para una aplicación de servicio de transporte y colaboraban movilizando a los pandilleros después de cometer ilícitos. #GuerraContraPandillas”, escribió la Policía Nacional Civil (PNC) en su cuenta de Twitter el 4 de abril.
Minutos después de la captura, los policías le entregaron el teléfono de este a la esposa de Julio. “Todo policía o soldado con tres dedos de frente sabe que en el teléfono de un pandillero o terrorista podría haber muchas pruebas; si ellos estuvieran seguros de que julio es lo que dicen, no le hubieran entregado el teléfono a la mujer”, comentó un familiar del imputado.
Elba tenía la esperanza de que el juez ante quien su hijo fuera llevado, lo dejara en libertad. Pero no sucedió así.
A raíz de eso, Elba decidió escribirle una carta al presidente Nayib Bukele, de quien su hijo es admirador, según ella misma lo afirma y demuestra con imágenes de las redes sociales de Julio.
En la carta, Elba le dice que El Salvador está pagando caro las bolsas de alimentos y los 300 dólares que el gobierno dio en el 2020, durante la cuarentena por la pandemia de covid-19.
Elba recrimina que los policías están capturando a personas sólo por hacer números sin importarles que con eso dejan a familias, a hijos con temor y con hambre. “No piden documentos ni investigan, no les importa nada de los seres humanos, ya no tenemos respaldo de nadie”, escribió la anciana.
“Mataron el aprecio que teníamos los salvadoreños por nuestro presidente, ahora nos queda rogar a Dios que ve la justicia y la injusticia… Tome nota señor presidente, que los salvadoreños merecemos respeto porque unos andan en malos pasos pero otros no. La investigación ya en el penal es tiempo perdido y dinero gastado…” plasmó Elba en un manuscrito que también hizo llegar a El Diario de Hoy.
Elba asegura que como no tienen dinero para pagar un abogado particular, fue un abogado de la Procuraduría General de la República (PGR), quien representó a Julio en la audiencia judicial. La abogada de la Procuraduría les ha dicho que deben esperar seis meses para que Julio pueda ir a otra audiencia.
Mientras tanto, la Procuraduría les ha dado un largo listado de documentos que tienen que conseguir para poder demostrar que Julio no es pandillero. La mayoría de documentos, según la lista, tiene que ser autenticados o declaraciones juradas ante notario, por lo cual se tiene que pagar a un notario.
Otros familiares de Julio, que no quisieron identificarse, comentaron que la defensa técnica que los abogados de la PGR hacen a favor de los capturados en el marco del régimen de excepción prácticamente es nula, pues sucede que un defensor público tiene que ver el caso de hasta 80 detenidos.
“Quién puede creer que un defensor público va a defender realmente cómo se debe a 80 personas durante una audiencia”, se preguntó un familiar de Julio, que pidió anonimato para evitar represalias.