El Instituto de Derechos Humanos de la UCA, (Idhuca), señala que las reformas legales aprobadas por la Asamblea Legislativa el 30 de marzo del 2022 con el fin de "combatir la delincuencia" violan normativas internacionales sobre niñez.
Este miércoles, los legisladores aprobaron de forma exprés ocho propuestas que mandó el presidente Nayib Bukele para endurecer las penas contra "los delincuentes", entre estas se encuentra una reforma a la Ley Penal Juvenil para establecer que un menor podrá ser sometido a pena de prisión y que esta podrá ser hasta de 20 años.
A través de un comunicado emitido este 1 de abril, el Idhuca señala que tales modificaciones "solo profundizan el enfoque represivo de las políticas de seguridad pública, y con ellas se violentan principios básicos y derechos esenciales contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) de las cuales nuestro país es suscriptor".
Además, enfatiza que las enmiendas "concretan aún más las alteraciones a las garantías procesales de toda persona".
Denuncia que la institucionalidad encargada de aprobar el régimen de excepción que comenzó el 29 de marzo en el país, no ha explicado porqué esa es la única medida para enfrentar la problemática de la inseguridad.
Añade que tampoco se ha justificado como la suspensión de los derechos a la asociación y reunión, garantías judiciales y la inviolabilidad de la comunicación para toda la población ha propiciado la obtención de elementos incriminatorios contra las personas capturadas.
En ese sentido, el Iducha apuntó en que conforme al derecho internacional de los derechos humanos, las medidas del gobierno "vulneran derechos que no pueden ser disminuidos aún bajo regímenes de excepción".
También lamenta el elevado número de detenciones realizadas por los cuerpos de seguridad y las múltiples denuncias de abuso de poder en el marco de estas capturas.
Finalmente, exhorta a funcionarios públicos de todo nivel para que se abstengan de emitir mensajes agresivos, violentos, desinformantes y estigmatizantes en contra de personas e instituciones nacionales e internacionales, defensoras de derechos humanos, así como los mensajes que estigmatizan como criminales a todos los jóvenes que viven en zonas de pobreza.
"Se reitera el llamado a enfrentar el problema de la violencia social aplicando estándares de respeto a los derechos humanos y propiciando, al mismo tiempo, el diálogo respetuoso y con amplia participación de sectores diversos de la sociedad", concluyó el documento del Idhuca.