Analistas y abogados consideran que el discurso del presidente Nayib Bukele sobre la construcción de más universidades y menos cárceles en el país fue solo una promesa electoral para obtener apoyo político de la ciudadanía.
Los expertos señalan una incongruencia entre la ley aprobada por la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo para crear más penales y lo que dijo el mandatario salvadoreño en sus primeros discursos cuando anunció que iba a cerrar cárceles para abrir universidades y centros culturales en favor de la juventud.
Al respecto, el analista político y exdiplomático, Rubén Zamora, subrayó que esto no es lo único en lo que el mandatario hace lo contrario de lo que ha dicho con anterioridad.
“Lo triste de esto es que muchos salvadoreños votaron por Nayib Bukele para que ganara la presidencia, precisamente porque estaban muy molestos con los gobiernos anteriores o porque creyeron en lo que él les dijo”, opinó.
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“Un día es una cosa, pero al otro es lo contrario"
Añadió que Bukele “un día es una cosa, pero al otro es lo contrario. Hay demasiados ejemplos de esto ya”. Además, consideró que en ese entonces “le interesaba el apoyo político y ofreció el cielo, hoy está retrocediendo a antes de los Acuerdos de Paz en términos políticos y cerrando las posibilidades al desarrollo del país”.
“Esto es una prueba más del engaño que se le está haciendo al pueblo salvadoreño. Por ejemplo, prometió también acabar con la corrupción gubernamental y lo que ha hecho es abrir las puertas para que no sepamos lo que están robando la gente de su gobierno”, apuntó Zamora.
En ese mismo sentido opinó, el director Ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, quien dijo en una entrevista matutina que las palabras del presidente “era un discurso electoral”.
“El que ‘vamos a construir más universidades y menos cárceles’, era eso, un discurso electoral simplemente y la ciudadanía tiene que entender que a los políticos no les podemos creer ni la mitad de lo que dicen, porque ese solo fue un discurso político electoral para ganar votos y ganar apoyo”, enfatizó Escobar.
Escobar ve con buenos ojos que se construyan centros penales para bajar el grado de hacinamiento que se tiene actualmente, pero aclaró que “esto debe ir aparejado a políticas de seguridad pública, no solo de represión y castigo del delito, sino que de prevención”. Respecto a eso, enfatizó en la importancia de evaluar cómo se potencian actividades, acciones y entornos favorables para para que la juventud no cometa delitos y no ingrese a pandillas.
Incongruencia en el discurso de promesas
Wilson Sandoval, experto en temas de transparencia, planteó que “hay una incongruencia en el discurso de promesas y una deficiencia en materia de política pública de seguridad”. Recordó que como toda la información sobre esta última es reservada, “no podemos evaluar si las cárceles son una medida meramente reactiva o si son parte de un plan estratégico frente a la coyuntura”.
Sandoval ahondó en que “la ciudadanía, a pesar que alaba las medidas, no sabe a ciencia cierta la lógica de pasar de cerrar centros penales a construirlos”. “Sería tan diferente si el GOES rindiera cuentas de cómo pasamos de hablar de construir universidades a cárceles”, sostuvo.
Explicó que “esa diferencia debería ser la inclusión de la ciudadanía en el tema, como comunidad que sufre de violencia pero que perdería educación por cárceles”. Por todo esto, Sandoval enfatizó que “rendir cuentas sobre la política de seguridad mediante la LAIP nos permitiría saber entonces la lógica de esta Intervención”.
"No se prioriza el tema de prevención de la violencia"
Para Xenia Hernández, directora ejecutiva de Fundación DTJ, “es lamentable” el que “no se priorice el tema de prevención de la violencia, como ajustar que el presupuesto del Estado se valla más para temas de educación, de fortalecimiento en la juventud misma y no únicamente verlo de manera punitiva como creación de más cárceles”.
Una muestra del cambio de discurso del mandatario es que el 16 de abril del 2021 informó en su cuenta de Twitter sobre el cierre del Centro Penal de Sonsonate, Metapán y La Unión.
“Estos serán demolidos y construiremos infraestructuras culturales y educativas para nuestros jóvenes. Esto, junto con el cierre del penal de Chalatenango, nos permitirá llevar más oportunidades, pero también quitar estos obstáculos para la creación de nuevos polos de desarrollo”, señaló Bukele en esa ocasión.
Un año después, en lugar de construirse más casas de estudios para la formación profesional de jóvenes salvadoreños, se crearán más centros penitenciarios.
Abre la puerta a potenciales hechos de corrupción
Por su parte, Juan Pappier, Investigador sénior, División de las Americas, Human Rights Watch (HRW), también reaccionó a la recién aprobada ley para construir más cárceles y destacó que “cuando hay poderes discrecionales de contratación, eso siempre es una señal de alarma porque abre la puerta a potenciales hechos de corrupción”.
Por lo que aseguró: “vamos a estar siguiendo de cerca con atención para garantizar que aquí no se esté aprovechando esta construcción de cárceles para que se enriquezcan algunas personas a través de hechos corruptos”.
El representante de HRW expuso que se puede explorar muchas vías para terminar con las pandillas, pero “imponer penas desproporcionadas, llenar cárceles de personas en prisión preventiva no solo pone en entredicho las obligaciones en materia de derechos humanos de El Salvador, sino que es una herramienta que poco va a ayudar a las víctimas que quieren justicia por los abusos de los pandilleros”.
Al preguntarle si esto puede generar más odio y polarización, él respondió: “Es una pregunta empírica compleja y no se puede asumir una respuesta”. No obstante, indicó que esto “puede ir en distintas direcciones y es un poco temprano para llegar a una conclusión. Pero cuando uno tiene cárceles hacinadas, sin condiciones básicas sanitarias, sin capacidad de los guardias para atender a los reclusos eso siempre es un caldo de cultivo para abusos y violaciones de derechos humanos en las cárceles, y en muchos países esto también ha sido un caldo de cultivo para que los grupos criminales puedan reclutar fácilmente en las prisiones”.
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