A pesar de que el Gobierno de Nayib Bukele cuenta con herramientas legales como las escuchas telefónicas, este no pudo anticipar el alza de violencia de las pandillas durante el fin de semana pasado.
Así lo señaló a este medio la jefa jurídica de Cristosal, Ruth Eleonora López, quien opinó que los más de 80 asesinatos del pasado fin de semana “son una expresión de la incapacidad gubernamental, que teniendo herramientas tecnológicas y legales no fue capaz de advertir las acciones de los grupos criminales”.
Añadió: “pareciera que el objetivo de la inteligencia del Estado no es la lucha contra la criminalidad sino contener los flujos de información que exhiben la corrupción del gobierno"
Entre el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de marzo se registraron 87 muertes violentas, el pico más alto en lo que va de la gestión Bukele. Ante esto, él solicitó declarar estado de excepción y se suspendió por 30 días, que pueden ser prorrogables, los derechos de libre asociación, de inviolabilidad de la correspondencia, de la defensa ante una detención, además de extender el periodo de detención administrativa de 72 horas a un máximo de 15 días.