A Nayib Bukele no le gustan las voces disonantes. Tampoco disfruta de responder preguntas incómodas. Así lo ha demostrado durante los últimos tres años.
En su administración, ha habido un marcado retroceso en la libertad de expresión. Esta intolerancia a las críticas además coincide con otros signos autoritarios, como la concentración del poder, el bloqueo a la transparencia y la amalgama entre los intereses partidarios con el Estado en general.
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Quienes muestran una postura diversa a la del oficialismo se enfrentan a ejércitos de usuarios en redes –algunos reales, otros falsos– que les insultan, acosan y amenazan. Además, chocan contra las diatribas de funcionarios y en ocasiones del mismo presidente. Y algunos se han expuesto incluso a persecuciones y al uso del músculo del Estado en su contra.
El periodismo no ha corrido mejor suerte. En los tres años de gobierno de Nayib Bukele, ha habido un marcado bloqueo a la información pública, esencial para narrar a la ciudadanía la historia de un gobierno. Los periodistas también han sido impedidos de realizar su trabajo, han sido amenazados por funcionarios de gobierno y más recientemente se enfrentan a una reforma al Código Penal que les amenaza con cárcel si publican información que provoque “zozobra o pánico”. Esto último, según expertos, puede conducir a la autocensura.
Por si fuera poco, periodistas y críticos del gobierno denunciaron a finales de 2021 e inicios del presente año que sus teléfonos estaban siendo espiados con el software Pegasus, uno de los más invasivos en la actualidad. El fabricante de este software, la empresa israelí NSO, solo lo vende a Estados, por lo que hay fuertes indicios de que es el gobierno de Nayib Bukele quien espía a sus detractores o a quienes le hacen preguntas.
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A Nayib Bukele no le gusta la crítica, ni las preguntas, y parece estar dispuesto a actuar para evitarlas. Este es un peligroso legado de sus tres años de gobierno.
La promesa rota
Hace tres años y unos días, ante una abarrotada plaza Gerardo Barrios, Bukele ofreció un salto hacia el futuro, pasar la página de la historia y gobernar para todos.
En su discurso de toma de posesión, el presidente de apenas 38 años de edad, el primero de la posguerra en no provenir de los partidos tradicionales estrechó una rama de olivo a sus críticos. En la plaza, se ofreció tolerante y dispuesto a dialogar.
“A partir de hoy, no seré el presidente de los que votaron por mí. Tampoco seré el presidente de un sector, el presidente de un grupo, mucho menos el presidente de un partido político. Seré el presidente de todos los salvadoreños, de todos y cada uno de los salvadoreños. De los siete millones de salvadoreños que viven acá, y los tres millones que viven afuera; de los 10 millones de salvadoreños. Los representaré a cada uno de ustedes, a uno y cada uno de los salvadoreños diseminados por el mundo”, anunció Bukele.
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La realidad dista mucho de este compromiso. Tres años después, el presidente de la República y sus funcionarios han elevado el costo de oponerse, de cuestionar, de disentir, de hacer preguntas, de exigir rendición de cuentas.
El espacio cívico, es decir las libertades de expresión, de prensa, de acceso a la información y de libre asociación están hoy cercenadas por un gobierno que, utilizando herramientas de la modernidad, está calcando los más viejos e intolerantes autoritarismos.