Es claro que en los tres años de gobierno de Nayib Bukele la democracia está profundamente debilitada. Más aún, múltiples voces advierten de la instalación de un modelo autoritario en El Salvador.
Si bien los gobiernos anteriores encabezaron retrocesos en la institucionalidad y ejecutaron su poder sin transparencia y con claros indicios de corrupción, el declive democrático en esta administración presidencial es mucho más notorio. Nayib Bukele ha cruzado líneas que ninguno de sus antecesores se había atrevido a cruzar.
El modelo autoritario en El Salvador puede verse reflejado en al menos tres características principales. La primera es la consolidación del poder y el cierre de espacios democráticos. La segunda es el acoso constante a voces y expresiones críticas. La tercera es gobernar sin transparencia, de espaldas a la ciudadanía.
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En tres años también ha habido una creciente politización de los cuerpos de seguridad, un despliegue millonario de un aparato de propaganda dedicado a desinformar y posicionar una narrativa triunfalista del gobierno, acoso a opositores e indicios de alianzas oscuras del gobierno. Además, el gobierno se ha distanciado de la comunidad democrática internacional, la cual objeta, condena y rechaza constantemente sus abusos de poder. En respuesta y lejos de rectificar, Bukele les acusa de ser opositores y querer interferir en su gobierno. Los puentes se están quemando.
Ascenso democrático
Aunque resulte una obviedad, es importante recalcar que Nayib Bukele no ascendió al poder auxiliado por los fusiles, en un asalto violento de su cargo o mediante una manipulación del sistema democrático salvadoreño. Por el contrario, fue electo en las urnas, con más del 53% de los votos en primera ronda. El joven mandatario no solo derrotó a los actores de la política tradicional, sino que obtuvo más votos que todos sus contrincantes combinados.
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Es decir, su llegada a la presidencia contó con el apoyo de un gran número de salvadoreños. La gente compró su discurso, aceptó sus propuestas y eligió ser gobernada por Nayib Bukele y sus propuestas.
Por si esto fuera poco, dos años después, el apoyo al proyecto político del presidente fue refrendado en las elecciones legislativas y municipales. Si bien hubo irregularidades en los comicios (no desembolso del Fodes a las alcaldías, no entrega de deuda político y aprovechamiento del poder del Estado para fines proselitistas), la ciudadanía volvió a dar un apoyo mayoritario al proyecto político del oficialismo. De los 84 escaños posibles, Nuevas Ideas obtuvo 56. Es decir, mayoría calificada que le permite aprobar casi todos los proyectos sin tener que dialogar o debatir con nadie más.
Las reglas de la democracia llevaron a Nayib Bukele al sitio donde está.
Sin embargo, esta validación democrática no puede ser interpretada como un permiso para hacer todo lo que quiera y de la forma que le plazca. Para evitar aplanadoras, abusos escudados en mayorías pasajeras y persecución a minorías, El Salvador tiene una Constitución que sienta los límites dentro de los cuales debe ceñirse quien sea que ostente un cargo público. Es el equivalente a demarcar el terreno de juego y las reglas del mismo.
Y es esta misma Constitución la que le dice al presidente Bukele que hay normas democráticas más allá del voto. Que hay una separación de poderes. Que él es un presidente pasajero y no un monarca eterno y absolutista.
En resumen, la democracia no es el concurso de popularidad que habilita hacer todo lo que alguien desee. Es una serie de procedimientos para alcanzar cargos públicos y ejecutarlos haciendo únicamente lo que la ley permite. Y nada más.
Usar la democracia para destruir la democracia
El gobierno de Nayib Bukele, su círculo cercano y los diputados que le obedecen no han entendido los límites en una democracia.
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En tres años, ha habido actos notoriamente antidemocráticos que han provocado la alarma local e internacional. La militarización de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, el golpe a la Constitución al destituir a magistrados y al fiscal general el 1 de mayo de 2021, la remoción de cientos de jueces en septiembre de 2021 o la persecución de voces críticas han sido algunos de los puntos más bajos de la debacle democrática.
Pero también ha habido acciones menos visibles pero igualmente perniciosas. A cuentagotas se ha debilitado el aparato de transparencia en el país, capturando a las instituciones a cargo de garantizar que el ciudadano sepa qué se hace con sus recursos. Los legisladores oficialistas han aprobado decenas de leyes y decretos sin debatirlos, solo con la justificación de ser mayoría. El diálogo político se vacía. La democracia participativa se sustituye lentamente por una aplanadora que busca silenciar al que no aplaude.
Asimismo, el oficialismo ha utilizado herramientas que da la Constitución para afrontar una crisis, como el régimen de excepción, para avanzar su poder y su control sobre las personas. Nuevamente, usar las herramientas que contempló la democracia para socavarla lentamente. Los diputados de Bukele abusaron de su facultad de destituir funcionarios bajo causas legales para remover sin justificación a magistrados y un fiscal que incomodaban al gobierno. Y así sucesivamente, han abusado de facultades legales para cerrar espacios políticos.
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Pero el oficialismo no rectifica. Por el contrario, defienden el ataque a los límites legales. A estos últimos los consideran negociables o prescindibles toda vez que cuenten con el aplauso momentáneo de la ciudadanía. En numerosas ocasiones, los abusos de poder del oficialismo han sido justificados con el argumento de que la gente les dio el voto.
Como apuntaron los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro Cómo mueren las democracias, estas últimas “pueden morir no solo en las manos de generales, sino de líderes electos, presidentes o primeros ministros que subvierten el mismo proceso que los llevó al poder. Muchos desmantelan las democracias rápidamente (…). Más frecuentemente, sin embargo, las democracias se erosionan lentamente, con pasos difíciles de identificar”.
La democracia no es solo el voto
En el prólogo de la Carta Democrática Interamericana, el expresidente colombiano Humberto de la Calle manifestó la importancia de “un serio compromiso de los gobernantes con la democracia, no ya en su versión minimalista electoral, sino con un concepto amplio que toca todos los aspectos de la dignidad humana como eje central de su concepción”.
Es decir, no basta con ser electo democráticamente, hay que gobernar democráticamente. Respetando la ley y sus límites. Honrando el balance de poderes. Rindiendo cuentas a la población. No pretendiendo quedarse en el poder un día más del que la ley permite.
La misma Carta Democrática Interamericana, el instrumento hemisférico que busca defender la institucionalidad, establece en su artículo 3 que son “elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Es decir, la democracia va mucho más allá de la celebración de elecciones.
A tres años de la presidencia de Nayib Bukele, el aplauso a sus políticas sigue siendo amplio. El mandatario sigue siendo popular. Pero sus abusos de poder son inexcusables y están a la vista del ciudadano. Ninguno de estos se justifica con su popularidad o sus resultados electorales. Por el contrario, las democracias están diseñadas para protegerse a sí mismas de personajes que las buscan socavar.
Están diseñadas para cuidarse, hasta cierto punto, de sí mismas y de sus herramientas.