A dos años de que el partido oficialista Nuevas Ideas ganara la mayoría en la Asamblea en las elecciones del 28 de febrero de 2021, hay promesas de campaña que se fueron quedando en el camino. Una de ellas es la de gobernar con transparencia y rendir cuentas del uso del dinero público; la de aprobar una ley de reparación para las víctimas del conflicto armado y bajarse los salarios como diputados, entre otras iniciativas que abanderaron antes de llegar al Órgano Legislativo.
Faltan casi dos meses para que el partido del presidente Nayib Bukele cumpla dos años de tener bajo su control mayoritario a la Asamblea junto a sus aliados: PCN, PDC y GANA y, a la fecha, la rendición de cuentas no existe; al contrario, el partido oficialista a petición del Ejecutivo ha ido cerrando todas las puertas de acceso a la información pública, poniendo en reserva hasta por 7 años información oficiosa y reformando la Ley de Acceso a la Información Pública a su antojo.
“Dijeron que iban a rendirle cuentas a la población y que iban a apoyar una CICIES y terminaron colocando absolutamente todo como información reservada y cerrando la comisión cuando comenzaron a señalar los actos de corrupción, especialmente actos de corrupción que se hicieron durante la pandemia, incluso, hay diputados de esta Asamblea de su bancada (cian) que hicieron dinero a raíz de la pandemia”, cuestionó la diputada Marcela Villatoro, de ARENA.
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Además, han aprobado nuevas leyes como la de Compras Públicas para sustituir a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), y así evitar cualquier control del uso que el gobierno está haciendo de los fondos estatales. “En vez de crear leyes solo han copiado y pegado, modificando únicamente lo que les conviene, un ejemplo de ello es la Ley de Compras Públicas, porque supuestamente es nueva, pero solo modificaron para no dar cuentas, para que las licitaciones públicas se autoricen sin mayor problema a sus amigos dueños de empresas”, afirmó Villatoro.
El 24 de febrero de 2021, a pocos días de que Nuevas Ideas obtuviera la mayoría en la Asamblea, 56 de 84; en las alcaldías, 153 de 262; y en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), 14 de 20; el actual presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, alegó que la Corte de Cuentas de la República sería reformada en la presente legislatura.
“Tenemos una Corte de Cuentas que le ha dado finiquitos a personas que están presas ¿qué contraloría es esa? La Corte de Cuentas es algo que tenemos que reformar completamente, que de verdad controle, porque lo que ahí hay es un ente político que responde a intereses de políticos”, afirmó Castro cuando aún era candidato, según una publicación del periódico estatal del 24 de febrero de 2021.
Cristosal ha puesto a prueba a la Corte de Cuentas y a la Fiscalía, para que investiguen una posible “defraudación a la economía pública” a través de la implementación de la billetera digital “Chivo Wallet”, con la entrada en vigencia del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador desde el 7 de septiembre de 2021, al que se han destinado millones de dólares del dinero de los salvadoreños.
No obstante, a la fecha ni la Corte de Cuentas ni la Fiscalía han informado si hay resultados de las indagaciones. Para Villatoro, “la corrupción se ha institucionalizado”, al existir un control total del gobierno en la Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas, Fiscalía, Procuraduría General de la República y de Derechos Humanos.
Sin ley para reparar a víctimas de la guerra
El 30 de septiembre de 2021, los diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos iniciaron el estudio para construir una ley que repare los derechos a las víctimas del conflicto armado; sin embargo, a casi dos años de ese arranque la comisión no ha emitido ningún dictamen favorable en ese sentido.
Según información publicada en el sitio web de la Asamblea, en lo que va de la presente legislatura, dicha comisión ha realizado 33 dictámenes, de los cuales, 1 fue para mandar al archivo 33 expedientes que estaban pendientes de estudio de la anterior Asamblea, otro más de archivo negando un indulto, y el resto, 31 en total, fueron dictámenes negando el perdón a reos condenados.
La anterior Asamblea aprobó una Ley de Reconciliación que fue vetada por Bukele. Según el mandatario esta pretendía continuar manteniendo en la impunidad a los autores de los crímenes y no garantizar los derechos de las víctimas de la guerra. “No era prioridad el tema de los derechos humanos, sino seguir protegiéndose y continuar en la impunidad. Hablar de la historia es darle la dignificación que el pueblo se merece, sobre todo cuando ha sufrido tanto. Queremos hacer (esta ley) de la manera más responsable, inmediata y completa”, afirmó en ese entonces, la diputada presidenta de la comisión, Rebeca Santos.
A casi dos años de su cuestionamiento, la comisión presidida ahora por ella sigue sin cumplir con el fallo de la Sala de lo Constitucional de 2016, la cual ordenó a la Asamblea legislar con estándares internacionales y parámetros constitucionales sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
No se redujeron los salarios
A pocos días de haber tomado las riendas de la Asamblea, Castro justificó que no se redujeron los salarios, pero sí los bonos y otros beneficios que tenían, y que tal vez más adelante podrían ver la posibilidad de bajar el monto de los sueldos que ganan los parlamentarios.
Según la Ley de Salarios del Órgano Legislativo de 2023, los legisladores siguen contando con beneficios adicionales a su salario. El documento publicado en el Portal de Transparencia de la Asamblea, dice que un diputado que no pertenece a la Junta Directiva, tienen un salario nominal de $2,311.43, pero recibe adicionalmente $800 para gastos de representación y $914.29 para transporte y comunicación, haciendo un total de $4,025.72 mensuales.
Los coordinadores de grupo parlamentario y los de la Junta Directiva son los que más ganan. Su salario ronda entre $4,854.30 a $5,871.72 mensuales. Este último es el salario del presidente de la Asamblea. El monto va incrementando de acuerdo al cargo que tienen en la Directiva, así como la cantidad destinada para gastos de representación, de transporte y de comunicación. “Por el momento, los sueldos del cien por ciento de los diputados se mantienen. Se va a considerar si fuera necesario (reducirlos), pero ya nos hemos quitado los bonos, los viajes, el tema de los carros, de los seguros médico hospitalarios”, aseveró Castro el 14 de mayo de 2021.
De los viajes que han realizado al exterior se conoce poco, ya que es información reservada por la actual legislatura hasta 30 días después de finalizada la misión. Según el Reglamento Interno de la Asamblea, los diputados deben rendir un informe a la Directiva de lo que fueron a hacer en el viaje, pero las actas de esa instancia no son públicas, pese a que la Ley de Acceso a la Información en su Art. 10 dice que deben ser divulgadas.
“Se informa que dentro de las facultades otorgadas a la Asamblea Legislativa a través de la Constitución y el Reglamento Interior de la Asamblea no se establece que la Junta Directiva de esta institución deba elaborar actas de sus reuniones ordinarias y extraordinarias; por lo tanto dicha institución no genera este tipo de información”, reza el documento del 14 de febrero de 2023 actualizado, ya que se ha declarado “inexistente” desde que Nuevas Ideas está en la Asamblea.