La comunidad internacional debe conocer, en el próximo Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra, Suiza, que el Estado de El Salvador no ha dado pasos concretos para brindar justicia y reparación a las víctimas de crímenes cometidos en el conflicto armado que desangró al país, entre 1980 y 1992. Esa es una de las principales metas del informe presentado por organizaciones civiles hacia el EPU de enero 2025, según explicó Juan Carlos Sánchez, de la Fundación para un Debido Proceso.
Dicho informe fue elaborado por la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, "una articulación de organizaciones que viene trabajando por los derechos humanos, algunas incluso antes del conflicto armado", dijo Sánchez, para "reivindicar a las víctimas de esas atrocidades cometidas".
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El informe a Naciones Unidas señala, "primero, la ausencia de una ley de justicia transicional, que fue ordenada por la Sala de lo Constitucional en julio de 2016, y que a la fecha no se ha cumplido, sentencia que eliminó la amnistía de 1993", explicó Sánchez.
Por lo tanto, los crímenes cometidos durante la guerra, tanto por el Ejército como por la guerrilla, no deben quedar en la impunidad.
El periodista y abogado detalló que en los últimos años se ha entregado al menos tres proyectos de ley a sucesivas composiciones legislativas, sin respuesta.
Las propuestas entregadas incluyen "un cuerpo jurídico bien robusto, porque retoma los estándares internacionales en justicia transicional", pero "siempre el resultado ha sido el descrédito hacia la lucha que impulsan las familias, y ninguna acción positiva de parte del Estado", subrayó Sánchez.
El segundo aspecto destacado ante la ONU es "el adormecimiento de las causas penales del conflicto armado", causas que "se vienen dilatando, cambiando jueces o impulsando acciones infructuosas de parte de la Fiscalía, de manera que estos juicios no concluyan con el castigo a los perpetradores y la reparación a las víctimas".
Sánchez remarcó que "tenemos más de 40 años de graves violaciones que ocurrieron en el conflicto armado, y hasta el momento no hay ningún funcionario, militar o civil, condenado por esos procesos. Sí hay causas iniciadas, pero van a paso lento", por lo que la comunidad internacional deberá tomar nota en enero 2025, durante el EPU, en Ginebra.