Como un estudiante que debe presentar cómo hizo su tarea ante un profesor, el Estado de El Salvador participará el 20 de enero próximo en Ginebra, Suiza, en el Examen Periódico Universal (EPU), el cual se ejecuta cada cuatro años y que sirve para medir cuánto ha avanzado -o retrocedido- cada país miembro, de acuerdo a recomendaciones hechas por el resto de naciones que forman parte de Naciones Unidas.
En este marco, el Gobierno salvadoreño ya presentó su informe a la Organización de las Naciones Unidas (ONU); pero el EPU se abre también a recibir otros aportes, con otras miradas nacionales e internacionales, para entender realmente qué ocurre en cada país. Ese examen completo espera al Estado salvadoreño en ese enero 2025.
Para el caso, 35 organizaciones de la sociedad civil han aprovechado este cuarto EPU para presentar desde julio informes a la ONU; informes que señalan, unánimemente, que El Salvador ha tenido un severo retroceso en materia de derechos humanos desde el último EPU, que fue en 2019, año en que inició el primer Gobierno con Nayib Bukele como presidente.
Un resumen de estos informes, 16 en total, fue presentado este lunes ante medios de comunicación y la ciudadanía en general.
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Juan Carlos Sánchez, de la Fundación para el Debido Proceso e integrante de este grupo de iniciativas, detalló que "estamos dando a conocer cuáles son los informes que como sociedad civil hemos enviado, para que sean considerados como los insumos que se debe tomar en cuenta en esas recomendaciones que el Estado va a recibir" y, de alguna forma, contrarrestar la maquinaria propagandística del Gobierno, explicó Sánchez, que busca extender la idea de que otros países deberían replicar el "modelo Bukele".
"Dadas las condiciones políticas, sociales y económicas del país, la sociedad civil se movilizó mucho más" en El Salvador, dijo Sánchez, para presentar informes a la ONU en siete ejes: seguridad y estado de excepción; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; justicia transicional y memoria histórica; personas defensoras de derechos humanos; niñez y adolescencia; derechos de personas LGBTIQ+; y Educación superior.
Retroceso
"Ha existido un retroceso generalizado en temas de derechos humanos, desde temas medioambientales, personas LGBTI, en seguridad, en justicia transicional, en personas defensoras. Es lamentable ver cómo nos vamos acercando a un cuarto ciclo del Examen Periódico Universal, donde ha existido un retroceso en lugar de avance. Esperamos que pueda existir esta evaluación correcta entre pares, que es el objetivo del EPU, para hacerle ver a El Salvador esos retrocesos, y que necesita cumplir con todos los estándares y con toda la obligación que tiene a nivel internacional", dijo Gabriela Santos, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (IDHUCA).
Para Santos, "la situación del país tiene a la base la falta de independencia, de imparcialidad, y que los órganos (del Estado) no están haciendo realmente su labor de control. Sin esos presupuestos, no hay ninguna garantía para poder cumplir ningún derecho. Sin una Sala de lo Constitucional, ni una Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos… en general, si las instituciones no realizan su labor constitucional o legal, vamos a estar siempre en esta situación, donde los derechos se están irrespetando de manera cotidiana".
La representante de la UCA recordó que "en el examen pasado (2019), todo estaba más bien vinculado en seguridad a la situación de pandillas, sin embargo, aun cuando los homicidios se han reducido, tenemos otras vulneraciones en este contexto, perpetradas por el Estado salvadoreño, debido a la suspensión de garantías constitucionales, a reformas legales, y en general lo que ha provocado toda la situación de personas privadas de libertad en este momento".
En el apartado de seguridad, las organizaciones exponen a la ONU en el marco del EPU, que la presencia militar en tareas de seguridad se ha duplicado entre 2019 y 2022, sumando más de 20,000 militares en apoyo a la Policía. Además, la implementación del estado de excepción por 31 meses, suspendiendo garantías constitucionales y acompañado por una serie de reformas legales contrarias a estándares internacionales, ha provocado la detención de más de 82,000 personas y saturado el sistema penitenciario, siendo la tasa más alta a nivel mundial, y que ha conllevado a que el 2.5% de la población adulta se encuentra en prisión.
Ante esta situación, las organizaciones civiles participantes en este esfuerzo en el contexto del EPU, han presentado a la ONU tres recomendaciones que el Estado salvadoreño debería acatar.
La primera recomendación es "garantizar el derecho a la seguridad de la población, dando prioridad a la judicialización de los responsables de críemes violentos y la debida reparación a las víctimas, al igual que garantizar el debido proceso a las personas detenidas y disponer la liberación de quienes han sido detenidas sin evidencia creíble".
"La cantidad de personas detenidas en este contexto no implica que exista justicia, y menos reparación para las víctimas", comentó Santos.
Esta recomendación abarca "garantizar el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia, a la representación legal de todas las personas detenidas y el acceso a servicios de defensa pública de calidad, lo que implica derogar medidas especiales del estado de excepción y las normas contrarias a estándares internacionales de protección de derechos humanos".
Como segunda recomendación está "garantizar la aplicación de las Reglas Mandela a las personas privadas de libertad, así como el derecho a la salud y alimentación adecuadas; el acceso a la información a través de un registro público único sobre las personas detenidas; adoptar medidas de resguardo y/o alternativas a la detención, según criterios diferenciados de interseccionalidad y de género, y que se levante la restricción generalizada de las visitas familiares y de defensores".
Finalmente, recomiendan al Estado salvadoreño "garantizar la prevención e investigación, pronta e imparcial, sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos, incluyendo las muertes bajo custodia del Estado, las detenciones arbitrarias e ilegales, las desapariciones forzadas, los casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Para ello se recomienda la creación de un mecanismo de contraloría externa e independiente que proporcione insumos para tomar medidas efectivas para prevenir y sancionar a los responsables, así como la reparación y garantías de no repetición para las víctimas".
Como reflexión final sobre este punto, Santos expresó que "no solamente es detener a personas, sino en general, poder considerar a las personas detenidas de manera arbitaria e ilegal como víctimas de un actuar que ha sido totalmente transgresor de derechos humanos por parte del Estado, y su respectiva reparación".