Jóvenes en prisión, niños y niñas huérfanos, falta de acceso a personas capturadas en prisión, migración forzada: los efectos que tiene el régimen de excepción en El Salvador, desde su instauración en marzo de 2022, han sido recopilados por la Red para la Infancia y Adolescencia de El Salvador (RIA), para presentar un informe a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dentro del Examen Periódico Universal (EPU).
El EPU es una rendición de cuenta entre países miembros de las Naciones Unidas, que se hace cada cuatro años y que tendrá su próxima audiencia en Ginebra, Suiza, el 20 de enero de 2025.
En esa instancia, bajo la mirada del resto de naciones, el gobierno de El Salvador presentará sus propios datos sobre el estado del país; pero para tener una mirada distinta a la oficial, la ONU abre espacios para que las organizaciones de cada nación miembro presente datos, y en esa dirección que la RIA ha recopilados hechos y cifras que, confía, deberán despertar alerta y preocupación en la comunidad internacional.
Georgina Villalta, gerente general de RIA, detalló en conferencia de prensa este lunes, junto a otras organizaciones civiles, que hicieron una amplia consulta nacional entre niños, niñas y adolescentes, quienes hablaron de los temas que más les preocupan, donde resaltó la desprotección en que se perciben por consecuencias del régimen de excepción.
Por ejemplo, "al 27 de febrero de 2024, según el ministro de Justicia y Seguridad Pública, se había detenido a más de 1,194 adolescentes por presunta participación en grupos delincuenciales, de estos 1,065 ya habían sido condenados. Según Cristosal (oenegé proderechos humanos), 261 personas adultas y cuatro niñas y niños han muerto bajo custodia estatal entre 2022 y 2024", detalla el informe de la RIA.
Como consecuencia, "estas muertes, a su vez, han dejado al menos a 176 hijas e hijos en orfandad, mientras que el encarcelamiento masivo pone en alguna modalidad de abandono a un estimado de 62,022 niñas, niños y adolescentes", quienes además sufren completa desinformación de qué pasa con sus padres, madres o personas encargadas en prisión, y tampoco pueden visitarles.
Así mismo, la RIA expone preocupación por "el debilitamiento del sistema de justicia juvenil: el 30 de marzo de 2022 se reformó la Ley Penal Juvenil, con lo cual adolescentes de 12 y de 16 años pueden recibir condenas de 10 y 20 años de prisión", acciones que "son contrarias a la Convención sobre los Derechos de la Niñez", recuerda la organización salvadoreña, en el caso de "delitos de agrupaciones ilícitas, organizaciones terroristas y los relacionados a drogas" donde hay menores de edad involucrados.
Villalta lamentó que "no hay acceso a cifras oficiales. Esto es un problema fuerte, porque nos basamos en términos de investigaciones y estudios, en las diferentes organizaciones de la sociedad civil, ya que no podemos tener una línea de base y poder medir con exactitud", ante la falta de información completa y oportuna por parte del Gobierno salvadoreño.
Embarazos y migración
Para la RIA, en el último ciclo de la EPU, entre 2019 y 2024, es alarmante que "cada día hay 28 niñas y adolescentes embarazadas, solo de enero a junio de 2024 se había inscrito 4,024 embarazos en niñas y adolescentes de 10 y 19 años" en El Salvador.
Villalta lamentó a su vez que "como respuesta a nivel gubernamental tenemos que se ha retirado del sistema educativo todo material relacionado a la educación en salud de los derechos sexuales y reproductivos"; y el informe critica que "pese a las regulaciones establecidas en la Política Crecer Juntos 2020-2030, en la Ley Crecer Juntos y la Estrategia de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2017-2027, en la práctica no se cumplen.
Toda esta mezcla de problemáticas alrededor de la niñez y adolescencia ha provocado un éxodo de personas salvadoreñas de estas edades hacia Estados Unidos. Como muestra, la RIA recopila que "según cifras del Gobierno de México, hasta julio 2024 se reportaron 2,272 casos de personas menores de edad de origen salvadoreño detenidas por intentos de migración irregular", un número que indica una tendencia al alza, ya que "en todo 2023, la cifra reportada de casos fue de 2,095", según datos oficiales mexicanos.
Villalta señaló también que hay niños, niñas y adolescentes migrando "por la crisis climática, hay un desplazamiento forzado".
Ataques a personas defensoras de derechos humanos
Para Alejandra Burgos, de la Mesa de Derecho a Defender Derechos, es importante que en la EPU la comunidad internacional dimensione cómo, en El Salvador, las personas que defienden los derechos humanos son víctimas de ataques, estigmatización y actos de violencia.
"Entre el año 2020 y 2022, con datos que se han publicado desde la Red Salvadoreña de Defensoras y en la Mesa por Derecho a Defender Derechos, contabilizamos al menos 1,176 agresiones que se han cometido contra defensoras en este periodo; contra periodistas contabilizamos al menos 498 agresiones, lamentablemente en la mayoría de los casos se identifica que son autoridades públicas los perpetradores" de estas agresiones, detalló Burgos.
Para esta organización civil, es preocupante cómo en El Salvador se ha ido construyendo "un contexto de uso del sistema de justicia para criminalizar y detener arbitrariamente a personas defensoras, a liderazgos comunitarios. Hay siete casos que ha documentado MILPA (Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador); sabemos del caso de los defensores ambientalistas de Santa Marta, que continúan siendo criminalizados, a pesar de que ya tenían una carta de sobreseimiento, su caso se ha reabierto", ejemplificó Burgos.
El escenario que debe considerar la ONU, para la Mesa, es que en nuestro país "hay una constante de ataques contra operadores de justicia. El Salvador no cuenta con un marco normativo que reconozca y que legitime la labor de las personas defensoras de derechos humanos. La Mesa de Derecho a Defender Derechos presentó una propuesta de ley en 2018, que fue archivada el 30 de mayo de 2021 sin ningún tipo de discusión o análisis, como ha sido la costumbre en los últimos años".
En la línea de cuantificar acciones contra personas defensoras de derechos, la Mesa registró entre 2020 y 2022 "al menos 40 insultos diarios en la red social X y cerca de 50,000 visualizaciones diarias de estos ataques. Lamentablemente casi el 60% de estos ataques son expresiones de violencia en razón de género".
Finalmente, Burgos expresó que "vemos con preocupación cómo el cierre de espacios cívicos, espacios de diálogo, es una constante y cómo se generan estos ataques reiterados a la libertad de expresión. Hay algunos ejemplos de hostigamiento, como los recientes allanamientos hacia periodistas, que incluso se les ha decomisado sus dispositivos móviles sin ningún tipo de información sobre el delito que se está investigando", en relación a lo ocurrido con la periodista comunitaria Mónica Rodríguez, de Bálsamo TV.
En este caso, "lamentablemente lo que se ha denunciado este fin de semana, es que esos dispositivos que están en resguardo del Estado, están siendo utilizados para hacer seguimiento a redes sociales de las cuentas de estos periodistas que han sido allanados", lamentó Burgos, sobre hechos que la comunidad internacional debe considerar en el EPU en 2025.
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