Maribel, Wendy y Rufina pagaron $240 por un taxi que las trajera desde el cantón Jiote del municipio de San Alejo, La Unión, hasta el penal de Izalco, en Sonsonate. Todo para saber la condición legal de sus parientes que fueron arrestados en la mañana del sábado bajo cargos que aún desconocen.
Uno de ellos es Óscar Amaya, de 22 años de edad, quién, como todos los días, salió a las 3:00 de la madrugada a trabajar como conductor de camión de un salitre en San Alejo. Tres horas más tarde él iba en su segundo viaje cuando un grupo de policías le hicieron la parada para arrestarlo sin darle mayor explicación, según comentó su hermana Maribel.
En esa misma redada está el hijo de Rufina, José Francisco Guzmán, de 29 años, primo de Óscar. Ella explicó que el único sostén y que se siente angustiada debido a que nunca había pasado por esto. Las tres mujeres vinieron a un lugar desconocido y se aventuraron guiándose solamente a través del GPS del celular.
Ellas nos son las únicas que buscan a sus parientes entre los más de 5,000 detenidos bajo el régimen de excepción decretado por Nayib Bukele desde el 27 de marzo. En San Alejo hay muchos más como José y Óscar, pero fueron estas mujeres las que decidieron arriesgarse y endeudarse para tener noticias.
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Cuentan que tras conocer del arresto de los jóvenes, se apresuraron para prestar dinero y rentar un taxi que las trajera hasta la pluma del penal de máxima seguridad de Izalco, de ahí ya no pasaron y las palabras del policía que los atendió no fueron esperanzadoras.
"Es muy difícil porque es un lugar (Izalco, Sonsonate) que no conoce, pero por la familia uno hace lo que sea (...) Salimos a las 7:00 de la mañana y anduvimos todos perdidos, ha sido muy difícil llegar aquí para tener información", dice Maribel momentos después de hablar con el policía que resguarda el primer retén antes de subir a una pendiente que lleva al complejo del centro penitenciario conocido por resguardar a criminales de la pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13).
Fueron más de 256 kilómetros, sin contar las dos horas de camino del centro de San Alejo desde su casa en el cantón El Jiote. "El taxi nos va a dejar hasta el pueblo de ahí hay que pagar otros $20 que nos lleve hasta la casa; a ver si encontramos porque no sabemos la hora que llegaremos", explica Maribel.
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"Yo tenía la esperanza de ver el rostro de mi hijo y así regresar tranquila a la casa, pero fue todo lo contrario", dice Rufina y al mismo tiempo se restriega la cara como signo de desesperación. "Nos vamos con esta noticia de no saber nada de los cipotes", continúa.
Las tres mujeres estuvieron 15 minutos en las inmediaciones del penal y recorrieron más de 12 horas de trayecto, entre la ida y el regreso. Ellas se subieron al taxi con la esperanza de regresar y de al fin tener más información de sus parientes.
Al igual que este caso desde el pasado domingo 27 de marzo que entró en vigencia el régimen de excepción han surgido una gran cantidad de denuncias referentes a las violaciones a los derechos humanos.
Desde expertos que cuestionan la aprobación de reformas a la Ley Penal Juvenil que permite aumentar las penas de prisión para los menores de edad que pertenecen a estructuras criminales que cometan delitos, entre otras enmiendas a varias normativas penales.
Los familiares de las personas detenidas también han denunciado a los medios los atropellos cometidos por las autoridades locales. “Nos tratan como animales, nos ultrajan por venir a preguntar”, señaló una mujer a este medio.