El Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP) denunció una supuesta captura arbitraria de una persona tatuada por orden de un jefe policial, en el municipio de San Miguel.
Según la denuncia realizada por el MTP, un hombre identificado como Ángel Benjamín Velásquez, fue cateado por soldados en el interior de la terminal de buses de la ciudad de San Miguel y al percatarse que tenía tatuajes no alusivos a pandillas solicitaron el apoyo de la Policía para verificar en el sistema si tenía alguna orden de captura vigente.
Un patrulla del sistema de emergencias del 911 constató que Velásquez no tenía ni orden de captura ni ficha policial, por lo que se retiraron del lugar.
Sin embargo, los militares decidieron llamar al Comandante del Ejército a cargo y este a su vez al jefe policial de la Delegación, quien ordenó que la persona retenida fuera llevada a la delegación y ordenó que se detuviera, asegura el MTP.
“De igual forma una segunda patrulla policial perteneciente a otra unidad ajena al 911 no quiso detener a la persona intervenida” enfatiza la queja del MTP.
El Movimiento denunció que: “al final por las amenazas del comisionado (...)una patrulla policial remitió a dicha persona por el delito de resistencia, ya que no había motivos del porqué proceder a remitir”.
La Fuerza Armada confirmó la captura del sospechoso en su cuenta de Twitter asegurando que pertenece a una pandilla.
“Durante patrullaje en la zona de la terminal de buses de San Miguel, ubicamos a Ángel Benjamín Velázquez, miembro de la MS-13, con tatuajes alusivos a la estructura criminal. Fue entregado a la @PNCSV” se lee en la publicación.
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Por su parte, el MTP condenó el hecho en un comunicado publicado en sus redes sociales y recordó que “el régimen de excepción no es para remitir a quien sea por lo que se le ocurra a los jefes de la PNC, sino para combatir las pandillas”.
Las capturas arbitrarias en el régimen de excepción y sus prórrogas han sido ampliamente denunciadas por diferentes organizaciones sociales y organismos internacionales.
Organizaciones de sociedad civil defensoras de derechos humanos que han dado seguimiento a casos de posibles violaciones a los derechos humanos contabilizaron 4,825 casos de supuestas capturas arbitrarias por parte de las autoridades de Seguridad, desde que inició el régimen de excepción hasta el 27 de marzo de 2023.
Por su parte, Cristosal señaló en el informe del primer año del régimen que, solamente esa organización, recibió 3,275 denuncias de violaciones de derechos humanos, de las cuales el 98.5% corresponde a detenciones arbitrarias cometidas en 74.0% por oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) y un 6.7% por integrantes de la Fuerza Armada.
La organización no gubernamental aseguró que la gran mayoría de detenciones realizadas durante el régimen de excepción el primer son arbitrarias, ya que se trata de privaciones de libertad que no cumplen las garantías del debido proceso judicial y se realizan al amparo de decretos legislativos que riñen con la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos.
“En numerosas denuncias las familias afectadas dan testimonio de que los captores utilizan frases tales como 'son órdenes del presidente' o 'ya sabemos que no anda en nada, pero son órdenes'” agrega el informe.
Asimismo el 22 de mayo pasado tres altos comisionados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instaron a las autoridades salvadoreñas “a garantizar que las personas no sean arrestadas por la simple sospecha de pertenecer a una pandilla o de asociación con la misma sin autorización legal suficiente”.