Una medida que fue impulsada como respuesta a una demostración de poder de las pandillas salvadoreñas que en solo tres días asesinaron a más de 80 personas, se ha vuelto permanente, tanto que el próximo 27 de marzo cumplirá tres años.
Según miembros de la organización Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), el régimen de excepción está siendo utilizado por el Gobierno de El Salvador como una medida permanente de control social a través de la militarización y represión.
El régimen de excepción fue impuesto el 27 de marzo de 2022, a raíz de la incapacidad del Estado salvadoreño de contener con la fuerza policial y la Fuerza Armada, un baño de sangre mediante el cual las pandillas, y en mayor grado la Mara Salvatrucha (MS-13) asesinaron a más de 80 personas en solo 72 horas.
“Lo que comenzó como una supuesta respuesta a violencia de las pandillas, ha derivado en la ilegalidad de un Estado autoritario y militarizado desde el cual se practican detenciones arbitrarias, juicios colectivos y persecución a la resistencia popular, social y comunitaria, criminalizando la defensa de los derechos humanos.”, afirmó un miembro de esa organización, durante una manifestación realizada frente a las instalaciones de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Según denunciaron, durante los tres años de vigencia del régimen de excepción el Estado ha realizado más de 80 mil detenciones sin el debido proceso, negando el derecho a la defensa, sin que se les haya probado sus vínculos con pandillas a miles de detenidos.
Hasta el 17 de marzo de este año, se han registrado más de 10 mil detenciones arbitrarias, más de 8 mil liberaciones de personas que nunca debieron ser encarceladas, sin que el Estado haya implementado medidas de reparación por los daños morales, físicos y psicológicos.
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El régimen de excepción ha sido utilizado para perseguir a las organizaciones que velan por los derechos humanos. Estas organizaciones han documentado, hasta el 17 de marzo anterior, 374 personas que murieron en prisión mientras estaban bajo la responsabilidad del Estado.
El periodismo independiente y crítico también ha sido víctimas del régimen de excepción mediante a través del amedrentamiento, la espionaje digital, afirmaron; también indicaron que el régimen de excepción ha sido utilizado para desalojar a miles de vendedores del Centro Histórico de San Salvador, para desplazar a comunidades enteras y despojarlas de sus viviendas para favorecer intereses empresariales ligadas al clan allegado al gobierno, aseguraron.
A nivel internacional, organismos como las Naciones Unidas han sugerido al gobierno salvadoreño eliminar el régimen de excepción.
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