El Movimiento de las víctimas del régimen de excepción (Movir) y la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal doctora María Julia Hernández denunciaron desapariciones, amenazas y extorsiones a las personas liberadas de los centros penales, por parte de personas inescrupulosas y dueños de negocios cercanos.
Para los representantes de ambas organizaciones la estrategia gubernamental de liberar a los detenidos injustamente en horas nocturnas, revela el ocultamiento de los llamados “errores o daños colaterales”, además pone a las personas liberadas a merced de una red de estafadores, en la que incluso pueden estar involucrados con el Estado, señalan.
“Venimos a denunciar una serie de hechos y acciones de personas inescrupulosas que se están aprovechando del sufrimiento de las familias de las personas que son liberadas en las noches o en las madrugadas y especialmente a mujeres”, explicó Ovidio Mauricio González, de Tutela Legal.
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Los denunciantes explicaron que esas violaciones a derechos humanos están derivando “presuntas desapariciones de personas, privaciones de libertad, maltratos, amenazas y extorsiones a las personas liberadas”, quienes en muchas ocasiones salen desorientadas o enfermas.
Alfredo Mejia, representante de Movir, explicó que es una red de personas que agarran a los que salen de los penales, sobre todo a las mujeres, las suben a vehículos particulares y luego bajo amenazas les exigen altas cantidades de dinero para entregárselas a las familias.
González lamentó la actuación de la Procuraduría para los Derechos Humanos (PDDH) que tiene un mandato para verificar las actuaciones del Estado y a pesar que tiene un departamento de verificación penitenciaria y delegaciones departamentales “no ha tenido ni la voluntad, ni la capacidad de verificar esas violaciones".
Ambas organizaciones hicieron un llamado a las instituciones del Estado para que no se siga violentando los derechos a las personas liberadas y que se investigue los casos de amenazas y extorsiones a los familiares.
Además, exigieron que se informe de manera oportuna, formal y precisa la liberación de los detenidos.
Denunciaron que en algunos casos los familiares han sido obligados a pagar hasta 350 dólares para que les entreguen a su pariente liberado.