El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción convocó a través de redes sociales a personas interesadas en denunciar casos de detenciones arbitrarias de sus familiares. La actividad, que se desarrolló en la plaza Libertad, fue apoyada por siete abogados de Unidehc.
Samuel Ramírez, coordinador de MOVIR, comentó que decidieron hacer esta actividad el 24 de septiembre en el marco de la veneración de la virgen de la Merced, advocación de la virgen María a quien rezan las y los católicos por las personas cautivas y oprimidas.
Ramírez recalcó que la actividad es únicamente para víctimas del régimen que no tengan antecedentes penales por ningún delito y que sean ciudadanos que no posean vínculos de pandillas. “No queremos que se empañe el esfuerzo que estamos haciendo”, recalcó.
El coordinador señaló también que se han presentado ante la oficina del comisionado Presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán, 90 casos de detenciones arbitrarias. “Creemos que tendremos una respuesta, si no seguiremos luchando contra el sistema de seguridad fallido de este régimen”.
Entre las asistentes a la plaza Libertad se encontraba Elizabeth del Cid, quien llegó desde Soyapango para registrar el caso de su hijo de Josué Fernando Alfaro del Cid, de 26 años, quien tiene 27 meses y 21 días de estar capturado presuntamente de forma arbitraria luego de que policías lo agredieran verbal y físicamente, según el tesimonio. “Él nunca había sido detenido ni era delincuente, no me dicen nada en la procuraduría y tampoco le dan la libertad”, dijo Elizabeth.
Ella aseguró que Josué trabajaba como auxiliar de bodega y era el mayor ingreso de su hogar conformado por ella y dos hijos más. “Anteriormente en la Corte Suprema de Justicia me rechazaron un habeas corpus que entregué, veo en esta actividad una oportunidad, pues ya estoy desesperada”, comentó.
Clanci Marisela Burgos, originaria de la comunidad Nuevo Israel, también llegó hasta la plaza Libertad para denunciar el caso de su hijo, quien fue capturado presuntamente con engaños de agentes que llegaron hasta su casa justo cuando él llegaba del trabajo y le dijeron que solo irían a la delegación a una revisión de datos de rutina a finales de marzo de 2022.
“Me regresaron su DUI y sus herramientas y dijeron que el lunes lo liberarían, pero ya lleva dos años preso", relató Clanci, quien afirmó que su hijo incluso fue parte de los trabajadores que construyeron el Hospital El Salvador y ChivoPets, proyectos del gobierno.
Esta actividad se llevó a cabo pese a que la Alcaldía Municipal de San Salvador negó el permiso a MOVIR para realizarla, lo que provocó que el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), la Policía Nacional Civil, algunos agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) y soldados de al menos dos divisiones mantuvieran la zona vigilada.
Pese a ello, los coordinadores de MOVIR afirmaron que atenderían hasta el último caso, pero la lluvia ocurrida al mediodía afectó la jornada.
