El ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, justificó durante un programa televisivo la sexta prórroga del régimen de excepción, aprobada el 14 de septiembre pasado, a pesar que desde que comenzó el Gobierno de Bukele han implementado el Plan Control Territorial.
La Asamblea Legislativa aprobó la sexta prórroga del régimen de excepción, sin discusión, el mismo día que fue solicitada por el Ejecutivo a través del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. La quinta ampliación de esta medida vencía el 20 de septiembre.
“Nosotros seguimos pensando que la herramienta del régimen es la más adecuada para las condiciones de este país”, justificó Monroy.
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Sin embargo, las palabras del ministro son contradictorias, cuando luego asegura que el éxito del plan control territorial fue “total”.
“En marzo de este año que fue necesaria la solicitud del régimen de excepción, si vemos hacia atrás, a pesar que traíamos un éxito total en materia de seguridad, a la fecha los resultados han sido extremadamente contundentes” dijo.
La semana pasada la especialista en derechos humanos, Ruth López, explicó que el régimen de excepción y sus seis prórrogas son un síntoma de la incapacidad del gobierno.
La jefa jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal explicó durante una entrevista radial que el gobierno se refugia en el cansancio y el dolor causado por las pandillas a la población, para aprobar este tipo de regímenes, al no encontrar otra forma de hacerlo.
“No ha encontrado la forma, no porque no tenga las herramientas, sino porque es un síntoma de incapacidad”, aseguró.
Para López la necesidad del régimen demuestra la incapacidad de la Policía y la Fiscalía de generar los mecanismos de investigación para presentarlas ante los jueces, y que estos determinen si una persona pertenece o no a las pandillas.
Según los datos publicados por el Ministerio de Seguridad, hasta el 12 de septiembre habían sido capturadas 52,549 personas bajo el régimen de excepción.
Pero el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró en el programa matutino Frente a Frente del 19 de septiembre, que antes “de iniciar esta campaña” tenían cerca de 76,000 pandilleros fichados (perfilados).
“Ahorita vamos casi ya llegando a los 53,000 así que todavía tenemos trabajo que realizar. Muchos posiblemente se han ido pero nuestra labor es buscarlos donde quiera que estén”, aseveró Villatoro.
En contraste, diversas organizaciones sociales contabilizan más de 3,000 denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado durante el régimen de excepción, entre ellas capturas arbitrarias.
En tanto, Villatoro confirmó en la misma entrevista que: “No quiere decir que todas esas personas detenidas van a ser condenadas. Ahorita ya van más de 850 personas que han salido que estaban en lugar equivocado a la hora equivocada, pero que no tenían ni un tipo de vinculación”, expresó.
Según el último informe de Cristosal, en conjunto con otras organizaciones sociales salvadoreñas, hasta el 31 de agosto, fueron registradas 3,186 denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Además, organizaciones sociales y medios de comunicación han contabilizado hasta el 7 de septiembre la muerte 76 personas mientras permanecían en custodia del Estado.