Con 57 votos a favor, diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el lunes 23 de diciembre la Ley General de Minería Metálica, a pesar de que varios sectores cuestionaron los impactos en el medio ambiente, que no hubo consulta entre la población y tampoco estudios técnicos.
Previamente, la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) recordó que la prohibición de la minería metálica en el país, desde el 2017, fue una victoria de las comunidades luego de más de una década de trabajo donde fue demostrado, técnica y científicamente, que esta actividad era inviable, considerando las condiciones ecosistémicas, hídricas y demográficas.
Esos factores influyeron, hace 7 años, para llegar a un consenso que permitió la prohibición, de manera unánime, de la minería en la Asamblea Legislativa.
La posición de la UNES se dio durante un balance ambiental de los últimos meses y ante la intención pública del gobierno, desde finales de noviembre, de reactivar la minería en el país.
Diputados de la comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa emitieron, el sábado, un dictamen para aprobar la Ley General de Minería Metálica, a pesar de los cuestionamientos de diferentes sectores de la sociedad ante la reactivación de dicha actividad.
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La iniciativa gubernamental se aprobó sin haberse realizado una consulta entre la población y estudios técnicos.
La nueva ley deroga la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, que fue emitida por Decreto Legislativo No. 639, el 29 de marzo de 2017 y publicado en el Diario Oficial No. 66, Tomo No. 415, el 4 de abril del mismo año.
“Esta prohibición debe mantenerse, en el sentido de proteger los bienes ambientales, que ya están seriamente afectados, seriamente degradados en el territorio nacional, y poder tener condiciones para garantizar los derechos ambientales de la población”, señaló la coordinadora territorial, Nahomi Dueñas, durante el balance ambiente que realizó días atrás.
La entidad, señaló en un comunicado, que la explotación minera en toda la zona norte de El Salvador provocaría la pérdida de 10 millones de árboles en territorios donde nacen los principales ríos del país, ocasionando una insostenibilidad.
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Además que dicha práctica ocasionaría la pérdida de al menos un tercio del territorio nacional; es decir aproximadamente 7 mil kilómetros cuadrados.
“Está probado, técnica y científicamente, que la minería metálica es una amenaza para el agua, la biodiversidad y salud de la población. En ese sentido no sería adecuado permitir una industria que es inviable en el territorio nacional. Hay que señalar que, que haya minería en Estados Unidos, Canadá, Cuba, Venezuela, de acuerdo; pero es en esos país y hay un impacto ambiental. Pero en El Salvador, con las condiciones ecosistémicas, con el nivel de degradación y todo lo que hemos señalado en el balance, no es permisible tener ese tipo de industrias por esos daños gravísimos, que provocarían un desastre ambiental a nivel nacional”, señaló el director de incidencia de la UNES, Luis González.
Mientras que el presidente de la junta directiva, Mauricio Sermeño, cuestionó si las personas tomarían un vaso de agua si saben que está contaminado con cianuro y arsénico. “Creo que no es posible la sobrevivencia humana en estas condiciones”, señaló.