En los últimos días, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha lanzado muchas preguntas a Grok, la herramienta de inteligencia artificial (IA) de la red social en la que más se comunica el mandatario, X, antes Twitter.
Bukele ha ocupado Grok para hacerle consultas sobre popularidad de presidentes en el mundo, seguridad en países de Latinoamérica y reducción de homicidios; en todos los casos, el mismo mandatario salvadoreño obtuvo una respuesta en positivo de parte de la IA.
Sin embargo, esta redacción consultó a la misma herramienta si hay respaldo o rechazo entre la población salvadoreña a una de las medidas impulsadas más controversiales de Bukele, como es la reactivación de la minería; la respuesta de Grok no deja bien parado al Gobierno en esta decisión.
Esto respondió Grok este 27 de marzo:
"La reactivación de la minería metálica en El Salvador, aprobada el 23 de diciembre de 2024 por la Asamblea Legislativa con el respaldo del presidente Nayib Bukele, ha generado una división significativa en la opinión pública. Basándome en la información disponible hasta marzo de 2025, te puedo ofrecer un panorama general del respaldo y rechazo entre la población:
Rechazo
El rechazo a la minería metálica parece ser mayoritario entre los salvadoreños, según encuestas y movilizaciones sociales:
Una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), publicada a fines de diciembre de 2024, indicó que el 59.2% de los entrevistados considera que El Salvador no es un país apropiado para la minería metálica. Además, el 61% cree que tendría un impacto negativo en el medio ambiente, y un abrumador 95% percibe que vivir cerca de una mina es peligroso.
Organizaciones ambientalistas, comunidades del norte (como en Cabañas), la Iglesia Católica y grupos sociales han liderado protestas desde finales de 2024. Por ejemplo, el 19 de enero de 2025, cientos marcharon en San Salvador con consignas como “No a la minería, sí a la vida”. La Iglesia ha impulsado una campaña para recolectar un millón de firmas contra la ley, reflejando un rechazo amplio en sectores religiosos y comunitarios.
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Ambientalistas argumentan que el país, con alta densidad poblacional (unos 300 habitantes por km²), poca agua disponible y una sola cuenca hidrográfica importante (el río Lempa), no puede soportar los riesgos de contaminación y estrés hídrico que trae la minería. Este sentir resuena entre quienes recuerdan la prohibición de 2017, lograda tras años de lucha social.
Respaldo
El respaldo proviene principalmente de sectores afines al gobierno de Bukele y aquellos que ven en la minería una oportunidad económica:
Bukele ha promovido la idea de que hay un “tesoro” de oro valorado en miles de millones de dólares (hasta 131 mil millones según él, aunque no ha mostrado estudios públicos). Sus seguidores, que son una base significativa tras su reelección en 2024 con más del 80% de los votos, tienden a apoyar esta visión de desarrollo económico y generación de empleos.
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El gobierno asegura que la minería usará tecnología moderna para minimizar daños ambientales, un argumento que convence a quienes priorizan el crecimiento económico en un país donde el 27% vive en pobreza. Sin embargo, no hay datos específicos sobre cuántos salvadoreños respaldan activamente la ley, más allá de la aprobación legislativa (57 de 60 diputados, dominados por Nuevas Ideas).
Algunos sectores empresariales y comunidades en áreas potencialmente mineras podrían ver beneficios locales, aunque esto no se ha cuantificado en encuestas amplias.
Contexto y matices
La aprobación de la ley fue rápida y sin consulta pública amplia, lo que ha alimentado el descontento. Organizaciones como la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica han calificado la decisión como “inconsulta” y un “tiro de gracia” al medioambiente.
El rechazo no es unánime: el 17.1% en la encuesta UCA de 2015 (previa a la prohibición) veía a El Salvador como apto para la minería, y esa cifra podría haber crecido con la narrativa de Bukele sobre desarrollo sostenible. Sin embargo, la falta de estudios ambientales públicos y la represión percibida contra opositores (como los cinco ambientalistas de Santa Marta detenidos en 2023) han polarizado más el debate.
Desde enero de 2025, las movilizaciones han aumentado, con la Conferencia Episcopal llamando a un día nacional de oración el 7 de febrero contra la minería, sugiriendo que el rechazo sigue fuerte entre la sociedad civil.
Conclusión aproximada
Aunque no hay una encuesta única que resuma el sentir actual tras la aprobación de la ley, la evidencia apunta a que el rechazo supera al respaldo en términos de opinión pública expresada. Entre el 59% y 60% de la población parece oponerse, según datos recientes, mientras que el respaldo, aunque vocal entre los seguidores de Bukele, no tiene un porcentaje claro que lo respalde más allá de su influencia política. La tensión sigue creciendo, y el sorteo de opiniones dependerá de cómo evolucione el impacto real de la minería y la respuesta social en los próximos meses".
A pesar de lo que indica la IA, así como la recolección de decenas de miles de firmas por parte de la Iglesia Católica y otras agrupaciones civiles, Bukele ha mantenido la convicción de mantener la reactivación de la minería.