Organizaciones sociales y comunitarias que se oponen al desarrollo de la industria minera en el país realizaron una caravana en la jurisdicción de San Isidro, Cabañas, para pedir la anulación de la Ley General de la Minería Metálica aprobada de manera exprés por la bancada oficialista el 23 de diciembre del año pasado.
La normativa recién aprobada permite la extracción minera en el país y establece que el Estado salvadoreño será el único habilitado para la exploración, explotación, extracción y procesamiento de los recursos productos de la minería metálica a nivel nacional.
“Vamos a manifestarnos públicamente en rechazo a la minería metálica, este pueblo se ha expresado en múltiples oportunidades y sigue expresándose porque hemos dimensionado la magnitud de los impactos que la minería metálica puede ocasionar a un país como el nuestro” manifestó Vidalina Morales, defensora ambiental de Santa Marta.
#NoAlaMinería | Vidalina Morales, presidenta de @ades_sm, encabeza la caravana por la libertad y la vida "Cabañas libre de minería", manifestándose en rechazo a la aprobación de la Ley General de Minería Metálica. pic.twitter.com/XATDw4rnMZ
— Radio YSUCA 91.7 FM (@ysuca91siete) January 30, 2025
Asimismo en el recorrido pidieron la absolución de los ambientalistas que están siendo procesados penalmente por el asesinato de una mujer cometido en 1989, en el contexto del conflicto armado.
“Estamos a las puertas de la audiencia de los compañeros criminalizados y alzamos nuestras voces por la libertad de nuestros compañeros, pero también otros sectores que se non han sumado a la exigencia de la libertad de los compañeros y a la derogación de ley que ahora el gobierno ha aprobado junto a sus diputados y diputadas”, agregó Morales.
La repetición del juicio está programado del 3 al 6 de febrero en un juzgado de Ciudad Delgado, luego que la Cámara de lo Penal de Cojutepeque anulara el fallo emitido por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque que sobreseyó a los cinco exintegrantes de la guerrilla.
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Las organizaciones ambientalistas aseguran que se trata de un caso “político” con el fin de anular la resistencia a la implementación de proyectos mineros en el país, ya que los acusados participaron en el movimiento ciudadano que logró la prohibición de la minería en 2017.
Los participantes de la caravana hicieron una parada en la mina El Dorado, localizada en el cantón San Francisco El Dorado.
“Este es un sitio que pretende ser deteriorado por la ambición, por el ansia de poder y de tener de unos poco, pero no solo vamos a ver la parte negativa, en este deterioro de la naturaleza hay espíritu y ese espíritu es el que nos convoca esta mañana, ese espíritu de vida y transformación”, declaró Miguel Ventura, integrante de las Comunidades Eclesiales de Base.
En los últimos días, diversos sectores han mostrado su preocupación por el impacto de la minería metálica en El Salvador debido a que el país ya enfrenta un problema grave de estrés hídrico, afectando a miles de personas que no tienen acceso al acceso al servicio de agua potable por esta razón.