Aunque el MARN no presentó estudios propios, representantes de la lucha ambiental en el país presentaron datos que dejan claro el peligro que representa la mina Cerro Blanco, en Guatemala, para El Salvador.
Tres ambientalistas consultados ante la respuesta del MARN a este periódico, en donde el ministerio no presentó mediciones propias sobre posible contaminación del Lago de Güija por la mina Cerro Blanco en Guatemala, coincidieron que el gobierno de El Salvador se ha mostrado “tímido” y “tibio” ante este riesgo ambiental.
Pedro Cabezas, de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, opinó que “el gobierno ha dado pasos tímidos para reconocer la amenaza” de la mina, y si bien el MARN “ha identificado que la planta de tratamiento para la descarga de aguas termales no está capacitada para eliminar todos los metales pesados que contiene el agua”, ese no es el peligro mayor.
“La verdadera amenaza no proviene del desagüe de aguas termales en la cuenca, sino de la posible intervención de esa cuenca con un proyecto de minería a cielo abierto que busca extraer 3.1 millones de onzas de oro y en el proceso afectará las cuencas de agua compartidas por mas de 30 años”, destacó Cabezas, sobre el daño ambiental que provocaría la mina al menos hasta 2052, si la empresa obtiene permiso para operar a cielo abierto.
Este tipo de explotación es mucho más contaminante que la extracción de metales por túneles.
Para dimensionarlo, Cabezas explicó que si la compañía minera opera a cielo abierto “utilizará más de 8 toneladas de arsénico al día por 14 años; abandonará más de 200 millones de toneladas de desechos tóxicos con altos contenidos de químicos mortales como el cianuro y metales pesados como el arsénico, que generan drenaje acido por décadas”.
“Ante estas amenazas, que han sido señaladas por expertos internacionales como la Dra. Dina Larios de la Universidad de Ohio y el Dr. Steven Emerman, las autoridades del gobierno deberían de tomar acciones más robustas, para asegurar que ningún proyecto minero transfronterizo sea una amenaza para el frágil balance ecológico de nuestro país”.
Pedro Cabezas, ambientalista
Por su parte, Ingrid Hausinger, experta en hidrología y modelaje ecológico, quien es coordinadora de programas en la Fundación Heinrich Böll Centroamérica, también lamentó la respuesta del MARN y la desidia del Gobierno salvadoreño.
“No es información nueva la que están respondiendo. Sería interesante saber si no han hecho ellos un análisis de la actualización del estudio de impacto ambiental (presentado por Elevar Resources para obtener el permiso del gobierno de Guatemala), porque el tema que se está discutiendo ahorita no es la mina Cerro Blanco subterránea como ha estado operando, sino el permiso que han solicitado para operar a cielo abierto. Han presentado una actualización del estudio sumamente amplio; nosotros hemos hecho un análisis del mismo y tiene bastantes deficiencias”, señaló Hausinger.
Para Hausinger, “sería bueno que el Gobierno y el MARN se pronunciaran sobre dicho documento, cuáles son los puntos que ellos como país vecino ponen en cuestionamiento, y deberían de exigir al Gobierno de Guatemala que no autorice un estudio de impacto ambiental que presenta déficits tan fuertes”.
Mientras que Héctor Aguirre, director de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, dijo que “la respuesta que da el ministerio nos parece un poquito penosa, porque el ministerio debería dar respuesta concreta a un monitoreo que el Gobierno de El Salvador a través del MARN debe hacer, en función de una mina que tiene más de 15 años de estar en proceso de exploración.
Consideró que “el Gobierno de El Salvador debería tener su propio monitoreo, y decir ‘esta es la evidencia que tenemos’, sobre el posible impacto ambiental provocado por esta operación minera”.
Aguirre matizó que los estudios para medir boro y arsénico son “carísimos, pero para eso está el Estado, tiene los recursos para mandar a hacer levantamiento de muestras de agua, para encontrar arsénico y boro en cuerpos de agua”.