El Salvador cumple este viernes cuatro años desde que el presidente Nayib Bukele ingresó con soldados armados a la Asamblea Legislativa, una acción que prendió las alarmas internacionales y que en la actualidad es catalogada, por expertas, como el "inicio de un régimen autoritario" en el país centroamericano.
El presidente Bukele entró en el recinto legislativo bajo el resguardo de policías y soldados armados con fusiles de asalto para sentarse en la silla del presidente del órgano, simular el comienzo de una sesión plenaria y orar.
El mandatario admitió, más de un mes después de lo sucedido, que se trató de "una forma de presión" contra el Parlamento, en aquel momento de mayoría opositora, con el que se encontraba enfrentado por la falta de aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para planes de seguridad de su Gobierno.
Celia Medrano, defensora de derechos humanos y que fue aspirante a la vicepresidencia en las pasadas elecciones, considera que los salvadoreños y el mundo "dejamos pasar esa acción violenta contra la frágil democracia existente que marcaba el inicio de un régimen autoritario".
Señaló en declaraciones a EFE que con el 9F (9 de febrero) "se institucionalizó la militarización de la política, normalizando nuevamente el protagonismo militar en todos los ámbitos sociales del país".
"La institucionalidad democrática estaba tan débil en el país que no pudo soportar lo que vino después, quedó sometida", apuntó Medrano, y subrayó que "la división de poderes no existe en El Salvador".
La defensora de derechos humanos expuso que "el mundo debe entender al analizar cualquier acontecimiento en El Salvador, incluyendo el evento electoral presidencial y legislativo de este 2024, que la democracia, conforme a los parámetros que hemos conocido, dejó de existir".
El Salvador celebró el domingo pasado unas cuestionadas elecciones presidenciales y legislativas, de las que Bukele se autoproclamó ganador, aún sin conocer los resultados oficiales, y aseguró que mantendría la mayoría en el Congreso con 58 diputados de un total de 60.
"La popularidad, sobre todo obtenida a base de engaños e instrumentalizando recursos públicos, no justifica destruir la democracia. El 9F deja claro cómo será abordado cualquier disenso contra quienes ahora tienen poder total", añadió.
Una demostración de poder y control "acompañado de Dios"
Para Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la imagen de las Fuerzas Armadas salvadoreñas en la Asamblea Legislativa dio la vuelta al mundo "causando conmoción y fue la primera señal de lo que se venía en el país".
"A la luz de los acontecimientos podemos decir que ese evento no fue causalidad. Ese evento estuvo muy bien planificado y tuvo como motivo lanzar dos mensajes: el primero fue demostrar quién es el que tiene el control en el país y el segundo fue hacer saber que ese control está acompañado por Dios", comentó la abogada a EFE.
Aseguró que la presencia de militares dentro del edificio de la Asamblea Legislativa, acudiendo al llamado del presidente, fue "una demostración de poder y de control: ¡Aquí mando yo!".
"Fue también un mensaje muy poderoso a la sociedad salvadoreña: 'Yo manejo todo, pero yo no estoy solo, a mí me guía Dios'. Dos elementos claves para la sociedad salvadoreña y para la popularidad que vendría acumulando (Bukele) desde ese momento", dijo.
A juicio de la también experta en derechos humanos, este evento "debió ponernos a pensar que ese fue el comienzo de un período mucho más complicado en El Salvador, donde el estado de Derecho, las reglas de la separación de poderes y de la independencia judicial, iban a ser dejadas de lado".
Recordó que la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CJS) y del fiscal, como una primera medida de la nueva Asamblea Legislativa en mayo de 2021, y la designación de nuevas personas sin seguir el proceso determinado "también fueron un golpe al Estado de derecho".
Salazar lamentó que la comunidad internacional y la Organización de Estados Americanos (OEA) no haya dado seguimiento a la situación, a pesar de que la acción de Bukele preocupó a organismos internacionales y prendió sus alarmas.