Las acciones antipandillas del gobierno actual son más de lo mismo, que se ha hecho por años en el país y que no contribuyen a acabar con esta problemática social, según la interpretación del investigador de seguridad ciudadana, José Miguel Cruz.
“Desafortunadamente lo que está haciendo el gobierno de Nayib Bukele es más de lo mismo y peor, porque básicamente lo que está haciendo es meter preso a cuanto joven sospechoso se aparezca” expresó el especialista durante una entrevista en la radio YSUCA.
Para Cruz, la organización de las pandillas en grandes redes a nivel nacional que conocemos en la actualidad es el resultado de la aplicación de este mismo tipo de políticas antipandillas aplicadas por los gobiernos anteriores.
El especialista recordó cómo desde el plan Mano Dura, en el gobierno del expresidente Francisco Flores, miles de jóvenes, sospechosos de ser pandilleros fueron capturados en comunidades pobres y marginadas, donde el Estado apenas llega.
“A muchos de estos jóvenes los metieron a la cárcel, algunos no eran pandilleros, pero terminaron metiéndose y formaron estás grandes redes”, aseguró Cruz.
Para Cruz, el crecimiento de las pandillas las convirtió en fuerzas sociales importantes que operan desde las prisiones, para tener control de los territorios en las comunidades.
“Ustedes sólo necesitan ir a varias comunidades en el país y la gente sabe que quien manda allí no es la Policía, no es Nayib Bukele, no es el ministro de Seguridad, no es el director de la Policía; quien manda ahí es el cabecilla de la pandilla”, declaró Cruz.
De acuerdo con el especialista, a mediados de los años 2,000 los políticos se dieron cuenta que la forma más fácil de entrar en las comunidades era pedir permiso a las pandillas, en lugar de atender el problema y desde entonces se han ido creando los espacios para que políticos y pandilleros hagan negociaciones.
“Ese proceso llegó a su nivel más alto durante la tregua de 2012 con un pacto aprobado por el presidente Mauricio Funes, para que las pandillas dejaran de matarse entre sí, con tal que el gobierno sentará resultados en términos de reducción de la violencia”, expuso Cruz.
Para el especialista no hay duda que ese modelo de tregua ha sido seguido por cada uno de los gobiernos posteriores y especialmente por el gobierno de Nayib Bukele.
“La evidencia está en qué si ustedes van a muchas de las comunidades, las pandillas han seguido controlando, han seguido extorsionando a pesar de la reducción de los homicidios. ¿Por qué? Porque ha sido producto de un pacto”, declaró ayer.
En agosto de 2021, el periódico digital El Faro reveló que el gobierno sostuvo negociaciones con las tres principales pandillas del país para mantener bajo el número de homicidios y, posteriormente, ordenó retirar de los presidios los documentos que dieran fe de esas reuniones.
Según la publicación, las reuniones fueron en 2020 entre representantes del gobierno y de las pandillas Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, las cuales plantearon una serie de demandas que incluyen mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad.
Cruz agregó que el reciente incremento súbito en el que más de 80 personas fueron asesinadas en un fin de semana, se puede tomar como una evidencia del quebranto de los acuerdos entre las pandillas y los representantes del gobierno.
“Si la política de seguridad se basa en una negociación con grupos criminales, no es una garantía que se va a mantener en mediano o largo plazo”, concluyó.