El miedo político inhibe a la población salvadoreña de participar activamente en la vida política y ciudadana, advirtieron especialistas consultados por El Diario de Hoy. Diversas encuestas de opinión pública revelan una creciente cautela entre los ciudadanos a la hora de expresar sus opiniones sobre temas coyunturales.
Al consultarle a la abogada y politóloga Sonia Rubio Padilla sobre si el miedo político es un factor que está vulnerando las garantías de expresión, agrupación y participación ciudadana, explicó que, aunque no existe una ley, sí hay una afectación a la libertad de expresión, a emitir, a escuchar y a recibir información y que esto hace que la gente se contenga deliberadamente de conocer de algunas cosas.
"El miedo lo que hace es que la gente no decida participar de forma deliberada y, segundo, es que amplía el margen de discrecionalidad que tienen esos funcionarios y que minan aún más la institucionalidad democrática del país", estableció Rubio.
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"Eso es grave, porque la construcción de una democracia no se hace cada cinco o tres años yendo a las urnas, sino, se hace con el ejercicio diario de exigencia y operamiento de nuestros derechos y solicitar a los funcionarios y funcionarias públicas que están en el poder que también asuman éticamente el ejercicio de sus funciones", señaló la experta.
El vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana (UCA), Omar Serrano, explicó que el miedo político nace dentro de la sociedad y su principal víctima es la sociedad misma. Además, asegura que el miedo político es construido y promovido por las instancias de poder como herramienta de control social y afirma que se va rompiendo poco a poco.
El académico sostiene que el régimen de excepción que es la principal medida para fomentar el miedo político. "Es cierto que a cualquiera de nosotros nos pueden aplicar el régimen de excepción, por lo que sea, por lo que haya hecho o no usted se lo pueden aplicar y eso hace que mucha gente no se exprese, pero hay que ir perdiendo el miedo", dijo.
Rubio, por su parte, aporta que el miedo político es causado por "varios factores que convergen".
"No podría señalar únicamente a una voz; no obstante, sí hay una narrativa oficial que deliberadamente como cualquier populista tiene un discurso maniqueo entre ellos y nosotros 'el 97% y el 3%'. No estoy responsabilizando a eso; no obstante, esto sí te marca la diferencia y, además, cuando ves constantemente que la institucionalidad no te responde y que no hay forma que podás estar protegido, lo que queda es la autopreservación", advirtió Rubio.
El exintegrante del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Francisco Díaz, añade que actualmente quien no está de acuerdo con "a,b,c" de las actuaciones del gobierno es considerado inmediatamente un "opositor", no una persona con un criterio crítico y si es considerado opositor puede, inmediatamente, tener repercusiones y no tiene un Órgano Judicial en el cual pueda ampararse ni buscar protección como ciudadano.
"Mientras más sea la gente que dice lo que piensa o dice lo que no le gusta va a ser más difícil que contra todos actúen. Dicen que el lugar en donde más se asienta el miedo político es en el trabajo, por miedo a perderlo la gente no habla. Eso en El Salvador es la pura verdad, ni en las instancias del Ejecutivo, ni en las alcaldías, en ningún ministerio la gente puede expresarse libremente por miedo a perder su trabajo y lo hemos visto, cuántos despido ha habido a causa de eso", amplió el vicerrector.
Los expertos coinciden en que el régimen de excepción es un pilar en la implementación de miedo popular, este permanece vigente desde el 27 de marzo de 2022, por lo que lleva 30 prórrogas consecutivas. Este Estado consintió la detención de miles de personas inocentes, incluyendo personas con discapacidades, obreros, un periodista y hasta familiares de juristas críticos del gobierno.
Elecciones de segundo grado son fundamentales
Díaz sostiene que las elecciones de segundo grado próximas a realizarse en el país, como lo son de magistraturas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la del Tribunal Supremo Electoral (TSE), son fundamentales para la continuidad o ruptura del miedo político.
"En este momento el miedo se sustenta por una parte de que los cuerpos de seguridad pueden actuar a su entera voluntad y por otra parte porque no existe un aparato de justicia que pueda defender de esas situaciones. Existiendo un sistema judicial consistente en el que yo puedo ampararme y apoyarme las cosas cambiarían ciertamente", dijo el abogado.
Rubio, por su parte, opinó que no solamente porque sean nuevos funcionarios o funcionarias, vaya a cesar el miedo popular, sino mas bien, porque sean personas que constriñen su trabajo a la Constitución, a los estándares internacionales de derechos humanos.
"La inclusión de nuevos funcionarios no va a hacer la diferencia a menos que las personas que lleguen sean íntegras, con cualificaciones profesionales y meritorias que tengan un compromiso con la democracia deliberado. Es que haya una afinidad para fortalecer o incluso reedificar lo que en este momento se ha deteriorado", estableció Rubio.
La experta enfatizó en que lejos de disminuir el miedo ante la falta de independencia y ante la falta de imparcialidad de saber que no se tiene a nadie a quien recurrir para reclamar que sus derechos están siendo violados, "lo que hace casi de forma natural el ser humano es inhibirse o dejarse de exponer en esa situación".
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Rubio Padilla lamenta que en las condiciones actuales los procesos de selección de las magistraturas no se están cumpliendo o tienen una apariencia de legalidad y parece que carecen de fondo.
"En los procesos de elección que se han seguido que no los conocemos qué criterio utilizaron, qué parámetro aplicaron para elegir, por ejemplo el CNJ sus candidatos o porqué el 91 % de los abogados inscritos en la Federación de abogados no participaron, no lo sabemos; entonces todo parece indicar que lo que se espera de las nuevas autoridades de la CSJ no es nada nuevo. Es más de lo mismo, una subordinación al poder Ejecutivo, que según la ley no debe ser así", apuntó también Serrano.
Al menos tres encuestas del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) advierten que casi la mitad de la población se expresa con temor y más cuidado de sus opiniones sobre la coyuntura política del país, aún cuando las mismas evidencian simpatía por el presidente de la República Nayib Bukele Ortez.
Para la directora del Iudop, Laura Andrade, esto está ligado con el discurso oficial.
Andrade señala que el discurso oficial le dice a la población salvadoreña que pensar diferente o tener una alternativa distinta de las que las autoridades publicitan, a través de sus medios de comunicación, representa un grupo de oposición; y, por lo tanto, se constituyen en enemigos del oficialismo.
Al consultar con Rubio sobre que en el escenario de que los futuros nuevos funcionarios carezcan de independencia cuánto tiempo deberá esperar el país para la llegada de funcionarios que sí cumplan con esa función, dijo que es difícil, porque insiste en que no es una situación inmediata.
"Lo que se pretende en un Estado democrático es que haya un continuo, es decir, que no esté expuesto a coyunturas y se fraccione. Esto va a tomar tiempo, pero más que el tiempo a mí lo que me preocupa es qué tipo de condiciones vamos a estar construyendo para que la ciudadanía retome y exija que los funcionarios cumplan con sus mandatos", señaló.