La Mesa Permanente por la Justicia Laboral señaló este jueves que el proyecto de ley de presupuesto para 2025 es ilegítimo, ilegal e inconstitucional por ser inconsulto y que no responde a las necesidades de la población. Integrantes de la Mesa señalaron que el escalafón de salud y educación, que pretende congelar el gobierno para el próximo año, es un derecho que la clase trabajadora ganó desde hace años y está regulado en la ley.
“El presupuesto presentado es ilegal e inconstitucional ya que vulnera los derechos adquiridos de la clase trabajadora en cuanto a salarios y escalafón, especialmente en los sectores de salud y educación”, expresó el integrante de la Mesa, Rafael Méndez.
En Salud, el proyecto de presupuesto presenta una disminución del 7.3%, es decir, $92.2 millones menos en comparación con el presupuesto aprobado para 2024, pasando de $1,262.5 millones a $1,170.3 millones.
La Mesa advirtió que esto se traducirá no solo en despidos masivos, sino también en menos medicinas, menos personal para atención y menos insumos médicos, entre otras afectaciones sensibles para la población.
En el caso de Educación, la disminución de presupuesto sería de $34.7 millones, pasando de $1,570.4 millones de este año a $1,535.7 millones para 2025.
Los integrantes de la Mesa advierten que podría haber despidos de docentes, menos material didáctico y menos mejoras en la infraestructura escolar.
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Fortalece régimen
En contraste con lo anterior, la Mesa destaca que el gobierno “fortalecerá sus aparatos de represión” en tanto que el Ministerio de Defensa recibirá $314.3 millones del presupuesto para 2025, lo que representa un aumento de "52.9 millones.
"Eso evidencia que la prioridad del gobierno no es la salud y la educación de la población, sino, fortalecer su proceso de militarización”, dice en su comunicado.
El presupuesto asignado para Casa Presidencial en 2024 fue de $111,842, 887 y para el próximo año la proyección es de $139,667,868, lo que representa un aumento del 24.9%, es decir, $27.8 millones y la Mesa señala que esto no significa prestaciones de servicios o beneficios para la población.
Méndez expuso que las declaraciones de los funcionarios competentes del estudio del proyecto son “irresponsables”, en referencia a los diputados oficialistas.
“El presidente de la Asamblea Legislativa dijo que no entiende el descontento, ellos pagan servicios privados de salud y educación para sus hijos en el extranjero, no comprenden la realidad de la clase trabajadora”, señaló.
Además, denunció que no pueden llegar siquiera a la Asamblea porque los recibe un cordón de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO).
La organización social también manifestó su descontento porque se prohíban los incrementos de salarios, mientras no se estudia un aumento al salario mínimo.