La reforma a la Ley Penal Juvenil, que permite enviar a adolescentes a centros penales para adultos viola las leyes nacionales y garantías internacionales de los menores de edad, advierte la organización de Derechos Humanos, Cristosal.
Este miércoles la Asamblea Legislativa, por solicitud del Ejecutivo, reformó la Ley Penal Juvenil, la Ley Contra el Crimen Organizado y la Ley Penitenciaria
La primera de las reformas abre paso a la reclusión de adolescentes en detención provisional en cárceles de adultos; la reclusión de adolescentes con pena de prisión en cárceles destinadas para adultos; que el régimen penitenciario sea aplicado por la Dirección General de Centros Penales y que los procesadas y juzgadas siendo adolescentes y que cumplan la mayoría de edad, que se encuentren con medida cautelar (no se aclara si se trata de detención provisional) deberán ser trasladados a cárceles comunes.
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Ante esto, Cristosal advirtió a través de un pronunciamiento que la medida viola tanto las leyes nacionales como convenios internacionales de protección de la niñez y adolescencia.
Para la organización defensora de derechos humanos, estas medidas van en contra del artículo 35 de la Constitución, que expresamente establece que “los menores de edad estarán sujetos a un régimen jurídico especial”.
Además, refuerzan el llamado a através de una resolución de la Sala de Constitucional de 2021.
“En el caso de las niñas, niños y adolescentes, en virtud de su progresivo nivel de desarrollo físico y mental necesitan de una protección especial en términos materiales, psicológicos y afectivos para garantizar su armónica evolución hasta la madurez e irles proveyendo de las condiciones que necesitan para convertirse en miembros autónomos de la sociedad”,
cita Cristosal.
La organización afirma que las recientes reformas al art. 119 de la Ley Penal Juvenil y la Ley Penitenciaria también riñen con los fines establecidos para las medidas de privación de libertad o internamiento para las personas menores de dieciocho años, ordenados por la Constitución que determina que la finalidad debe ser “primordialmente educativa y se complementarán, en su caso, con la intervención de la familia y el apoyo de especialistas que el juez determine”.
Asimismo, señalan que las medidas contradicen la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (impulsada por este gobierno), que establece que le corresponde al Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia la administración de los programas destinados al cumplimiento de la detención preventiva y la ejecución de las medidas socioeducativas de los adolescentes con responsabilidad penal.
“La reforma deja a la Dirección General de Centros Penales el régimen al que serán sometidos, tanto adolescentes a los que les asiste la presunción de inocencia y que se encuentran en detención provisional y a quienes tienen medida de internamiento o pena de prisión”, lamenta la organización.
Cristosal afirma que las reformas contrarían con lo establecido en la Convención sobre Derechos del Niño y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, que orientan a la reeducación, la integración social y la deshabituación de conductas violentas; Los Derechos del Niño en la Justicia de Menores (2007), Los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil (2019), ambas del Comité de Derechos del Niño.
El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, por su parte, dijo a los diputados de la Asamblea Legislativa este martes que las medidas no van en contra de ninguna ley ni de país ni regulación internacional.
Para Villatoro se resguarda a los menores de edad que cometieron delitos comunes de aquellos que cometieron crímenes de terrorismo.
Para el ministro no vale orientar esfuerzos de reinserción social en los menores de edad que son detenidos o condenados por crimen organizado, pues señala que si quedan libres son reincidentes.
Las reformas a las leyes fueron aprobadas el 12 de febrero de 2025, con votos de las fracciones de Nuevas Ideas, del PDC y del PCN.
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