Los abogados defensores de los imputados en el caso de la Masacre de la UCA enfocaron sus alegatos en señalar al Jefe del Estado Mayor Conjunto, René Emilio Ponce Torres, ya fallecido, como el responsable intelectual de ordenar la ejecución de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras.
En el tercer día de la audiencia preliminar realizada por el el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, Eduardo Cardoza, abogado defensor del exministro de Defensa, Rafael Humberto Larios López, explicó que era el Jefe del Estado Mayor el que daba las órdenes en esa época.
“Consta en todo que quien dio la orden de asesinar a los Jesuitas fue Ponce, eso consta en todo, lo dicen los testigos los mismos personajes que se encargaron de ejecutar siempre han sostenido que fue Ponce el que dio la orden de asesinar a los Jesuitas”, declaró al final de la jornada.
Asimismo el abogado defensor del excomandante de la Fuerza Aérea, Juan Rafael Bustillo y del ex viceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano Morales, expuso que sus defendidos no tenían la potestad para tomar la decisión de asesinar a las personas que asesinaron.
“Bustillo fue señalado de participar en la reunión, pero no podía tomar decisiones de alto nivel”, manifestó.
El defensor explicó que entre Bustillo y Ponce en ese momento había discrepancias y que el comandante de la Fuerza Aérea fue llamado porque la guerrilla del FMLN iba avanzando y había tomado el control de gran parte de los municipios de San Salvador y necesitaban del apoyo aéreo.
Franciso Garay Pineda, defensor de Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía, exjefe de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos, cuestionó que la Fiscalía haya basado su acusación en el Informe de la Comisión de la Verdad, argumentando que ese documento es “contradictorio con las evidencias encontradas en la escena del crimen.
Por otra parte, haciendo de piezas de un fusil M16 explicó que el planteamiento de la Fiscalía que el cambio de cañones y cerrojos de las armas fue para encubrir a los culpables no es válido, porque cambiar los cañones no altera el resultado de las pruebas balísticas.
Asimismo señaló que el Informe de la Comisión de la Verdad es un documento político
La defensa del expresidente Alfredo Félix Cristiani Burkard expuso que su defendido no estuvo en la reunión en el Estado Mayor con los que tomaron la decisión de ejecutar a las víctimas y que no hay pruebas que demuestren que él avaló la orden.