El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Asociación Tutela Legal doctora María Julia Castillo han lanzado una iniciativa de recolección de firmas para exigir al Estado salvadoreño justicia y reparación para las víctimas de la masacre El Mozote y caseríos aledaños, cometida por la Fuerza Armada en 1981 en el contexto del conflicto armado interno (1980-1992).
“Es urgente exigir y presionar a las autoridades para que haya una mayor transparencia y rigurosidad en la investigación de estos hechos y se cumplan todas las medidas de reparación ordenadas. No podemos permitir que hechos como estos vuelvan a repetirse ni en El Salvador ni en ningún país de América Latina”, señalan la petición.
Ambas organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que “el Estado salvadoreño continúa obstaculizando abiertamente los procesos de acceso a la justicia, verdad y memoria para las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos”.
🔴#ProhibidoOlvidarSV 🇸🇻 | A más de 40 años de la masacre de #ElMozote, las víctimas siguen esperando justicia. El Estado salvadoreño continúa bloqueando el acceso a la verdad y reparación, a pesar de la sentencia de @CorteIDH
— CEJIL (@cejil) October 11, 2024
✍️Firma para exigir justicia👉https://t.co/CDpMxSzwvx pic.twitter.com/mOWz1Jb1g4
En la petición los demandantes piden a la jueza Mirtala Teresa Portillo De la Cruz, finalizar la fase preliminar de la investigación e iniciar la etapa de juicio para avanzar con la sanción de los responsables, conforme a lo dictado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitida en 2012.
Cejil y Tutela Legal exponen que la excesiva prolongación de la fase investigativa en el proceso penal ha obstaculizado el acceso a la justicia para las víctimas y sobrevivientes, de los cuales en el transcurso de este largo proceso, han fallecido más de 131 (familiares y sobrevivientes) y tres implicados procesados.
“Ya no se puede esperar más, El Salvador merece avanzar hacia el futuro, visibilizar los acontecimientos, hacer viva la memoria y luchar por la verdad y la justicia, saldando las deudas con su pasado y asegurando que estos horrores no vuelvan a repetirse jamás”, agregan.
El caso penal contra los responsables de la matanza que dejó más de 1,000 muertos fue reabierto, tras la derogación de la Ley de Amnistía en 2016 y aunque el proceso avanzó en los últimos años acercándose al juicio, este sufrió un revés con el cambio de juez.
Abogados representantes de los familiares de las víctimas han denunciado una serie de obstáculos para llevar a juicio a los 13 militares imputados como responsables de la matanza de más de 1,000 personas civiles, desde la asignación de la jueza Portillo de la Cruz
David Morales, abogado querellante, explicó en marzo de este año que entres esas acciones que violentan el debido proceso es “un permanente bloqueo del expediente judicial contra la acusación particular”.
Morales explicó que durante 10 meses el juzgado no les permitió tener ningún tipo de acceso al expediente, ni a las copias del proceso judicial.
Asimismo explicó que se reestructuró el expediente, el cual ya tenía casi 200 piezas (cerca de 40,000 folios) de información procesada, sistematizada y ordenada por ambas partes, sin que exista una resolución fundamentada por el Tribunal o la jueza Portilo De la Cruz.
Para el jurista, otras diligencias, que pudieran retrasar la investigación de forma indefinida, es la orden de la jueza de investigar a los 1,200 soldados que integraban el Batallón Atlacatl de 1981 y la repetición de entrevista a los sobrevivientes, causando una revictimización.
La iniciativa para exigir justicia para las víctimas de la masacre El Mozote incluye una campaña en Facebook, X (antes Twitter) e Instagram con el hashtag #ProhibidoOlvidarSV en la que puede participar cualquier persona que desee unirse.
El proceso judicial del caso El Mozote inició en 1990 bajo el Código Penal de 1974, pero debido a la Ley de Amnistía estuvo cerrado por 23 años, hasta que fue abierto en octubre de 2016.