La Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), Tutela Legal Dra. María Julia Hernández y Cristosal cuestionaron que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa no haya consultado la opinión de sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre de El Mozote, perpetrada en 1981 durante el conflicto armado, para la ley que pretende aprobar este martes la Asamblea Legislativa.
Se trata de la “Ley Especial Transitoria para establecer el estado familiar, filiación y nacimiento o muerte de víctimas de las masacres de El Mozote y lugares aledaños”, la cual fue promovida desde el Ejecutivo, y que los diputados se disponen a dar luz verde durante la plenaria de este martes.
Las organizaciones de la sociedad civil pidieron a los legisladores “abstenerse de aprobar el proyecto en cuestión”, pues, según plantean, no contaron con los involucrados en la temática tal y como lo ordena la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Criticaron, también, algunos cambios que obtuvo el dictamen acordado, entre estos que “corresponderá a las víctimas y familiares sufragar el pago" por los servicios notariales que requieran.
“Rechazamos que en el proceso de elaboración de Ley la comisión (legislativa) solo haya escuchado a representantes del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, sin tomar en cuenta a las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas, a pesar de tratarse de una normativa que tiene relación directa con los problemas de documentación que se les presenta para tener acceso a las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el año 2012”, manifestaron a través de un comunicado.
Señalaron que la manera en que fue discutido el anteproyecto de ley “impide el estudio y análisis de la normativa por parte de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos que las representan” y que eso les obstaculizó “la presentación de posibles propuestas de mejora del proyecto de ley", para evitar que se siga "retrasando por varios años la reparación integral de centenares de víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños”.
Advirtieron sobre algunos aspectos que han identificado y que a su criterio requerirían de mayor estudio, entre estos, que “si bien es cierto la ley pretende crear un procedimiento de jurisdicción voluntaria notarial bastante expedito para solventar los problemas de documentación”, criticaron que en “en el dictamen aprobado corresponderá a las víctimas y familiares sufragar el pago de los notarios y notarias”, contrario a lo que establecía la iniciativa original presentada por el Ejecutivo "que contemplaba la gratuidad de dicho servicio notarial”, ya que los gastos de los honorarios serían asumidos por el gobierno.