El Estado salvadoreño no ha cumplido en su totalidad con las medidas de reparación a las víctimas de la masacre de El Mozote, señala la última resolución de supervisión de cumplimiento de la sentencia, publicada el pasado viernes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La última revisión del cumplimiento de la sentencia emitida en 2012 evalúa tres puntos específicos: la difusión de un documental audiovisual sobre las masacres; capacitación sobre derechos humanos a las Fuerzas Armadas y el pago de indemnizaciones a las víctimas.
En los primeros dos puntos, la corte indica que el Estado ha demostrado el cumplimiento tanto de la difusión del documental, como la inclusión de un programa permanente sobre derechos humanos para las Fuerzas Armadas, con enfoque de género y niñez .
Sin embargo, en cuanto al pago de las indemnizaciones, el tribunal señala que el Estado salvadoreño no ha cumplido en su totalidad, por lo que hizo un llamado para acelerar el proceso.
El plazo establecido por la Corte para el pago de las indemnizaciones a las víctimas de la masacre de El Mozote venció hace más de seis años.
"Este Tribunal considera necesario solicitar al Estado adopte las medidas que permitan dar cumplimiento total a la presente reparación a la mayor brevedad posible", destaca la resolución.
"Asimismo, tomando en cuenta que la mayoría de las víctimas del caso son personas mayores, el Estado deberá realizar los pagos con la mayor celeridad posible, para lo cual deberá otorgarles un tratamiento preferencial", agrega.
La resolución indica que son más de 400 víctimas a las que el Estado salvadoreño les adeuda el pago de la indemnización como medida de reparación.
Además la Corte IDH ordena que, aquellas personas que fueron indemnizadas, posteriormente al 11 de noviembre de 2017, fecha de vencimiento del plazo de cinco años desde la notificación de la sentencia, el Estado debe pagarles los intereses moratorios correspondientes.
Otras reparaciones pendientes
Por otra parte, el tribunal interamericano destaca que sigue abierto el proceso de supervisión de cumplimiento de otras medidas de reparación como un registro único de víctimas, la identificación de los funcionarios que han obstaculizado la investigación judicial del caso, la identificación de los posibles sitios de entierros, entre otras.