La cifra de detenidos bajo el régimen de excepción ya asciende a 71,479 personas, a quienes las autoridades de gobierno catalogan como “terroristas”. Ese fue el dato actualizado esta semana por el gabinete de Seguridad de El Salvador y en momentos en que la Asamblea recién aprobó la decimosexta prórroga de la medida.
Sin embargo, las organizaciones civiles protectoras de derechos humanos disienten del discurso oficialista y han evidenciado detenciones arbitrarias y abusos dentro de las cárceles. El propio ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, ha expresado con anterioridad que siempre existe “un margen de error” en las capturas.
La organización de derechos humanos Cristosal reconoce que no todos los 71,479 presos bajo el régimen son inocentes de delitos como agrupaciones ilícitas o extorsiones (motivo de detención), pero que tampoco todos ellos son culpables.
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Al cumplirse un año del régimen de excepción, el pasado 27 de marzo, Cristosal reportaba 3,275 denuncias de capturas arbitrarias. En la actualidad, acumula más de 3,400.
Las cifras reveladas por el gobierno central indicarían que de los al menos 6,314,000 habitantes en el territorio, al menos el 1.13% de la población ha sido detenida y encarcelada.
“El Salvador es el país centroamericano que más está usando poderes de emergencia, las causas que han generado esto es por el tema de seguridad, no necesariamente las cuestiones de seguridad son una causal válida en el punto de vista legal para el uso del régimen de excepción”, lamentó ayer el director de Litigio Estratégico de Cristosal, Abraham Ábrego.
Cristosal identificó los patrones de conductas arbitrarias cometidas durante el régimen: inexistencia de debido proceso, inexistencia de investigaciones previas a las capturas, detenciones ilegales y doble juzgamiento.
Asimismo, la organización registra otras arbitrariedades, como allanamientos ilegales de la morada o domicilio, detención por denuncias anónimas, segunda detención de personas con orden judicial de libertad, detenciones basadas en la existencia de antecedentes penales o policiales, la estigmatización por tatuajes y la ausencia de información a las familias sobre el lugar de reclusión de un pariente detenido.
Cristosal indica, a partir de los testimonios recabados de víctimas, que las condiciones a las que son sometidas las personas encarceladas bajo el régimen de excepción son propias de tratos crueles, inhumanos y degradantes, debido a que sufren hacinamiento, falta de alimentación, asistencia y servicios de salud y medicamentos; a lo que se suman prácticas de tortura, golpizas, castigos, encierro permanente sin acceso luz solar, según algunos casos que ha documentado la organización.
Otras denuncias recabadas dan cuenta de falta de agua para consumo, aseo personal, uso de servicios sanitarios y limpieza de las celdas, entre otros.
Organismos internacionales también han alzado la voz y exigido al Estado salvadoreño finalizar esta medida, la cual lleva más de un año.
“Tras un año de régimen de excepción esta medida punitiva, que ya no es excepcional, ha violado de forma grave y sistemática los derechos humanos, convirtiéndose en un régimen de terror”, señala el último informe de Cristosal.
“Medida punitiva”
Según la jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, Zaira Navas, el régimen de excepción es la única respuesta gubernamental ante el tema de seguridad, y que tras ello es de castigo o una “medida punitiva”
“El régimen de excepción se da en el marco de una estrategia de populismo punitivo y de propaganda gubernamental muy millonaria, por tanto la figura del régimen de excepción es por ahora la única herramienta de política pública en materia de seguridad que tiene este gobierno”, señaló Navas durante la ponencia “Abuso de poder en el norte de Centroamérica”.
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Navas amplió que el régimen de pérdida de garantías constitucionales forma parte de una herramienta de política del Estado “ante la ausencia de políticas integrales de seguridad en materia de prevención, investigación del delito y reinserción social”. Las medidas punitivas estarían castigando no solo a quienes han cometido delitos y la sociedad espera que caiga sobre ellos el peso de la ley.
Las principales víctimas de las capturas arbitrarias registradas por Cristosal son de personas con trabajos como agricultores, comerciantes informales, empleados, jornaleros, mecánicos, de oficios varios y taxistas.
Además de las víctimas de las detenciones arbitrarias, Cristosal reconoce que hay otros sectores vulnerables que están siendo víctimas directas del régimen de excepción y que pagan con acoso o con la misma vida.
“Mujeres, niñas, niños y adolescentes y la población LGTB sufre de los principales impactos del régimen. Se han documentado casos de niños, niñas, adolescentes víctimas de abuso sexual y acoso por parte de policías y soldados porque están solos, mujeres que estaban embarazadas durante la detención, que dieron a luz sin que su familia sepa, hay dos bebés que han muerto días después de haber sido entregados a sus familias”, lamentó Navas.
“El populismo punitivo de Bukele y su gobierno está dispuesto a cometer abusos y violaciones graves a los derechos humanos, incluso crímenes internacionales como torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. El régimen de excepción, además de ser estrategia de populismo punitivo, es una herramienta de propaganda”
DAVID MORALES, JEFE DE JUSTICIA TRANSICIONAL DE CRISTOSAL.
La experta en defensa de derechos humanos también señaló que tanto policías como miembros de la Fuerza Armada han utilizado el régimen de excepción “para ser más impunes, para actuar con abusos extremos y en contra de la población LGTBI”.
Sumado a esto, Cristosal ha contabilizado más de un centenar de muertes bajo custodia del Estado de quienes en específico fueron detenidos bajo el contexto de la pérdida de garantías constitucionales por el régimen.
A la fecha la cifra podría haber aumentado, lamentó Navas.
La medida “punitiva” encaminada a una campaña electoral fue renovada para 30 días más el pasado martes solo con votos de los partidos aliados al gobierno de Bukele, es decir, Nuevas Ideas, GANA, PDC y PCN.
Ante esto la diputada del FMLN, Anabel Belloso, aseguró que es falso que al señalar los abusos del régimen de excepción se defiendan a los pandilleros o a los criminales y que es falso que al no haber un régimen de excepción, todos los criminales van a salir libres.
“Ya hay procedimientos establecidos, si ya la ley dice lo que debe pasar en torno a las personas capturadas. Acá lo utilizan para meter miedo, porque al final el régimen de excepción es una herramienta de este gobierno de control social que hace que la gente tenga temor incluso de expresarse”, explicó a El Diario de Hoy.
Igualmente reaccionó el diputado de ARENA, César Reyes: “Son ustedes (diputados del oficialismo) en sus argumentos los que han aclarado y aceptado que salvadoreños inocentes han sido capturados arbitrariamente, ustedes mismos han afirmado que salvadoreños han sido brutalmente asesinados dentro de los centros penitenciarios con claras muestras de tortura”.
La anterior declaración de Reyes surge luego que el diputado de GANA, Numan Pompilio Salgado, expresara: “¿En qué país del mundo no hay inocentes que están presos y que son puestos a la orden de un juez y este quien determina la culpabilidad o no? Inocentes presos hay en todo lugar”.
Impacto ante el régimen en sectores vulnerables
Al menos seis serían los impactos que están afectando a mujeres, menores de edad y personas de la comunidad LGTB según los datos recabados por Cristosal.
-La organización documentó casos de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de acoso y abusos sexuales por parte de policías y soldados.
-Muchas mujeres detenidas estaban embarazadas al momento de su detención y han dado a luz sin que sus familias sepan si su hijo o hija nació, tampoco cuál es el estado de salud de ambos.
-Muchas mujeres desmejoran sus condiciones de vida cuando dependen económicamente de su familiar capturado.
-Asignación adicional de tareas de crianza y cuidados.
-Pérdida del proyecto de vida, principalmente cuando dejan de estudiar o pierden sus emprendimientos o empleos.
-Tanto policías como miembros de la Fuerza Armada han tenido en el régimen de excepción un marco de impunidad para actuar mediante abusos extremos en contra de la población LGTB.
“El Salvador es el país (centroamericano) que más está usando poderes de emergencia, las causas que han generado esto es por el tema de seguridad, que no necesariamente son una causal válida en el punto de vista legal para el uso del régimen de excepción”
Abraham Ábrego, Director de litigio estratégico, cristosal