Durante el último año se registraron 2,517 embarazos en niñas y adolescentes; aunque esto representa una importante reducción de los casos, continúa siendo una cifra alarmante para diferentes organizaciones.
Según los datos publicados por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en su reciente informe sobre los hechos de violencia sexual ocurridos en nuestro país entre 2019-2023, se tiene un promedio anual de 11,159 embarazos en menores a lo largo de esos años.
Las cifras obtenidas a través de informes oficiales y otras entidades que velan por los derechos de la mujer reflejan que en 2023 ocurrió una disminución de casos frente a los 10,352 registrados un año antes por las autoridades.
Desde 2019 hasta marzo de 2023, OUDH contabiliza un total de 47,152 embarazos en menores de edad.
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El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), sostiene que esta situación responde a diferentes factores que deben atenderse, como el abandono escolar, las uniones en edades tempranas y la violencia sexual.
En el 2022, el Instituto de Medicina Legal (IML) realizó 2,019 peritajes por violencia sexual en niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años.
Los departamentos que aglomeran la mayor cantidad poblacional hasta la actualidad, son los que reportan la mayor cantidad de víctimas.
El informe del Observatorio Universitario destaca que San Salvador ha registrado 7,321 casos de embarazos en menores, lo cual representa el 16% a nivel nacional y es el departamento con mayor número de embarazos en niñas y adolescentes.
Mientras que La Libertad y Sonsonate lo siguen de cerca con 11% de los casos registrados en el territorio nacional.
Es importante tomar en cuenta que el 71% de las denuncias interpuestas por violencia sexual provienen de víctimas con edades entre desde los 0-19 años, mientras que las mujeres jóvenes solo representan el 16% de las denuncias.
Las denuncias han permitido identificar los lugares en los que se llevaron a cabo los hechos de violencia sexual que prominentemente ocurrieron en el hogar del 54% de las víctimas.
En los registros de hechos de violencia sexual reportados por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública no se evidencia la problemática de los embarazos en niñas y adolescentes. Este aspecto únicamente es reflejado en las estadísticas de salud pública, provenientes del Ministerio de Salud.
Jorge Rodríguez, coordinador del OUDH, detalló que se ha trabajado a través de monitoreos independientes para obtener un panorama más completo de la problemática.
“Se calcula una tasa promedio de 1981 embarazos por cada 100,000 niñas. No todos los registros de estos embarazos tienen indicios de hechos de violencia; sin embargo, al ver estos datos a la luz de los antecedentes de patrones de abuso y las caracteristicas de la violencia (...) quizá no la totalidad sea realicionadas a hechos de violencia sexual; muchas de ellas deberían poner sobre la mesa la necesidad de crear o reforzar los mecanismos y protocolos para identificar ciclos de violencia en el interior de las familias”, agregó Rodríguez.
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En 2015, El Salvador tenía aproximadamente 25,000 casos de embarazos en menores de edad, por lo que Mario Iraheta, representante auxiliar del UNFPA, consideró que ese número “ha venido experimentado descensos y eso nos alegra, porque ha habido un trabajo de múltiples actores para poder reducir los embarazos en niñas y adolescentes”; luego agregó que “esa es una muy buena noticia; pero todavía falta”.
A través de la base de datos del Observatorio de derecho sexual y derecho reproductivo de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), detalló que el 69% de los embarazos en niñas y adolescentes provenían de las zonas rurales del país.
Para la organización, estos datos enfatizan en la necesidad de impartir Educación Sexual Integral en el sistema educativo, incluyendo población no escolarizada que reside en cantones, caseríos y colonias de los municipios que se encuentran en dentro y las afueras de los perímetros urbanos.
Esto debido a que los embarazos en menores tienen un efecto devastador en el ejercicio de los derechos de las niñas y las adolescentes, generando graves afectaciones para su salud, exponiéndose a complicaciones obstétricas y al desarrollo de enfermedades crónicas.
Entre 2019 y 2023, El Salvador ha experimentado un notable incremento en los casos judiciales relacionados con violencia sexual, reflejando una tendencia al alza en las etapas de procesamiento de estos delitos.
En total, se iniciaron 10,295 procesos durante este período, de los cuales 9,467 fueron enviados a la etapa de instrucción, evidenciando un aumento significativo especialmente entre 2021 y 2023.