El Salvador será evaluado nuevamente para exponer los avances o retrocesos en materia de derechos humanos, a través del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el lunes 20 de enero de 2025.
Previo a este proceso, organizaciones civiles, religiosas, académicas y otras entidades no gubernamentales han presentado al menos 17 informes, los cuales señalan irregularidades en temas como medio ambiente, seguridad, derechos económicos, sociales y culturales, defensa de derechos humanos, niñez y adolescencia, derechos de las personas LGBTIQ y educación superior.
La reunión tendrá lugar en Ginebra, Suiza, el próximo lunes, y esta será la cuarta ocasión en la que El Salvador se someterá a una exhaustiva revisión.
“Estas preocupaciones que hemos externado, tanto en la prensa como en todas las organizaciones defensoras de derechos humanos, esperamos que tengan eco en la comunidad internacional”, señaló Juan Carlos Sánchez, de la Fundación para el Debido Proceso, quien forma parte de este grupo de iniciativas. Agregó que “todo gobierno, y este en particular, tiene un interés especial en que esos exámenes no le pasen una factura demasiado alta. Por lo tanto, hay una estrategia desplegada para que la comunidad internacional reconozca los avances y logros del gobierno”.
El Salvador es uno de los 14 países que serán revisados durante la próxima sesión del EPU, que tendrá lugar entre el 20 y el 31 de enero de 2025.
Sociedad civil a ONU: El Salvador retrocede en derechos humanos
Se sabe que las autoridades gubernamentales presentaron la información solicitada en tiempo y forma. El ciclo del EPU permite que los reportes presentados por cada país sean contrastados y se brinden aportes desde perspectivas internacionales sobre la situación de cada uno. Este proceso incluye sugerencias y medidas de acción para corregir el rumbo.
El representante de la Fundación para el Debido Proceso destacó que la importancia de esta actividad radica en que “se trata de una evaluación horizontal, en la que entre pares se expresan sus preocupaciones y recomiendan al Estado, que de buena fe ha asumido obligaciones internacionales”. Sánchez ejemplificó: “Es algo así como decir: ‘Aquí todos nos hemos comprometido, ¿por qué estás haciendo esto? Te recomiendo resolverlo’”.
El Salvador se ha sometido previamente a esta evaluación en tres ocasiones: en febrero de 2010, octubre de 2014 y noviembre de 2019.
Sánchez recalcó que “por eso es importante, porque no se trata, como algunos intentan hacer creer, de personas que trabajamos en derechos humanos, que somos los mismos de siempre, los que estamos maltratando al gobierno y desprestigiándolo. Aquí se trata de los Estados; lo que surja en este proceso es una opinión representativa de lo que el mundo está pensando sobre El Salvador”.
Gerardo Alegría, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en El Salvador, destacó que el EPU es uno de los mecanismos para apoyar a los Estados a cumplir sus obligaciones, revisar sus avances y desafíos.
“Un grupo de países que se han inscrito para hacer recomendaciones plantean su valoración sobre los derechos humanos, lo que dejará un conjunto de reconocimientos y recomendaciones que el Estado debe analizar y tomar una postura, ya sea aceptar las recomendaciones o simplemente ‘tomar nota’. Esto no significa que esté aceptando un compromiso inmediato sobre los señalamientos”, detalló Alegría.
Se espera que entre marzo y junio, las autoridades tomen una postura oficial sobre las recomendaciones que aceptarían incluir en su agenda de trabajo.
Retrocesos al Estado de Derecho en el país se agravaron este 2024
Retrocesos en el Estado de Derecho
Desde 2021, se ha producido un marcado retroceso en el Estado de Derecho, según un análisis realizado por especialistas consultados por El Diario de Hoy, quienes señalaron que el primer paso importante fue la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en mayo de ese año.
Otro hito relevante fue el retiro obligado de jueces de diversos tribunales en 2021, seguido de una constante cooptación de las instituciones, que ahora siguen los lineamientos del Ejecutivo.
Danilo Flores, coordinador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, señaló que la crisis del Estado de Derecho se profundizó con la candidatura y reelección de Nayib Bukele como presidente de la República.
Jiovanni Fuentes, coordinador de proyectos de Transparencia y Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), coincidió en que el Estado de Derecho está en una situación comprometida debido a la cooptación del sistema judicial.