Si cualquiera de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) vota a favor de inscribir la candidatura del actual presidente Nayib Bukele para las elecciones presidenciales de 2024, “estarían cometiendo el delito de prevaricato y responderán ante la Justicia por esa decisión ilegal”, manifestó Jonathan Sisco, técnico jurídico de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal.
Desde que la Sala de lo Constitucional impuesta por la Asamblea de Bukele resolvió en septiembre de 2021 que era procedente la reelección presidencial inmediata, los magistrados del TSE emitieron un comunicado oficial manifestando que acatarán lo que la Sala ha ordenado, pese a que la Constitución prohíbe la reelección presidencial inmediata. El mandatario deberá esperar 10 años después de terminar su gestión para optar de nuevo al cargo.
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Sin embargo, el TSE dijo en su momento que el “máximo organismo electoral de la República acatará las disposiciones emitidas por el máximo tribunal del país en materia constitucional, en las cuales se establece la opción de inscripción al presidente de la República como candidato a la Presidencia de la República para un segundo término; si éste así lo desea y si un partido político legalmente inscrito lo postula para dicho cargo”.
Recientemente, el magistrado electoral, Noel Orellana, también enfatizó en una entrevista de TCS que están obligados a obedecer los fallos de la Sala de lo Constitucional, del tipo que sean.
Pero de acuerdo a Sisco y a otros abogados consultados por El Diario de Hoy, como José Marinero, presidente de DTJ, la resolución que los magistrados del TSE expresaron que obedecerán no tiene “valor jurídico” y contraría lo que reza la Constitución de la República en los artículos 152 ordinal primero y 154.
Recordó que los magistrados de la Sala de lo Constitucional impuestos cometieron un “grave error” al dictar una resolución que abre la puerta a la reelección presidencial inmediata.
Según dijo, como resultado de lo anterior los actuales magistrados impuestos fueron incluidos en la lista Engel como actores “corruptos y antidemocráticos, no debemos olvidar que las decisiones ilegales de los funcionarios tienen consecuencias, pues la justicia tarda pero llega”, aclaró Sisco.