El magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Guillermo Wellman, considera que los partidos políticos salvadoreños se encuentran en una situación de decadencia; por lo que deben trabajar en volver a ganarse la confianza de la población.
“Los partidos políticos tienen que tener una visión diferente, pero si no lo hacen están listos para que les echen la palada y que la misma población se los acabe. Tiene que haber un cambio radical en su forma de pensar y de actuar”, dijo este lunes.
Wellman señaló que la advertencia sobre la urgencia de la renovación en los institutos políticos la manifestó desde tiempo atrás. En las pasadas elecciones, el partido Cambio Democrático (CD) y Nuestro Tiempo no alcanzaron los votos legislativos suficientes y fueron cancelados.
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El FMLN y ARENA compitieron en todas las elecciones, el primero solo obtuvo dos curules en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y ninguno en la Asamblea Legislativa; mientras que el partido tricolor una alcaldía, dos diputaciones en la Asamblea Legislativa y una en el PARLACEN. En el caso de Nuevas Ideas perdió caudal de votos en las municipales, creciendo un poco los partidos GANA, PDC y PCN.
“Tienen que mirar hacia el futuro, tienen que borrar esa desconfianza electoral”, añadió el funcionario.
Wellman enfatizó en la urgencia de la renovación que necesitan cada uno de los partidos políticos y mencionó que cuenta con conocimiento de la política local desde el gobierno de Arturo Molina hasta el actual.
Diferentes encuestas de opinión reflejaron en 2023 y 2024 que la población salvadoreña no simpatizaba con la mayoría de los trece partidos políticos que estuvieron legalmente inscritos para competir en las elecciones nacionales de este año.
Insta a la modernización de los procesos electorales
El magistrado Wellman si bien no garantiza que sea propuesto y elegido para continuar como magistrado del Tribunal, recalcó en la entrevista Frente a Frente de TCS que urge una modernización de todo el aparato electoral en el país, tal como lo realizan otras naciones, como Uruguay.
“Si pudiera la elección de 2027 la haría totalmente electrónica en El Salvador y en el exterior”, consideró Wellman.
Para el funcionario, la desconfianza dentro del proceso electoral no viene determinada por el uso de las tecnologías, sino “por los actores políticos”.
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Por tanto, Wellman considera que ya no se debe detener la modernización que como colegiado han implementado: “Por eso es que me gusta el Tribunal Supremo Electoral, por lo nuevo que se viene en los procesos electorales”.
En las elecciones del 2021 se estrenó el uso de la tecnología en mesa para la transmisión de las actas de manera digital por primera vez en las elecciones nacionales. Este mismo equipo fue el utilizado para la transmisión de resultados preliminares en las elecciones de 2024, donde se registraron varias anomalías en el sistema durante el levantamiento de datos de las actas de las elecciones del 4 febrero, lo que Wellman calificó como un “pequeño percance”.
División de funciones del TSE
Wellman asegura que conviene que en un futuro las competencias (administrativas y judiciales) del TSE se dividan, partiendo de que tienen una basta cantidad de resoluciones judiciales pendientes de resolver.
Propone que al hacer esa división de funciones se deban elegir tres magistraturas propietarias y tres consejeros propietarios.
“Esto es importante, porque no podemos confundir la justicia electoral con la justicia ordinaria, o sea, el componente político”, especificó.
El magistrado confirmó el dato que compartió El Diario de Hoy sobre la fecha de la rendición de cuentas y presentación de la memoria de las elecciones de 2024, la cual será el próximo 23 de julio.
"Ya tenemos los informes finales de las auditorías. En el voto en el exterior no tenemos ningún señalamiento fuerte por parte de las auditorías . CGTS en su informe a la auditoría en el voto nacional aclara el por qué se falló en la transmisión de datos y no tanto en la transmisión, sino en la divulgación de resultados", adelantó.
Finalmente, Wellman no descartó que después del 31 de julio que termina sus funciones en el organismo, retome las actividades en su oficina como abogado y notario.