Vida de niña en riesgo al estar presa junto a su madre

Daniela N., de dos años de edad, no conoce a su abuelo o a sus tías. De su familia conoce solamente a su mamá, María N., porque comparte una celda con ella y otras mujeres presas en el penal de Izalco, lugar donde nació porque su madre está detenida bajo las reglas del régimen de excepción.

La familia de María N., de 22 años de edad, ha logrado obtener algo de información y saben que ella, varias veces, ha sido vista en el Hospital Nacional de Sonsonate "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", donde llevan a consulta, o ya fallecidas, a las personas que están detenidas en la granja penitenciaria de Izalco.

María N. se sabe de memoria el número de celular de su papá y cada vez que la llevan de emergencias al hospital, ella busca la ayuda de alguna persona con celular para que le haga el favor de enviar fotos o mensajes para que sepa cómo se encuentran las dos. Por estas imágenes enviadas, los familiares han logrado saber que logró dar a luz a la niña que tenía en su vientre  de seis meses el día que fue detenida.

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En las fotos ven a una mujer totalmente distinta a la que conocen, sus rasgos se ven decaídos, pero su mayor preocupación es la pequeña niña, ya que se le ven sus piernas y brazos totalmente delgados y el vientre muy abultado. “Papá, la niña no me sube de peso y me está convulsionando”, dice uno de los últimos mensajes que logró enviar María N. a su padre.

Esto le genera un sentimiento de impotencia al abuelo, ya que mes a mes va a dejarle paquetes sin poder ayudarlas u obtener algún tipo de información. Normalmente, una persona gasta entre $100 a $130 en un paquete, pero al tener también a la menor detenida, gastan alrededor de $180 para intentar que le lleguen medicinas que le ayuden a nutrirse, a comer mejor y algunos juguetes para que se entretenga. 

“Nosotros intentamos mandar algunas cositas, pero sabemos que posiblemente se lo quiten, aunque esperamos que al menos uno de los juguetes se lo dejen pasar”, comentó la hermana de María N.

Detención arbitraria

María N. vivía junto a su pareja, Juan Francisco A. M., de 23 años de edad, un reconocido agricultor y albañil de la zona de Aguilares, en San Salvador norte. 

Anteriormente, sus días eran esquivar el acoso de los pandilleros que vivían en su comunidad. Una vez llegado el régimen, lograron sentirse más tranquilos, por lo que Juan comenzó a vestirse como él deseaba, más extrovertido, a teñirse el pelo e, incluso, se tatuó el nombre de su esposa. 

"El que nada debe, nada teme", recuerda la familia de María N. que repetía Juan en cuando se le advertía que debía llamar menos la atención de policías y soldados. El 10 de mayo de 2022, dos meses después de decretar por primera vez el régimen de excepción, fueron detenidos.

El padre de María N. es un policía retirado, así que cuando llegó frente a su casa un grupo de militares junto a un agente de la PNC le sorprendió, y más aún al ver que llevaban en la cama del pick-up a su yerno.

A Juan lo habían detenido minutos antes mientras trabajaba en la construcción de una vivienda. Los agentes lo vieron con el pelo teñido y unos pantalones más ajustados de lo normal y eso les bastó para que lo detuvieran y lo obligaron a mostrar donde vive su familia.

María N. salió a recibirlo con su evidente estado de embarazo y de la mano de su hijo mayor que tenía cuatro años en ese momento. Ella se acercó para saber cómo poder ayudar para esclarecer que su pareja es inocente, pero en cambio el policía empezó a interrogarla y también le pidió su documento de identidad.

Ella no tiene DUI por un problema con sus apellidos que aparecen en su partida de nacimiento, por un error cuando la asentaron en la alcaldía el día que nació. 

Por eso usaba su carnet de minoridad para hacer trámites legales, así que el policía la detuvo también por “indocumentada”. 

Su padre trató de alegar con el agente. “Yo fui policía, conozco las leyes y lo que está haciendo no es correcto. No se puede llevar a una persona solo porque sí”, le dijo y entonces fue amenazado de que también se lo iban a llevar si seguía cuestionando. A María N. la subieron también a la patrulla, al lado de Juan.

La familia fue a la delegación de la PNC de Aguilares para seguir intentando que la liberaran y ahí preguntaron por una joven que acababan de llevar por “indocumentada”, a lo que el agente encargado les comentó que ahí no había nadie por ese supuesto delito, sino solo por agrupaciones ilícitas.

Desde entonces, la hermana de María N. ha tomado la custodia de su sobrino y su padre ha sido el encargado de hacer los trámites para buscar la libertad de su hija y llevar los paquetes de víveres y artículos de higiene a Izalco. 

Sienten impotencia, ya que temen que la niña muera en la cárcel por su mal estado de salud y el ambiente en que está. "Esperamos que pronto salgan libres las dos y así poder cuidarlas y que se levanten de nuevo", comentó el padre y abuelo.

María N., antes de ser detenida, tenía la meta de abrir un local de cosmetología junto a su hermana mayor. Estudiaba y en ocasiones trabajaba poniendo uñas acrílicas y pintando o alisando cabello. Por el momento, esos sueños están en pausa.

Búsqueda de libertad

La familia de María N. se ha acercado varias veces a pedir ayuda a la Procuraduría General de la República (PGR). Ya se les asignó un abogado público y en cada ocasión que pueden llegar a la capital, van personalmente a preguntar sobre los avances en el proceso de liberación de la joven y su hija, pero los funcionarios públicos les recomiendan regresar en otra fecha, ya que están saturados de casos. Les dieron un teléfono al que podían consultar para no viajar hasta San Salvador, pero desde hace unos meses ya nadie contesta.

Según la ley de protección a niños y adolescentes, en el artículo 78, todo niño y niña tiene derecho a conocer a sus padres y ser criado por ellos. Esta ley permite que los menores nacidos dentro de los penales permanezcan con su madre durante un tiempo de dos años máximo según el Artículo 52 de la Ley Penitenciaria, la cual busca garantizar que el bebé pueda estar junto a la madre durante el tiempo de crianza; sin embargo, condiciona que el estado del menor debe ser óptimo para su crecimiento y el penal debe contar con un área específica para los nacidos dentro de los penales.

El Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) visitó a la familia de Johana hace un año para conocer en profundidad el caso de la menor detenida junto a su madre y del hijo mayor, actualmente seis años, que está al cargo de la hermana. Hasta la fecha, no han recibido ninguna retroalimentación de esta institución pública.

El Diario de Hoy contactó a múltiples abogados, cuyos nombres se omiten por protección, que han llevado distintos casos del régimen de excepción, de mujeres que han dado a luz en los penales. 

Ellos comentan que existen personas en situaciones similares que aún siguen en proceso, pero la saturación de casos que llegan a la PGR dificulta el poder sacarlos adelante, más con los más de 300 despidos de las 18 sedes de esta institución. Sin embargo, por la delicadeza del caso, se tendría que dar prioridad a la liberación de los menores de edad, ya que ellos no cuentan con un delito y se les debe de respetar sus derechos.

La familia de María N. desea que salgan libres, madre e hija, pero saben que es más urgente la liberación de la menor por su delicado estado de salud. La hermana no comprende cómo es que aún sigue detenida la niña, ya que las autoridades conocen su caso y aunque requiera un mayor compromiso económico y de tiempo, la familia se puede hacer cargo de ambos hijos.

El caso de María N. y su hija es similar al caso de la bebé Génesis, que falleció luego de estar seis meses internada junto a su madre, Marbely Medina, quien continúa detenida a pesar de contar con una carta de liberación. En el caso de Génesis, su abuela, Reyna Aguilar, logró que se la entregaran; sin embargo, a pesar de los esfuerzos para curarla de las enfermedades que contrajo dentro del penal de Santa Ana, falleció. 

• Tanto las identidades de la joven madre como la de la niña han sido cambiadas, para garantizar su protección, conforme a la ley vigente.
• Este medio consultó vía correo electrónico a la Dirección de Centros Penales