Madre denuncia que en Penal de Izalco no permiten evaluación médica de su hijo

El 25 de noviembre de 2013, el entonces jefe de la delegación policial de Santa Ana, comisionado José Luis Mancía Valle, informó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que en los archivos físicos delincuenciales y en la base de datos del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Digitales (AFIS) no existían registros que indicaran que Emmanuel Antonio Aldana Avelar era pandillero o que tenía algún vínculo con esos grupos terroristas.

Emmanuel había recurrido a la PDDH luego de que una persona conocida le entregara un documento en el que aparecía fichado como miembro de la MS-13, lo cual era falso pero le hizo temer por su seguridad. La investigación de la PDDH arrojó que no había registros como tal en la institución policial.

La madre de Emmanuel sospecha que aquella ficha policial fue creada por órdenes de un cabo de la PNC que la extorsionaba con entre $20 y $30 cada 15 días, es decir, cada vez que el agente salía con licencia. Al resistirse a entregarle $200, el cabo le habría hecho una amenaza: “Vergón pues, pero se van a arrepentir”.

Diez años después de ser víctimas de extorsión por parte del cabo de la PNC, Enmanuel y su familia volvieron a sufrir otra acción ilegal de parte de agentes policiales, asegura Ana Gloria Avelar, madre de Emmanuel, quien lleva casi 20 meses en detención, en el penal de Izalco, por una mera arbitrariedad, según afirma la mujer.

El 30 de mayo de 2023, Emmanuel fue capturado en su vivienda, ubicada en Ciudad Real, Santa Ana, donde las autoridades habían instalado un cerco policial para capturar a pandilleros. 

De acuerdo con Gloria, Emmanuel estaba dormido, pues recién había llegado de trabajar en una empresa estadounidense, instalada en Santa Ana, donde tenía siete años de laborar como obrero. A través de una ventana, ella vio llegar a un grupo de policías. Como algunas veces les han ayudado con transporte, Gloria imagino que por eso llegaban y les preguntó qué deseaban. Pero no, no iban por un favor de transporte.

Uno de los policías preguntó si allí vivía Emmanuel Antonio Aldana. Cuando ella les dijo que sí, los agentes dijeron que querían preguntarle algunas cosas. En eso estaban cuando Emmanuel se levantó a ver qué sucedía. Los policías repitieron que querían hacerle unas preguntas, que saliera de la casa.

Ana Gloria le dijo que no saliera e invitó a los policías a entrar a la casa. Lo hizo porque ya había escuchado de muchos casos en los que los policías llegaban a las casas y pedían a las personas que salieran solo para hacerles algunas preguntas, como una forma de engaño para que, una vez afuera, los capturaban.

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Emmanuel le dijo a su madre que no temía nada porque no debía nada. Y salió. Una vez fuera, los policías le preguntaron si era cierto que en la fábrica hubo disturbios. Dos policías vieron a Emmanuel y una foto que andaban en papel. Entre sí, comentaron que no se parecía, pero uno de ellos se alejó unos metros para hablar, supuestamente, con su jefe, a quien le expresó (según una persona que escuchó la llamada) que Emmanuel no se parecía al de la foto. La orden que recibió fue que, de todos modos, lo capturaran. Y se lo llevaron al puesto policial de Ciudad Real.

El caso de Emmanuel se enmarca en una práctica que a policías y soldados les ha permitido hacer capturas arbitrarias, bajo engaños, de acuerdo con lo expresado por Ana Gloria, pues aunque a su hijo lo capturaron mientras descansaba en su casa luego de un turno de trabajo, en el parte policial se consignó que fue capturado in fraganti, es decir, cometiendo un hecho delictivo. 

El documento fue firmado por una mujer y un hombre policías, sin embargo, Ana Gloria asegura que también eso es mentira porque en el grupo que llegó a su vivienda no había ninguna mujer.

“Mi hijo no fumaba, no tomaba y no anda de parrandero; no había forma de que lo agarraran”, asegura Ana Gloria, refiriéndose a lo que llama captura injusta o arbitraria de Emmanuel.

Preso por supuestamente defender a hijo pandillero

El cabo policial que, según Ana Gloria, ordenó hacerle una ficha falsa de pandillero miembro de la MS-13, ascendió a sargento, pero en 2018 y febrero de 2023 fue capturado, tras ser acusado de acoso sexual en contra de mujeres policías, lo cual también derivaba en acoso laboral, pues cuando las compañeras no hacían caso de sus pretensiones, las maltrataba verbalmente, valiéndose de su grado.

De ambos casos salió bien librado, y la institución lo mantenía en sus filas. Pero tan solo un mes después de quedar libre tras la denuncia de acoso sexual, en marzo de 2023 fue capturado bajo el régimen de excepción, junto a su hijo, quien supuestamente es pandillero.

Fuentes policiales aseguraron que cuando un grupo de policías llegó a la casa del sargento a capturar a uno de sus hijos por estar vinculado a una pandilla, entonces los agentes también procedieron a arrestarlo, bajo el delito de colaborador de pandillas.

El sargento estaba a punto de jubilarse a la fecha cuando fue arrestado (marzo de 2023), solo le faltaban dos años para alcanzar la edad de retiro. Documentos a los que este periódico tuvo acceso indican que el pasado 10 de enero cumplió los 60 años, pero ya no pudo jubilarse, pues si bien de las dos acusaciones por acoso sexual salió bien librado, por el régimen de excepción aun continúa preso, junto a su hijo.

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Desobediencia a orden judicial

 De acuerdo con un documento judicial al que se ha tenido acceso, el Tribunal Primero contra el Crimen Organización, juez dos, de Santa Ana, ha ordenado en tres ocasiones al director del centro penal de Izalco, que permita el ingreso de peritos designados por el Instituto de Medicina Legal (IML) para que se practique reconocimiento médico de salud a Emmanuel.

La última de esas órdenes fue emitida el 27 de agosto de 2024, sin embargo, según Ana Gloria, el estado de salud de su hijo sigue siendo una incógnita, pues el director penitenciario ha hecho caso omiso a las tres órdenes judiciales.

La madre afirma que le preocupa el estado de salud de su hijo, pues a la fecha de su captura, tenía un tumor en la mama izquierda, el cual era notable que le iba creciendo, lo cual le causaba un ligero dolor, según le comentó Emmanuel.

“Desde que lo capturaron, nosotros no sabemos si está bien, si está vivo, cómo sigue del tumor. No sabemos nada, sólo creemos que está vivo porque nos reciben el paquete y nos dicen si hay que hacerle depósito o no”, afirmó Ana Gloria.

De acuerdo con la madre del capturado, es ella y sus demás hijos quienes están ayudando a la esposa de Emmanuel con los gastos en que incurren las familias que tienen preso a uno de sus miembros bajo el régimen de excepción.

Emmanuel tiene esposa y un hijo de seis años; a la fecha cuando fue arrestado estaba pagando su casa, es decir, un crédito hipotecario con el Fondo Social para la Vivienda. Para no perder el inmueble, Ana Gloria afirma que es la familia quien lucha por pagar las cuotas mensuales.

Más de 84 mil capturas

El régimen de excepción le ha permitido al Gobierno capturar a más de 84 mil personas desde el 27 de marzo de 2022, cuando fue decretado por la Asamblea Legislativa, como medio para contener una escalada de homicidios desatada por pandillas, que en 72 horas se cobró la vida de más de 85 salvadoreños.

El pasado 6 de enero, miembros del gabinete de seguridad, durante conferencia de prensa afirmaron que del 27 de marzo de 2022 al 31 de diciembre de 2024, a 33 meses de su implementación, registraban 84,260 detenciones.

Sin embargo, de esa cifra, varios miles son personas inocentes que han sido capturadas arbitrariamente, según denuncias de familiares y de organizaciones de la sociedad civil activistas de derechos humanos. El mismo presidente Nayib Bukele lo admitió recientemente en una conferencia de prensa en Costa Rica, en noviembre anterior.

“Las operaciones no son perfectas y sin ninguna intención de dañar a una persona inocente, algunos inocentes son obviamente capturados de la misma manera que ocurre en Francia, Alemania y Japón y en todos los países del mundo. Ya estamos liberándolos. Ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar al 100% de inocentes”, admitió Bukele.

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Por su parte, la organización defensora de derechos humanos, Socorro Jurídico Humanitario (SJH), informó este martes en sus redes sociales que desde que se implementó el régimen de excepción, 359 personas han muerto en prisión; aclaró que de tal cantidad, solo una persona estaba en el Centro Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca, donde supuestamente solo hay miembros de pandillas.