Desde hace más de un año, cada día se ha vuelto más largo y pesado para Andrea, de 34 años de edad. Ella es una salvadoreña radicada en Estados Unidos y que, desde el 30 de agosto de 2021, perdió todo contacto con su pequeña hija, Alejandra, de solo seis años.
El padre de la menor y exesposo de Andrea, Fernando, de 38 años, es otro connacional con ciudadanía estadounidense y convenció a la madre de traer de paseo a la hija de ambos por primera vez a El Salvador.
Era un 21 de julio de 2021 cuando arribaron al aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero, provenientes de Estados Unidos.
Andrea tiene la custodia total de Alejandra y autorizó a Fernando para que llevara a su hija por una semana a su país de origen, pues esta estaba a punto de iniciar un nuevo nivel escolar. Sin embargo, ante una ligera tos de la menor, el padre pospuso el retorno a Estados Unidos, debido a las restricciones de ingreso a ese país por la emergencia de covid-19.
Tras la recuperación de la menor, Fernando reprogramó el vuelo para el 30 de agosto.
“Le llamé en la mañana, me dijo que el vuelo salía a las 6 de la tarde, pero nunca llegó”, relata Andrea, quien narra su pesar mediante una llamada desde los Estados Unidos. Esa fue la última vez que supo de su hija.
La madre llamó a la aerolínea y esta le informó que su exesposo había cancelado el vuelo.
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Sin tener rastro de él y de su hija, Andrea acudió a las autoridades en Estados Unidos con el amparo de la Ley Internacional Civil referente a la sustracción internacional de menores.
Desde ese país, se difundió su búsqueda internacional, manifiesta la madre, quien además interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR).
La incertidumbre sobre el caso fue conocida por organizaciones e iglesias locales, quienes lo difundieron en redes sociales en noviembre del año pasado. La ley en Estados Unidos clasifica este tipo de acciones como secuestro parental; sin embargo, las autoridades de ese país continúan sin darle respuesta a Andrea.
Las autoridades salvadoreñas tampoco le han informado sobre algún avance en la investigación.
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“Me dijeron que no saben nada aún”, afirma la madre de Alejandra. Esta ha sido la respuesta constante tras múltiples llamadas a la FGR desde hace más de un año. La última, el pasado 31 de octubre.
El silencio
Tras recibir el caso, la Policía Nacional Civil visitó a los familiares de Fernando en el departamento de La Libertad, pues fue con quienes él y su hija permanecieron al llegar a territorio salvadoreño, pero estos aseguran que también han perdido el contacto con el exesposo de Andrea y que no tienen información sobre él y la pequeña.
Eso mismo han expresado otros parientes de Fernando, que radican en Estados Unidos, en donde existe una difusión de búsqueda de ambos.
Ni la familia de el padre de Alejandra, ni las autoridades estadounidenses, ni el Ministerio Público salvadoreño dan luces del paradero del hombre y su hija.
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“Solo me dicen que hay que seguir esperando”, dice Andrea con ansiedad.
Ella recuerda de manera vivaz la risa de Alejandra, sus cabellos castaños, sus ojos cafés, su cuerpo delgado, los paseos juntas por la ciudad en que residen en Estados Unidos y lo inseparables que eran.
“Nunca sospeché de él, decía que amaba a su hija, no pensé que él fuera capaz de hacer tanto daño”, lamenta.
Desde la distancia, Andrea le pide al padre de la menor “que piense sobre todo en su hija, porque le está causando un gran daño emocional y psicológico al esconderla de mí, que piense en la felicidad de ella”.
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Entre el silencio que ensombrece el caso, Andrea presume que Fernando y su hija pueden estar en “otro país de Centroamérica, porque él fácilmente puede pagar a alguien para que lo pase a otro país sin presentar documento ni nada”, reflexiona la madre de la menor.
“Se trata de una niña inocente que no sabe lo que sucede a su alrededor, pido que le pongan interés al caso”, clama Andrea.
Los nombres en este artículo han sido modificados por razones de seguridad de sus protagonistas.