El candidato presidencial de Nuestro Tiempo, Luis Parada, declaró que de llegar al gobierno se apegará a la disposición de la Constitución de la República sobre el régimen de excepción, con el que el gobierno suspende derechos y garantías de salvadoreños.
Entrevistado en el programa Frente a Frente de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), Parada citó el artículo 31 de la Carta Magna que dice: “Cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron la suspensión de las garantías constitucionales, la Asamblea Legislativa o el Consejo de Ministros, según el caso, deberá restablecer tales garantías”.
El gobierno decretó el régimen de excepción en marzo de 2022, después de una ola de asesinatos en sólo tres días.
El estado de excepción ampara las capturas masivas de supuestos pandilleros y suspende garantías tales como el derecho de un detenido a ser mostrado ante un juez en no más de 72 horas.
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Mediante este mecanismo, la Policía ha capturado a más de 70,000 personas a las que ha acusado de ser de pandillas o colaborar con ellas, pero ha tenido que liberar a 5,000 que se comprobó que eran inocentes después de varios meses de estar en prisión. Más de 150 de esas personas han muerto en prisión.
Tanto Parada como su compañera de fórmula, Celia Medrano, coinciden en que no se puede mantener un régimen de excepción de forma indefinida, pero es importante evaluarlo a la luz de la Carta Magna.
“No sabemos de dónde viene (la causa del actual estado de excepción), no sabemos qué pactos ha habido alrededor de esto, es muy difícil tomar decisiones sin saber, cuando se nos ha ocultado toda la información alrededor de este régimen permanente de suspensión de garantías constitucionales”, explicó Medrano.
La fórmula presidencial recordó que una investigación periodística señaló que el gobierno actual continuó las negociaciones con estructuras delictivas. “El artículo de El Faro que contiene el audio de Carlos Marroquín (director del Tejido Social) platicando con los miembros de las pandillas, ahí se ve que ese incidente (la matanza de marzo) fue provocado por el mismo gobierno”, señaló Parada.
“Cuando se dice que se condena a personas que están vinculadas a la delincuencia y la criminalidad organizada, también debe de condenarse a quienes han sido parte de negociaciones con estos grupos” , apuntó Medrano.
Por otra parte, tanto Parada como Medrano se consideran defensores de la vida, pero señalan que el Estado salvadoreño no ha garantizado justicia a las mujeres más pobres que han sufrido de diferentes emergencias obstétricas y se les ha condenado por homicidio, tal como ocurrió en el caso de Manuela.
“No se trata de promover algo, sino de regular de una forma diferente de como se está regulando en estos momentos”, dijo Luis Parada.