Durante los últimos 20 años, los sucesivos gobiernos han decretado leyes antimaras, barrido colonias con redadas masivas, aumentado penas de cárcel, declarado “terroristas” a las pandillas, intervenido prisiones y hasta “facilitado” “treguas”, como en 2012. ¿Cuál será el resultado de los actuales procedimientos?
En el gobierno de Francisco Flores se lanzó el primer plan Mano Dura con leyes antimaras y capturas masivas y solo por el hecho de pertenecer a una pandilla se puede acreditar una pena de 30 años de prisión. En los operativos intervinieron la policía y el Ejército. Ahora ocurre lo mismo.
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Durante el gobierno de Elías Antonio Saca se intentó declarar “terroristas” a las pandillas e imponerles penas draconianas, pero esto fue rechazado por los jueces. En 2017, la Sala de lo Constitucional declaró terroristas a las maras y ahora el gobierno se basa en esa sentencia para perseguirlas como tales.
El gobierno de Mauricio Funes “facilitó” una tregua de pandillas en 2012, la que se rompió un año después. El Gobierno de Estados Unidos denunció que en el último año hubo un “pacto” con la participación de funcionarios del actual gobierno y ha reclamado que por la negativa de la administración de Nayib Bukele a extraditar a cabecillas de pandillas reclamados por crímenes en aquel país.