Habitantes de Los Chorros tienen dos semanas para desalojar sus casas

Las manos de los más pequeños quedaron estampadas con pintura negra sobre una pared sin repello, de color verde, como señales de que en la casa en abandono hubo, no hace mucho tiempo, un hogar lleno de vida. La luz del día se filtra cayendo sobre ese muro; en una esquina, unos tenis color gris con rosado resaltan entre las hojas marchitas que han caído en lo que era una habitación, ya que la casa ya no tiene techo que la defienda de la intemperie.

En otra casa quedó un ropero con las gavetas abiertas y sin ropa. Los dueños de la vivienda tomaron lo que pudieron para buscar un nuevo destino donde vivir, ya que tuvieron que ser desalojados por la construcción del viaducto Francisco Morazán, en la carretera Los Chorros. En una de las casas hasta dejaron atrás un viejo pick up.

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Sobre la carretera, bajando desde Santa Tecla hasta San Juan Opico, se ven los trabajos de demolición ya realizados. Algunas casas ya fueron tiradas a tierra, algunas están en proceso de serlo y otras todavía pereciera que están habitadas porque los dueños se fueron hace un par de días. Había familias que han vivido en la zona por más de 50 años. Son más de 195 familias que viven en las zonas intervenidas, según los datos oficiales del Ministerio de Obras Públicas.

La ampliación del tramo de Los Chorros, una vía famosa por sus frecuentes congestionamientos, es por el momento el único megaproyecto ya en construcción gestionado completamente por el gobierno de Nayib Bukele en cuatro años y medio en el poder, por eso la convierte en un importante símbolo de éxito, sobre todo si realmente logra mejorar el nivel de vida de las personas que transitan a diario y pierden horas en el tráfico.

"Nos dieron a elegir, dinero o una casa", comentó un habitante al cual llamaremos Pedro para proteger su identidad, porque el miedo a represalias de parte de las autoridades por dar una opinión es el pan de cada día con que se topan los periodistas en la actualidad. Pedro comentó que aún está buscando llegar a un acuerdo con los encargados de la obra antes de comenzar a buscar un nuevo espacio donde mudarse.

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Pedro prefirió escoger la compensación económica en lugar de una nueva vivienda, porque al tener el dinero puede buscar un terreno y construir desde cero una casa a su gusto, contrario a lo que sucedería si acepta una casa y zona que le ofrece el gobierno. Sin embargo, su preocupación es la cantidad de dinero que recibirá, porque hasta la fecha no tiene una cifra exacta.

"Nos van a pagar por vara cuadrada", mencionó, entonces, si el MOPT le ofrece entregarle alrededor de 30 mil dólares por su terreno, esto le dificultaría encontrar otro lugar similar, ya que la mayoría de lotes para viviendas, de igual tamaño que el suyo, están valorados en la zona desde los 55 mil dólares en adelante y en otros lugares, como Santa Tecla o San Juan Opico los precios son aún mayores, por lo que espera que la indemnización sea justa. De otra forma, tendrá que resignarse a ir a vivir lugar de menor calidad que el actual.

Entre dos casas ya deshabitadas vive Sara, también nombre ficticio, junto con su perro Bruno. Solo ella se ha quedado en el terreno familiar; su madre y su tía ya se fueron tras llegar a un acuerdo con los encargados del proyecto. Está cuidando para que no lleguen ladrones a intentar robar sus pertenencias, ya que al ver las casas contiguas ya están desarmadas, pueden pensar que su casa está abandonada.

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Las personas que logran llegar a un acuerdo con el MOPT tienen 15 días para desalojar el lugar con todas sus pertenencias. La casa de Sara tiene un árbol enfrente al que los constructores le han amarrado una cinta amarilla que indica que un perito ya llegó al terreno para hacer mediciones y se establecieron que árboles deben de ser talados para facilitar la entrada de la maquinaria pesada que derrumbará las casas.

Este medio intento encontrar a las personas que fueron beneficiadas con una nueva vivienda, pero los lugareños mencionaron que aún no se les ha entregado nada, por lo que se han mudado donde familiares o están alquilando.

También se buscó la versión de los que han recibido un reintegro económico para conocer cuánto está pagando el MOPT por las tierras, pero se negaron a proporcionar dicha información por discreción, pero también por temor a que las autoridades den marcha atrás con los pagos como represalia por dar información a la prensa. Se limitaron a decir que no es el precio por el cual están valorados los terrenos. "No pagan el doble. Ni la mitad de lo que vale me darán, pero si no acepto lo que me ofrecen, claramente dijeron que no nos darán nada", dijo en una publicación en redes sociales una habitante que también será desalojada.

En el año 2021, la Asamblea Legislativa creó la "Ley de dominio eminente de inmuebles para obras municipales e instituciones", la cual permite expropiar terrenos al Estado para obras de interés estratégico para la nación, a pesar de que los dueños se opongan y tengan la documentación necesaria para comprobar que el lugar les pertenece.

La ley dice que "los propietarios o poseedores de inmuebles, que se consideren de interés público, podrán ser privados de sus derechos de propiedad o intereses patrimoniales legítimos, previa declaración de utilidad pública o de interés social y con una justa indemnización", es decir, si alguna entidad gubernamental decide hacer una obra pública y una propiedad privada obstruye su paso, con esta ley pueden desalojarla y entregarle al propietario una indemnización que un juez considere justa.

Desalojos al oriente del país

Alrededor de 175 familias son las que deben desalojar los terrenos de las comunidades Condadillo y Flor de Mangle en La Unión por la construcción del aeropuerto del pacífico. A ellos al inicio de las negociaciones en el año 2022, personal de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), les prometió que les entregarían el pago total del terreno de cada familia y que además se le entregaría una vivienda a cada una de ellas, pero luego el trato cambió y pasó a ser igual al acuerdo que tienen los habitantes de Los Chorros. Dinero o casa. Hasta la fecha, aún hay personas que luchan con conservar sus terrenos que han habitado por alrededor de tres décadas debido a la poca indemnización que les quieren dar por sus terrenos. Ya recibieron un ultimátum de CEPA.

En Usulután, según investigó la revista digital Factum, el proyecto de construcción de Surf City II con 12.7 kilómetros de carretera entre las playas de El Cuco (San Miguel) y Punta Mango, se ha afectado a decenas de personas que residen a orilla de la carretera, similar a lo que está ocurriendo en Los Chorros. La Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) obligó a 98 personas particulares a donar parte de sus propiedades, sin ningún pago a cambio. Tanto la Constitución de la República, la Ley de Dominio Eminente de la DOM y hasta las bases de licitación de un contrato por derechos de vía reconocían que las propiedades debían pagarse a sus dueños a través de una indemnización justa, pero esa dependencia del gobierno simplemente no lo hizo.