Un tribunal civil envió el lunes a juicio a la expresidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, por supuesto enriquecimiento ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La fuente indicó que Peña y su hija Ana Virginia Guardado Peña son acusadas "de enriquecimiento ilícito por un monto de 277,482.54 dólares".
Un representante de la Fiscalía indicó que la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador denegó a la defensa de Peña la "finalización anticipada del proceso" y "admitió la totalidad de la prueba" de la Fiscalía.
Agregó que el juicio está convocado para el 16 de noviembre de 2023.
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Según la Fiscalía, a Peña se le señalan 7 supuestas irregularidades en sus declaración de patrimonio en las legislaturas de 2012-2015 y 2015-2018.
En declaraciones a El Diario de Hoy, Peña afirmó que esos más de $270,000 que se le atribuyen como enriquecimiento ilícito "no existen".
"Yo no me he enriquecido de manera ilícita, ni de manera lícita. Hoy publiqué mis declaraciones de probidad comparadas y puede verse que no hubo tal incremento, sino al contrario, pues hubo un poco de decremento porque yo en los últimos años tuve que endeudarme para pagar los tratamientos de mi madre, que en paz descanse", aseveró la exfuncionaria efemelenista.
Peña agregó que tiene documentos que comprueban los orígenes de su patrimonio, por lo que consideró que la demanda de la Fiscalía no debería proceder por la inexistencia de pruebas fehacientes. También señaló que la misma FGR está tratando de invalidar las pruebas que ella misma y su defensa están presentando ante la Cámara Primero de lo Civil.
Peña también dijo a El Diario de Hoy que se considera una "víctima" en este caso ante la ausencia de un debido proceso, y ante la situación actual de falta de separación de poderes en el Estado.
"Yo me siento víctima, hay que decirlo, y lo que me pasa a mí le está pasando a mucha gente que es víctima de la falta de independencia judicial, de la persecución política, y de falta de un debido proceso en el país", dijo la exdiputada.