Cinco líderes campesinos fueron capturados en San Juan Opico días después de que supuestos representantes de una empresa de generación de energía renovable los amenazaron para que desalojaran unas tierras en la finca Argentina. Los terrenos, que según los habitantes de la finca son del Estado, son usados para cultivo de sobrevivencia desde 2020.
Los campesinos capturados son: Isabel Benjamín Amaya Orellana, de 62 años; Jesús Rodríguez Ayala, de 53 años; Juan Antonio Méndez, de 45 años; Julio Alberto Coreas Asturias, de 42 años, y Eduardo Antonio Ramírez Calderón, de 34 años. Ellos fueron detenidos la noche del 28 de febrero durante una redada realizada por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en San Juan Opico y lugares aledaños, en el contexto del régimen de excepción.
Tras la captura, los cinco líderes campesinos fueron señalados en las redes sociales de la PNC y la FGR de ser parte de una estructura de pandilleros que delinquía en los municipios de San Juan Opico y La Libertad, a quienes les atribuían los delitos de homicidios, desaparición de personas y extorsiones.
“Esta madrugada, ejecutamos un operativo en San Juan Opico y Santa Tecla, capturamos a varios pandilleros implicados en diferentes delitos como: - Homicidios - Desaparición de personas - Extorsiones, entre otros. Las órdenes de captura fueron giradas por la @FGR_SV. Además, otros criminales que gracias al Régimen de Excepción, ya guardan prisión y fueron notificados de sus nuevos cargos”, se lee en los tuits publicados por la PNC el 1 de marzo.
Por su parte, la Fiscalía aseguró que con esa capturas “estaban resolviendo” varios casos de homicidios y otros delitos cometidos por integrantes de la Mara Salvatrucha. “Con estas capturas se están resolviendo 12 casos de Homicidio Agravado, 6 intentos de asesinato, 12 casos de Estafa y varios delitos más. Con este operativo se ha dado un duro golpe a la clica Teclas Locos Salvatruchos y a la clica Cascajera, ambas de la MS”, publicó esa institución en un hilo de seis tuits.
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Incluso, el fiscal general Rodolfo Delgado opinó sobre las capturas tras la redada realizada en conjunto con la Fuerza Armada. “Aún quedan criminales en las calles (...) Estos sujetos se escondían en diferentes puntos de La Libertad, creyendo que la justicia no los alcanzaría”, publicó Delgado en su twitter.
Los líderes campesinos fueron acusados formalmente en el Juzgado Especializado de Instrucción B4, de San Salvador, por los delitos de agrupaciones ilícitas y limitación a la libertad de circulación; dos delitos atribuidos a pandilleros.
Sin embargo, el 16 de marzo, ese tribunal resolvió sobreseer definitivamente a los cinco hombres por el delito de agrupaciones ilícitas; levantó la reserva del caso y se declaró incompetente.
El juzgado especializado también envió el caso al Juzgado de Instrucción de San Juan Opico, en donde se lleva como un proceso judicial común por limitación ilegal a la libertad de circulación en perjuicio de dos personas.
Los líderes fueron enviados a prisión durante seis meses mientras sigue el proceso judicial.
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La pelea por la tierra
Tres meses antes a la captura de los cinco líderes campesinos, un grupo de hombres armados llegó hasta la finca Argentina, en el cantón Agua Escondida, e intentaron construir un muro perimetral para tomar posesión de las parcelas donde se ha cultivado desde hace tres años.
En ese sector, en julio de 2020 un grupo de más de 100 veteranos de la Fuerza Armada, excombatientes del FMLN y campesinos sin acceso a tierra se asentó, según ellos con el aval del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), aunque no tienen ningún documento que los respalde. Desde entonces, han lidiado con empresas que dicen ser dueñas de esas tierras. Por lo que han defendido los terrenos estatales, liderados por los cinco capturados.
Sin embargo, ante la llegada de supuestos representantes de una empresa dedicada al rubro de energía, varios de los campesinos fueron al ISTA a solicitar documentación que los respalde ante la amenaza de desalojo.
Según mostraron los afectados, en el ISTA les extendieron un comunicado con fecha del 31 de enero de este año, que explica que el inmueble es parte de otro de mayor extensión, el cual “según Acta de Calificación Técnica de fecha del 27 de julio de 2021 ha sido calificado como Área Natural Protegida” pendiente de transferir al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Es por eso que los agricultores se niegan a ser sacados de esas parcelas, de tal manera que cuando los hombres armados llegaron nuevamente con la intención de negociar con ellos, tampoco aceptaron. En esa ocasión, uno de los hombres advirtió al dirigente Isabel Amaya que la ley iba a fallar a favor de los “que tienen derecho”, según relataron los afectados.
Un poco más de un mes después, la PNC junto con la Fiscalía realizaron las cinco capturas, y los trabajadores de la empresa llegaron nuevamente. Esta vez con camiones cargados de piezas prefabricadas, arena y cemento. Custodiados con vigilantes privados, comenzaron a construir un muro alrededor del terreno que desean desalojar.
Los agricultores que se encuentran en el interior del terreno ya no se opusieron por el temor a ser capturados, pero hacen un llamado al gobierno para que intervenga en la problemática, debido a que ellos aseguran que el terreno es estatal, según el documento que les fue entregado en el Ista, por lo que esperan que sea el Estado el que tome la última palabra.
No es la primera vez que los acusan
Esta no es la primera vez que una persona particular o una empresa dice ser dueña de estas tierras, que según los campesinos le pertenecen al Estado. En 2021, tres de los líderes del grupo fueron capturados y procesados por usurpación, según la denuncia de una sociedad anónima ante el Juzgado de Paz de Opico.
El caso judicial se resolvió con una conciliación, pero los campesinos presentaron un amparo ante la Sala de lo Constitucional, el cual fue aceptado. En el amparo los afectados alegaron que en el proceso no se escuchó la postura de los habitantes del lugar.
En agosto de 2022, el Juzgado de Paz de Opico resolvió una nueva demanda, esta vez interpuesta por una empresa dedicada al rubro de la operación y mantenimiento de generadoras de energía solar y eólica.
Sin embargo, en diciembre de ese año, la Cámara Ambiental de la Segunda Instancia de Santa Tecla anuló la resolución porque el juzgado no logró configurar la usurpación y la reincidencia, además de violar derechos de los acusados al momento de notificar el fallo.
El 1 de febrero de 2023, la Cámara Ambiental reconfirmó su resolución y obligó al Juzgado de Paz de San Juan Opico a reiniciar el proceso judicial en favor de la empresa. Así es como el 24 de febrero en una nueva resolución, el juzgado de Opico le da 15 días a la empresa de energías para entregar un mapa topográfico de su propiedad.
Cuatro días después, el 28 de febrero, fueron detenidos los cinco líderes campesinos. En esta ocasión, son dos personas particulares las que han demandado a los campesinos, que permanecerán seis meses en prisión mientras sigue el proceso judicial.