Los derechos ciudadanos más violentados entre enero y febrero de 2025 fueron los de la libertad de expresión y el de la reunión pacífica, identificó el boletín de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Los resultados de la organización señalaron que entre enero y febrero de 2025, el espacio cívico continuó siendo restringido.
Entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2025 FESPAD registró 32 casos de restricciones a los derechos cívicos: 22 casos contra la libertad de expresión, seis casos contra la reunión pacífica y cuatro casos contra la libertad de asociación.
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En este periodo se registraron 32 casos: 11 casos de personas defensoras, 10 casos de periodistas, cuatro casos de personas manifestantes, tres casos de ciudadanos, dos casos de infoactivistas, un caso de liderazgos sociales y un caso de otras.
“Persisten la estigmatización, el descrédito y el acoso hacia personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas comunicadoras. En general, las organizaciones de la sociedad civil también son blanco de estas acciones. Este panorama refleja el debilitamiento del espacio cívico en el país”, advierte FESPAD.
Esto lo ejemplifican con acciones concretas como el acoso hacia personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas comunicadoras.
“En general, las organizaciones de la sociedad civil también son blanco de estas acciones. Este panorama refleja el debilitamiento del espacio cívico en el país”, advierte.
Otras acciones identificadas en el boletín bimestral son los ataques a infoactivistas, ataques y desacreditaciones de diputados de la Asamblea Legislativa, entre otros funcionarios del gobierno, ya sea a través de redes sociales o medios de comunicación.
“Se ha observado una peligrosa tendencia de criminalización hacia aquellas personas que cuestionan o se oponen a las acciones del gobierno, acompañadas de persecuciones y acoso policial”, añade el boletín.
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La organización ciudadana lamenta que en El Salvador las personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación están siendo criminalizados, en vez de recibir protección.
Otras restricciones
FESPAD indicó que a pesar de los esfuerzos de diferentes sectores de la sociedad civil por mantener la vigilancia y defensa de los derechos fundamentales, continúan las graves restricciones a la libertad de información, la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y una limitada participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas y leyes.
Por otro lado, a casi tres años de vigencia el régimen de excepción sigue con sus prorrogas cada treinta días
En el perfil de los agresores, FESPAD recogió que en 19 casos ocurrieron por funcionarios públicos; en siete, por miembros de la Policía Nacional Civil; en cuatro, de otros y en dos casos por integrantes de la Fiscalía General de la República.
Institucionalidad y democracia
FESPAD señala que a nivel de normativa, durante el período se destaca la afectación al “espacio cívico” tanto individual como colectivo por el régimen de excepción.
Lo anterior, debido a que su implementación “ha generado un clima de censura, intimidación y miedo entre diversos actores de la sociedad civil”.
“Se ha utilizado como un medio de práctica, su aplicación continúa restringiendo y vulnerando los derechos fundamentales de quienes se ven afectados”.
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