Angélica Cárcamo es un rostro conocido. En poco tiempo-entre 2019 y 2021-desde su cargo como presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) se volvió una férrea denunciante de las vulneraciones al ejercicio del periodismo de parte del gobierno del presidente Nayib Bukele.
Luego de un año de ausencia, tras haber finalizado su período en la junta directiva, los agremiados a APES volvieron a confiar en su talante y aptitudes y le confiaron de nuevo la dirección de la asociación. En este segundo período al frente de la más grande gremial de comunicadores, Cárcamo sigue dispuesta, afirma, a seguir denunciando los atropellos a los periodistas, medios o libre expresión, vengan de donde vengan. A continuación lo conversado con El Diario de Hoy.
¿Cómo afronta esta segunda etapa en la presidencia de la APES?
Cuando yo asumí la presidencia de APES recién había entrado al Ejecutivo el presidente Nayib Bukele. Cuando se creó el centro de monitoreo de periodistas, allá por 2018, veíamos como las principales agresiones a la prensa venían más de las pandillas. Y es bastante preocupante cómo ahora en 2022 la entidad que más atenta contra la prensa es el propio estado salvadoreño. Y no me refiero solo a una entidad del gobierno sino a todo el estado.
Tenemos a un presidente cuyo gobierno mantiene una narrativa de odio hacia la labor periodística, sobre todo a quienes hacen periodismo de investigación a profundidad y que ha calado, desgraciadamente, ese discurso de odio en varios sectores de la población.
Tenemos una Asamblea Legislativa que promueve reformas para generar acciones mordaza contra la prensa, como las que hicieron al Código Penal para castigar con cárcel las publicaciones cuyo contenido sea referente a pandillas, por ejemplo.
Tenemos un órgano judicial que el año pasado que a colegas como Gato Encerrado o Factum los amenazaba de no publicar ciertos contenidos, porque supuestamente afectaban algunas investigaciones que se estaban dando en el ámbito judicial.
Es muy preocupante el escenario: en un Estado democrático, lo ideal es promover la defensa de un derecho tan importante como es la libertad de expresión y lo que deriva del ejercicio del periodismo. Pero en El Salvador estamos viendo lo contrario y no hay apertura al diálogo de estas entidades para poder subsanar estos entornos. Tanto así que en la última audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no hubo representación del Estado salvadoreño para hablar sobre lo que está pasando con el régimen de excepción o de las detenciones arbitrarias.
Es preocupante porque desde dentro atenta contra la prensa y no da la cara en instancias internacionales para poder responder.
De hecho, la CIDH en su momento ha reiterado la invitación de la Relatoría de Libertad de Expresión a que se haga una visita académica para conocer la situación del país pero el estado no ha tenido a bien poder invitar a esta relatoría.
Es un escenario complejo que puede seguirse acelerando porque 2023 entra a un año preelectoral y lógicamente 2024 es electoral, será un escenario bastante complejo para quienes hacemos periodismo si se le quiere llamar independiente, pero yo diría a quienes hacemos periodismo.
Habla de un momento complicado, antes de vacaciones agostinas, la UCA establecía un aumento de 184% de aumento de agresiones a periodistas…
Los datos que maneja la UCA no son diferentes a los que maneja el centro de monitoreo de la APES. En 2018, el último año del presidente Salvador Sánchez Cerén, registramos 65 vulneraciones a la prensa y la mayoría eran generados por grupos delincuenciales.
El año pasado cerramos con 219 vulneraciones que en su mayoría provenían del Estado. Solo para ver el nivel de las afectaciones.
Lo divulgado por la UCA va en consonancia con los registros de la APES.
Sin contar con los subregistros que debe de haber de los colegas que no denuncian por temor a lo que les pueda pasar o logramos dar abasto con las situaciones que ocurren en el interior del país.
Es bastante preocupante y como reitero no hay desde el Estado garantías para la protección. De hecho, antes que me retirara de la presidencia el año pasado era bien complicado que colegas presentaran denuncias a la Fiscalía porque no hay confianza. Una Fiscalía que está siendo dirigida por una persona que fue impuesta. No hay confianza de colocar ante un requerimiento. Es complicado el escenario.
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Sin embargo, debo decir que la APES debe promover mecanismos en esas instancias para que quede al menos un precedente de que estamos tratando de activar esos mecanismos que no actúan pues lógicamente nos vamos a instancias internacionales.
Creo que lo que nos va a tocar a la próxima junta directiva de APES en los próximos años es eso: uno, seguir tratando de hacer a las instituciones a que actúen y ante el silencio cómplice de las instituciones activar por ejemplo el sistema interamericano. No yo descarto esa posibilidad.
¿Cómo piensa afrontar entonces este panorama?
Activar organismos internacionales. Pero esto va a ir acompañado de otros procesos de forma holística si le queremos llamar. Por ejemplo, hay que asegurar el tema de los protocolos de atención a periodistas.
En esta gestión han apoyado a alrededor de cinco colegas que se han visto obligados a salir del país por amenazas ante publicaciones que han realizado. Esto requiere protocolos más efectivos. Eso requiere tanto de un presupuesto, como la coordinación con otras instituciones especializadas de protección a periodistas como Reporteros sin Fronteras, la Asociación de Protección a Periodistas, etc.
A nivel institucional seguir fortaleciendo la Asociación. Estamos tratando de conocer experiencias de otros países que han enfrentado una situación similar como Nicaragua porque no descartamos por nuestra figura e incidencia que en algún momento nos quieran quitar la representación legal o que quieran quitar la figura legal de la APES como intento de botar nuestro trabajo.
También el tema de generar los procesos hacia las mujeres periodistas. A inicios de este año la fundación para el Debido Proceso, DPL, emitió un informe que retoma insumos de un informe que emitió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 2018, sobre el entorno de las primeras mujeres periodistas que es bastante adverso, que no ha cambiado y que requiere acciones de trabajo para evitar que las compañeras sigan siendo vulnerables. Es un trabajo arduo que se viene.
Menciona el tema de las leyes, ¿tienen en al radar más leyes para restringir el trabajo periodístico?
No descartamos que puedan promover. Que lo hagan en este momento no hemos identificado reformas legales.
Hay amenazas latentes por ejemplo la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros que puede afectar por ejemplo en el caso de la APES su labor porque puede criminalizar las acciones de las asociaciones sin fines de lucro.
Más bien es la ausencia de la aplicación de leyes es lo que está pasando en este momento, por ejemplo, veamos el tema de la Ley de Acceso a la Información Pública. Prácticamente existe, pero desgraciadamente en los últimos años los comisionados que están al frente del Instituto no está atendiendo de forma oportuna más bien pareciera que son cómplices de lo que está sucediendo.
Veía una nota en donde mencionaban que en materia de acceso a la información todo está bien. Yo pongo en duda esas declaraciones del comisionado presidente.
Más bien a mi gustaría que los comisionados dieran declaraciones y conferencias de prensa en el último año no recuerdo que el Instituto haya hecho una conferencia en donde transparentemente inviten a los medios y se abra el diálogo para poder ver el trabajo que está haciendo el Instituto.
Hay que tener cuidado con las reformas que se prevé a la Constitución, hay que darle seguimiento a lo que esté pasando en este proceso. Al menos el vicepresidente (Félix) Ulloa ha dado declaraciones bastante preocupantes, por ejemplo, se dio un conversatorio donde mencionaba que iba a proponer temas como la colegiación, si bien la colegiación no está mal, es opcional pero no puede ser impuesta. De hecho ya hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habla precisamente de que la colegiación no puede ser obligatoria, la colegiación gremial.