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Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen siendo los puntos más críticos en la región en materia de libertad para informar, declaró el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana (SIP), Carlos Jornet.
Durante la reunión de medio año del organismo continental, Jornet señaló que en Nicaragua el régimen que encabezan Ortega y su esposa Rosario Murillo intensificó sus ataques contra toda disidencia. Para ello, incrementó la cantidad de presos políticos, la cancelación de organizaciones no gubernamentales, el robo de propiedades y la censura.
Y no sólo deportó a 222 presos políticos, sino que les quitó la nacionalidad y los privó de propiedades y derechos, al igual que a otras 94 personas (10 de ellas periodistas) que continúan detenidas en el país. Fue una suerte de "muerte civil", figura que se remonta a la antigua Grecia y que fue aplicada por el nazismo luego de que fuera abolida por la mayoría de los países en el siglo 19 o comienzos del 20.
Por ello, explicó el directivo y director de La Voz del Interior, por las violaciones sistemáticas de derechos humanos y otros hechos de crueldad extrema con los opositores, se acusa al régimen orteguista de "crímenes de lesa humanidad".
También reseñó que en Venezuela son rutinarias la agresión física a periodistas y el cierre y la confiscación de medios. Desde nuestra asamblea de octubre, las frecuencias de 80 radios fueron reasignadas a personas cercanas al chavismo.
Son asimismo habituales el bloqueo de sitios de noticias, nacionales y extranjeros, las amenazas, los hostigamientos, los ataques a periodistas y directivos de medios.
En Cuba, se mantiene el bloqueo para acceder a internet, cada vez hay menos periodistas independientes, y quienes permanecen en el país sobreviven en precarias condiciones materiales y anímicas.
La represión a la prensa y a los activistas independientes continúa, y por ello hay más de un millar de presos políticos. Siguen en prisión dos comunicadores y se mantiene la prohibición de salir del país a nueve periodistas, entre ellos el vicepresidente regional de esta Comisión, Henry Constantin.
Bajan asesinatos de comunicadores pero persisten los ataques
Según el informe, un dato positivo en la región es que en este semestre disminuyó la cantidad de asesinatos de comunicadores. Registramos nueve casos, cuatro de ellos en Haití (además de cuatro secuestros, en un país que vive una aguda crisis política, económica y social) y uno en Colombia, Estados Unidos, Paraguay, Honduras y Guatemala, respectivamente.
En México –país hasta ahora considerado uno de los más riesgoso del mundo para el ejercicio de la actividad– no se registró desde octubre ninguna muerte violenta, aunque prosiguen las intimidaciones y hechos violentos, en especial en zonas de alta criminalidad.
Jornet dijo que el presidente Andrés López Obrador y funcionarios federales y estaduales siguen denostando a quien se atreve a cuestionar al gobierno, por lo que subsiste el riesgo de que el crimen organizado asesine a quienes denuncian su accionar y sus vínculos con la política.
El Salvador no se queda atrás
“El salvadoreño Nayib Bukele recorre el mismo camino de estigmatizar a la prensa aunque exhibe como logro que no hay medios cerrados en su país. Sin embargo, con el pretexto de terminar con las pandillas, Bukele apela al régimen de excepción para perseguir a la prensa independiente y realizar contra ella ataques cibernéticos, ahogo financiero y espionaje, lo que se traduce en el exilio de reporteros y la radicación de medios críticos en el exterior”, subrayó.
El medio digital El Faro trasladó sus oficinas a Costa Rica debido a la persecución gubernamental, y Canal 33 cesó sus operaciones por igual motivo, agregó.
También en Guatemala, el gobierno de Alejandro Giammattei sigue degradando el entorno para las libertades de expresión y de prensa. No conforme con mantener en prisión al miembro de nuestra Junta de Directores José Rubén Zamora en una causa impulsada con artimañas por el Ministerio Público, se ordenó investigar por presunta "obstrucción a la justicia" a seis periodistas y dos columnistas del diario de su propiedad, elPeriódico –entre ellos al expresidente de la SIP Gonzalo Marroquín– , y todos debieron emigrar para evitar ser encarcelados sin debido proceso.
Atentados y secuestros
Jornet explicó que la situación es asimismo crecientemente compleja en Ecuador, donde se registraron atentados y secuestros contra periodistas y medios, y se denuncia obstrucción al trabajo periodístico, ciberacoso y ciberataques, agresiones verbales, censura, hostigamiento, estigmatización, robo o eliminación de materiales de trabajo y daños a la propiedad.
Según el informe, agresiones de funcionarios a la prensa, acoso judicial y administrativo, violencia contra quienes informan de desórdenes sociales fueron también registrados en Perú, país que se considera está en su peor momento desde el retorno de la democracia en el año 2000. Problemas similares enfrentan, en mayor o menor grado, periodistas y medios de Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Paraguay, Ecuador y la Argentina. En estos tres últimos países, crece la preocupación por el avance narco, en especial en la ciudad de Rosario, uno de los centros urbanos más poblados de la Argentina.
Merece ser resaltada la presentación en Chile de dos proyectos de protección estatal a periodistas, sobre la base del modelo de Unesco.
Hechos para destacar
Igualmente, son valorables la condena en Perú al exmilitar, excongresista y excandidato presidencial Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, en 1988; la sentencia de la Corte Interamericana que considera al Estado paraguayo responsable de violar los derechos humanos en el caso del homicidio de Santiago Leguizamón, en 1991, y el fallo del Comité de Derechos Humanos de la ONU que responsabiliza al Estado ecuatoriano por violar los derechos humanos a la libre expresión y a la protección judicial en la causa contra periodistas, directivos y accionistas del diario El Universo.
Por último destaca que el presidente dominicano Luis Abinader emplazó a organismos del Estado a cumplir con la Ley de Acceso a la Información. Las trabas para obtener datos en manos de los estados siguen siendo un problema generalizado en el continente. Hay países que lograron avances en la materia, pero nunca faltan funcionarios que hacen su interpretación de leyes y decretos, para mantener ocultos datos que deberían ser transparentes y accesibles gracias a nuevos avances tecnológicos.
"En los últimos años hemos visto surgir una nueva generación de periodistas comprometidos con la defensa de la libertad de prensa y la búsqueda de la verdad. Además, el avance de la tecnología ha abierto nuevas posibilidades para el periodismo independiente y colaborativo, lo que permite que voces antes marginadas tengan una plataforma para ser escuchadas", enfatizó.
"También hemos visto –afirmó– a organizaciones y ciudadanos comprometidos en la lucha contra la censura y el control de la información, lo que demuestra que la sociedad está dispuesta a defender sus derechos".