Leyes de datos y ciberseguridad abren riesgo contra la prensa y críticos

A un mes que fueron aprobadas la Ley para la Protección de Datos Personales y la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información, persiste la preocupación de que sean utilizadas para afectar el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en el país.

El jueves Human Rights Watch (HRW) señaló la amenaza a la libertad de prensa y a la privacidad que implican dichos cuerpos normativos y que incluso puedan utilizarse para eliminar publicaciones en línea que sean críticas del gobierno "con el pretexto de estar protegiendo datos personales".

La Ley de Ciberseguridad crea la Agencia de Ciberseguridad Estatal (ACE) y es la instancia rectora en ambas leyes, con facultades para intervenir directamente a los medios de comunicaciones y la prensa.

"Los medios tendrán que nombrar un delegado para atender peticiones de información y esas peticiones pueden venir de exfuncionarios o mandaderos de políticos interesados en bloquear información relevante sobre ellos", señaló Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

Agrega que una persona puede hacer distintas peticiones de datos a un medio de comunicación. "Esto da pie a que políticos investigados en tramas de corrupción la usen para identificar fuentes sensibles de una investigación periodística, hasta llegar a datasets de uso interno de un periodista", expuso.

Enfatiza que la ACE podrá determinar qué dato es clasificado y qué información puede cancelarse, rectificarse o eliminarse.

"En un país con instituciones autónomas y Estado de Derecho, no asustaría a nadie, pero El Salvador no cuenta con seguridad jurídica ya que absolutamente todo está controlado por el presidente Bukele y su familia", dijo.

Para el analista Ramiro Navas, se trata de una herramienta diseñada para restringir la libertad de expresión y de prensa.

"Es claro que va dirigido para el periodismo, porque el periodismo ha sido bastante incisivo en señalar casos de corrupción del gobierno, en revelar incluso cuáles son las líneas que el oficialismo ha seguido para su proyecto de cooptación del Estado", expresó.

Considera que también se puede usar en contra de activistas o voces críticas al gobierno. "Forma parte de este gran esquema de cooptación de las instituciones, forma parte de una monstruosa maquinaria, por un lado, de propaganda; pero luego de intimidación que busca tapar cualquier fuga de información que pueda darse para revelar los casos de corrupción del gobierno", valoró.

"Estas leyes van a venir nada más a formalizar una práctica que ya se ha hecho presente en el oficialismo desde el principio, desde sus primeras semanas de gestión, que es este acoso y esta intimidación contra las voces disidentes", dijo Navas.

Francisco Parada, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), también advierte las facultades de la instancia vigilante de la información que se publique, con capacidad de clasificarla en amenazas e incluso, posiblemente, ordenar clausurar o sancionar plataformas que divulguen algún tipo de información.

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"Prácticamente, con la aplicación de esta ley, las cuentas y periódicos oficiales tendrán el monopolio de la información pública y que será tomada como cierta; mientras que otros medios corren el peligro de ser sancionados por el Estado debido a la restricción de información que el mismo Estado ofrece", expuso Parada.

"En un país donde el acceso a la información pública cada vez ha sido más restringida y limitada, mucha de la información que obtiene la población es la que hacen las investigaciones periodísticas, que por el limitado alcance debido a la restricción mencionada muchas veces pueden ser planteamientos de hipótesis; pero esto incluso podría convertirse ya en una limitante para el ejercicio de la profesión", dijo Parada.

Ambigüedad en texto

Jessica Estrada, directora de Transparencia e Integridad de FUNDE, dijo que es importante garantizar la protección de datos personales y contar con lineamientos claros en ciberseguridad; pero que en las nuevas leyes se identifican algunos elementos que presentan ambigüedad y que se apliquen de forma discrecional.

"Por tanto, sí es posible que estas leyes afecten de la libertad de expresión y, por tanto, la labor de periodistas y de organizaciones de sociedad civil", dijo.

Expuso que la faculta de la ACE para "controlar, inspeccionar y supervisar", lo que puede propiciar interferencias en el trabajo de periodistas y las organizaciones de sociedad civil o que se incremente la censura o se motive la autocensura.

Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, opinó que resulta problemático cuando una ley recurre a términos muy abiertos.

"El tema del comportamiento de este gobierno, que puede usar esta herramienta de forma indebida para afectar a la ciudadanía, afectar a la prensa y resguardar, digamos, a aquellas personas que pudieron haberse visto involucrados en actos ilícitos", enfatizó.

De ahí que las organizaciones observen los riesgos en la afectación de derechos de expresión y de acceso a la información.