Con la explotación de la minería metálica los recursos económicos se usarían para "recuperar nuestros ríos, en recuperar nuestros lagos, recuperar nuestros bosques, reforestar", aseguro el presidente Nayib Bukele cuando anunció que derogarían la ley que la prohibió; sin embargo, el decreto de la nueva Ley General de Minería no contempla ninguna disposición u obligatoriedad de que los beneficios económicos que se obtengan vayan a destinarse a la restauración del medio ambiente o a proyectos sociales.
Fue el 5 diciembre de 2024 que Bukele afirmó que podrían utilizar los recursos que se obtengan para fines ambientales; pero la ley que aprobó Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, 18 días después, no dice en ninguno de sus artículos que el destino de los recursos o las ganancias obtenidas será para mejorar las condiciones ambientales del país ni tampoco para proyectos de desarrollo social, como lo aseguraron diputados oficialistas en la plenaria que se discutió la ley.
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"Esta ley no dice nada del impacto ambiental, no dice nada en el tema de seguridad, se lo están dejando al manual y a lo que pueda decidir el privado", dijo Cesia Rivas, diputada suplente de Vamos.
Calificó la ley de "antipueblo" y que el interés principal era derogar la prohibición de la minería metálica y no hacer una ley funcional que pensara en el medio ambiente y la persona humana.
"Es lamentable cómo el interés económico está sobre el interés de las vidas de los salvadoreños",
Cesia Rivas, diputada de Vamos
Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), dijo que la actividad minera es eminentemente económica, pero para el desarrollo social lo sigue invirtiendo el Estado.
"Incluso cuando las empresas mineras se van no asumen el daño que han causado y eso también tiene que resolverlo el Estado. Entonces, efectivamente, nada garantiza de que el dinero producto de la minería metálica va a ser para salud, para educación, para sanear o limpiar los ríos en el país de la contaminación que ya tienen", expresó González.
Y que el discurso del gobierno de limpiar los ríos con las ganancias de la minería es una "promesa" que puede o no cumplirse.
La anterior ley minera, que se derogó con la prohibición de la minería en 2017, hablaba de regalías para el Estado y el gobierno local, pero la nueva ley no lo contempla.
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"Aunque sea una visión economicista, nada justifica el desarrollo de la minería metálica, es decir, la ley que se prohibió hace más de siete años hablaba de este 2 % de impuestos, un 1 % al gobierno central y un 1 % a las municipalidades; pero no es determinante", afirmó.
"El tema de la comercialización para el desarrollo, está demostrado de que cualquier país donde se desarrolla minería esto no se invierte para beneficiar a las clases más pobres",
Luis González, UNES
El decreto aprobado pretende regular las actividades del ciclo minero, incluyendo la comercialización, y establece que el Estado será el único autorizado para explorar, explotar, extraer y procesar las riquezas naturales del país, producto de la minería metálica.
"En esta cultura de opacidad que tiene el actual gobierno, yo quisiera que se comprometieran a decir cuánto va a obtener el gobierno, qué porcentaje le va a dejar la mina y cuánto de eso se va a invertir en el país. Pero dada la cultura de opacidad va a ser difícil que lo digan, a lo mejor reservan esos datos", dijo Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
La única parte del decreto en que se habla de la situación económica del país es en el considerando tercero, que dice que "resulta imperante que el Estado haga uso racional de las riquezas con las que cuenta el territorio y los ponga en función de mejorar la calidad de vida de la población en general".
"Va a pasar lo mismo con la ley bitcoin. La ley bitcoin dijo que iba para la sociedad, que iba para hacer un montón de cosas, lleva la misma línea. No se sabe y no se va a saber si eso realmente se va a cumplir", dijo la abogada Roxana Cardona, de la organización Justicia Social y Contraloría Ciudadana.
Riesgo ambiental
Enfatizan que El Salvador no tiene las condiciones para la minería metálica. "Aunque en los considerandos de la ley habla de la función social que tiene la actividad minera, ya en el contenido de la misma no hace ninguna referencia a pasos ni a medidas ni a porcentajes concretos, ni siquiera a destinar parte de los recursos que se obtengan a la función social. Eso no está", dijo Serrano.
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"Las sanciones por contaminación o violación son irrelevantes, con respecto a cualquier derrame o fuga de drenaje ácido de la mina", añadió.
"Pero los grandes perdedores es la población en general, desde los trabajadores que quedan padeciendo enfermedades hasta las comunidades de alrededor que en muchos lugares se tienen que ir porque queda un territorio no apto para la agricultura y los que se enferman también",
Omar Serrano, vicerrector Proyección Social UCA
Será la Dirección de Minas la entidad que determinará las zonas que no sean compatibles con la minería, como áreas urbanas de distritos y municipios; pero la ley le da la posibilidad de autorizar minería aún en esas zonas. El reglamento de la ley será emitido en el plazo de un año.
Participación accionaria
La ley faculta que el Estado realice actividades mineras por medio de instituciones "o a través de sociedades en la que posea participación accionaria y de economía mixta". Pero tampoco especifica si será accionista mayoritario.
"El Estado puede tener el 1% de participación. El requisito es que participe, pero con el 1% puede ser. Y normalmente en la extracción minera metálica las ganancias se las llevas las empresas, aquí no queda nada y lo que queda se lo agarran ello", dijo Benjamín Cuéllar, de la organización Vidas.
Además, el gobierno y las sociedades en las que participe podrán tener concesiones para actividades mineras sin pasar por la Asamblea Legislativa, evadiendo el mandato del artículo 120 de la Constitución.
"No vamos a saber por cuánto tiempo es la concesión, laboralmente cómo está y todas las cuestiones jurídicas que va a conllevar estos contratos",
Roxana Cardona, Justicia Social y Contraloría Ciudadana
Patricio Pineda, de la Mesa de trabajo por una pensión digna, señaló que el Estado no tiene los equipos para las actividades mineras.
"Toca que venga una empresa extranjera y haga un duopolio con el Estado salvadoreño. Lo que indica que el repartimiento de las ganancias, que no está bien claro en el texto de la ley, se va a desarrollar vía reglamentaria o como ha sucedido en muchos otros casos, como el caso de la DOM, que se va a declarar bajo reserva", señaló.
Agregó que se le da mucha discrecionalidad reglamentaria al órgano Ejecutivo y que difícilmente las comunidades tendrán participación.
Estas organizaciones presentaron este jueves los resultados de una encuesta sobre minería metálica, que reveló que nueve de cada diez personas considera que la minería metálica no mejorará la situación económica del país y que las ganancias no se quedarán en el país.
Piden que el gobierno desista de implementar la minería y vete el decreto de la ley.