La organización estadounidense de derechos humanos Robert F. Kennedy (RFK) Human Rights, Cristosal, el Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS) y Socorro Jurídico señalaron que la Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada por el gobierno de Donald Trump para deportar a migrantes a una prisión salvadoreña, es la versión del régimen de excepción que existe en El Salvador.
“El presidente de los Estados Unidos lo ha hecho siguiendo el mismo guión que (Nayib) Bukele, ha utilizado contra su propio pueblo la etiqueta de terroristas, de miembros de bandas, sin ninguna prueba y sin ningún atisbo de debido proceso”, dijo Kerry Kennedy, presidenta del RFK e hija del exsenador Robert Kennedy.
Expresó en una conferencia de prensa este lunes que vinieron al país para tratar de tener contacto con diez venezolanos deportados y detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), a quienes representan a petición de los familias, pero no les dieron acceso.
Además, conocieron testimonios de casos de personas privadas en el régimen de excepción cuyos derecho no han sido respetados, lo que considera que es una de las razones por las cuales Trump hizo su alianza con el presidente salvadoreño.
“Su único delito parece ser que son pobres y vulnerables. Probablemente por ello, la administración Trump decidió pactar con el presidente Bukele el envío de migrantes a El Salvador, donde pueden ser llevados al margen de la protección de la ley”, expresó.
La abogada para América Latina del RFK, Isabel Carlota Roby, dijo que actualmente hay una coalición de organizaciones internacionales que representan a distintos clientes venezolanos y realizan diligencias a nivel internacional y a nivel local. Iniciaron con presentación de hábeas corpus (amparos).
Agregó que han pedido acceso por medio de los canales oficiales a la Presidencia, a la Vicepresidencia y a la Cancillería de la República y no obtuvieron acceso.
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“Desde nuestro punto de vista como organización de derechos humanos estamos sosteniendo que nuestros clientes son personas que se mantienen en desaparición forzada hasta tanto no se les dé acceso efectivo a sus abogadas”, afirmó.
También trataron de conocer las condiciones del salvadoreño que fue deportado Kilmar Ábrego García.
Leslie Schuld, directora del CIS, señaló que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) no se ha pronunciado en los últimos tres años por las violaciones a derechos, incluidos casos de lesa humanidad.
“Ahora Estados Unidos tiene régimen de excepción, en un país con 250 años de un país democrático en la defensa de derechos humanos. Lamentamos que (ley) enemigos extranjeros, conocida como Alien Enemies Act en Estados Unidos de 1798 es el nuevo régimen de excepción en Estados Unidos”, expuso.
Ambas organizaciones señalan que el gobierno de EE.UU. detiene a cientos de migrantes y que, al igual que en El Salvador, la gran mayoría son personas sin vínculos con pandillas ni antecedentes criminales.
“Suspenden el debido proceso, el mismo régimen de excepción y el Enemies Act suspenden la presunción de inocencia y ahora Estados Unidos envía migrantes al CECOT”, añadió Schuld.
Agregó que otra similitud de las detenciones en EE.UU y El Salvador es que las personas tienen tatuajes, aunque sean artísticos.
Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, indicó que la política migratoria del gobierno estadounidense es de “terror” dirigida a la comunidad migrante, sin la posibilidad del debido proceso.
“Y el gobierno de El Salvador ha asumido un rol de ejecutor, de la parte coercitiva de una campaña de terror en contra de la población migrante en EE.UU.”, manifestó.
Critica humillación a familiares
En su visita, Kennedy y su equipo fueron a los alrededores del Centro penitenciario La Esperanza, conocido como Mariona, donde pudieron ver las filas y dificultades que pasan familiares de detenidos para poder dejar los paquetes de alimentos y otros productos básicos que el mismo gobierno debería proporcionarles.

"Te da esta sensación de tremenda humillación. ¿Por qué tienen que hacer esto, por qué tratar a las personas con tanto desdén?", cuestionó Kennedy.
También hablaron con algunas de las personas que estuvieron detenidas y relataron los malos tratos y violación a sus derechos que sufrieron, como no tener alimentación adecuada, sin acceso a su familia ni a sus abogados. Además del hacinamiento, ya que había 250 personas en celdas para 50.
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Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico Humanitario, dijo que han registrado 393 muertes de personas detenidas en las diferentes cárceles del país.
"Le hemos dado a conocer las graves violaciones de derechos humanos en todo el sistema penitenciario de El Salvador, mismo que se quiere ahora vender al mundo como un modelo, pero que la realidad dice todo lo contrario", expresó.
Llega PNC
Durante la conferencia de prensa, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron a las instalaciones de Cristosal y habrían tomado fotografías del parqueo interno. "Estamos en propiedad privada ejerciendo la libertad de expresión y la libertad de prensa, no hemos invitado o pedido acompañamiento policial", dijo Bullock.
El equipo legal de la organización consultó el motivo de su llegada. Posteriormente, los agentes se retiraron.
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